Resumen de noticias para el jueves 4 de julio de 2019
P. Rico-Corporación Sanos lanza campaña “Alto a la sobredosis: Escoge la vida”, ante los cerca de 44,000 usuarios problemáticos de heroína y otros opioides en la Isla
Caguas, 4 jul (INS).- La corporación Sanos lanzó la campaña de orientación “Alto a la sobredosis: Escoge la Vida”, con la que busca prevenir las sobredosis, que han provocado un aumento en muertes entre usuarios de opiáceos.
La campaña orienta a la comunidad qué hacer si encuentra un paciente con sobredosis y la importancia en estos casos del fármaco Naloxona.
“Esta campaña está dirigida a la población de consumidores de opiáceos y a la comunidad en general porque cualquiera se puede encontrar con alguien que está experimentando una sobredosis y si los asistimos adecuadamente no tienen por qué morir”, explicó Luis Román, psicólogo y director de Salud Mental de Corporación Sanos en Caguas.
La campaña comienza en julio con orientaciones a los pacientes en la sala de espera de la corporación Sanos, a cargo del educador par en salud Martín Lina.
Luego se coordinará con otras organizaciones que brindan servicios a poblaciones vulnerable para llevar la orientación a las comunidades de Caguas, informó Román.
La orientación informa cuáles son los síntomas de una sobredosis: dificultad respiratoria, uñas moradas, el cuerpo queda sin fuerza, pulsaciones del corazón alteradas, pérdida de conciencia y la persona no responde a ningún estímulo.
Se incluye orientación sobre el fármaco Naloxona, que es un fármaco que tiene el potencial de salvar vida, diseñado para revertir los efectos de las sobredosis por consumo de opiáceos recetados o heroína.
Actualmente se estima que hay unos 44,000 usuarios problemáticos de heroína y otros opioides en Puerto Rico, señaló el portavoz de la organización.
Aunque no hay cifras oficiales de cuántas muertes por sobredosis ocurren en la Isla, los profesionales de la salud que trabajan en las comunidades han identificado un notable aumento en las mismas, que atribuyen a la droga contaminada con fentanilo, un opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína.INS
P. Rico-Seguridad Nacional extiende su brazo persecutorio contra inmigrantes a la Isla
San Juan, 4 jul (INS).- Como parte de la política en contra de los inmigrantes latinoamericanos del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (Uscis, siglas en inglés) en Puerto Rico ha instrumentado la detención de extranjeros, para su eventual deportación, a pesar de estar en el proceso de regularizar su estatus inmigratorio, que conlleva el pago de 535.00 dólares por la persona peticionaria.
La licenciada María del Rosario García Miranda, presidenta del capítulo puertorriqueño de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), explicó a la agencia Inter News Service (INS) que mediante este esquema, que complica y encarece los trámites para los extranjeros, se ha puesto en marcha en la Isla la política de “cero tolerancia a la inmigración ilegal” de Trump, dirigida en particular hacia los latinoamericanos.
“Cuando la persona concurre a las instalaciones Uscis en San Juan, como parte del proceso de peticiones de familiares, son inmediatamente detenidos o referidos a la oficina de deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), iniciando los procedimientos de remoción en su contra”, explicó.
La abogada, especializada en casos de inmigración, dijo que al iniciarse ese proceso de remoción se entorpecen las oportunidades de legalización autorizadas por la propia agencia federal para que estas personas regulen su estatus migratorio en Estados Unidos.
La licenciada García Miranda, quien ofreció una rueda de prensa junto a sus colegas Julie Cruz Santana, presidenta de la Comisión de Derechos de Inmigrantes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (Caapr), y Viviana Díaz Saviñón, manifestó a la agencia INS que personal del Departamento de Transportación y Obra Públicas (DTOP) se ha prestador, contrario a la ley, a delatar a inmigrantes en proceso de regularizar su estatus.
Este es el caso de la funcionaria Verónica Cacho, del Centro de Servicios al Conductor (Cesco) en Bayamón, quien hace dos semanas denunció a un ciudadano venezolano que estaba tramitando la licencia especial que otorga el DTOP para aquellas personas radicadas en la Isla que no han regularizado su situación migratoria.
Aunque en este caso el venezolano había sido peticionado por su esposa, la acción de la funcionaria del gobierno puertorriqueño le obliga a gastar más en representación legal y a presentarse cada mes ante las autoridades federales, entorpeciendo de ese modo las oportunidades de legalización autorizadas para que estas personas regulen su estatus migratorio en Estados Unidos y sus territorios.
También se expuso el caso de la dominicana Librada Núñez, quien fue detenida cuando esperaba en el Muelle Panamericano, en San Juan, la llegada de un familiar en el ferry, interrogada y puesta en procedimientos de deportación por agentes de CBP.
La licenciada García Miranda explicó que, por la proximidad geográfica y el vínculo histórico con Puerto Rico, la mayoría de los inmigrantes afectados proceden de la República Dominicana.
“Es preocupante que la agencia recurra a prácticas engañosas conocidas en inglés como ‘bait-and-switch’, cuando estas personas han confiado en el proceso establecido en ley”, dijo la licenciada Cruz Santana.
La presidenta de la Comisión de Derechos de Inmigrantes del Caapr, destacó que “igualmente, preocupante es que oficiales estatales funjan como una extensión del DHS sin autoridad para ello”.
En tanto, la licenciada Díaz Saviñón alertó sobre las actuaciones coordinadas entre las dependencias de DHS, incluyendo el servicio de inmigración, el departamento de deportaciones, la unidad de investigaciones, la Guardia Costanera y la Patrulla de Aduanas y Fronteras, que están cooperando para identificar, detener y remover a los inmigrantes.
“Estas actuaciones inciden en la pérdida de confianza del público y las personas a quiénes el Servicio de Inmigración está supuesto a servir”, destacó Díaz Saviñón, al sostener junto a sus colegas que estas acciones crean pánico y miedo entre las personas que sólo buscan reglamentar su situación migratoria, de acuerdo con las leyes, reglamentos y procesos establecidos.
Las letradas concluyeron que en la mayoría de los casos, estas prácticas provocan la separación indefinida de los detenidos de su núcleo de apoyo familiar, social y económico, lo que se agrava cuando el extranjero es trasladado a cárceles en los Estados Unidos continentales, lo cual encarece los costos de representación, dificultando la prestación de fianzas y presentación de evidencia y testigos de defensa, aparte de violar el debido proceso de ley.
También detallaron las múltiples vertientes y modalidades que utiliza el DHS para implementar esta política, incluyendo actividades por parte de las agencias estatales.
En atención a estos señalamientos, el Capítulo de Puerto Rico de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) afirmó haber recibido ya una querella en sus oficinas por uno de los extranjeros afectados.
“Conforme a ello, contemplamos iniciar las acciones judiciales correspondientes tal y como lo han hecho en otros estados por actuaciones similares del gobierno en contra de los inmigrantes”, dijo su portavoz, la licenciada Mayte Bayolo. INS
P. Rico-Critican que en medio de crisis política gobernador viaje a final del Mundial de Fútbol Femenino en Francia
San Juan, 4 jul (INS).- El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) acusó que los viajes del gobernador Ricardo Rosselló Nevares responden a una “estrategia” para seguir “encubriendo la corrupción” de su gobierno.
Según la portavoz de MVC, Ana Irma Rivera Lassén, comentó que “de esa forma el gobernador pretende evadir su responsabilidad sobre los escándalos que siguen surgiendo en su administración”. Las expresiones de la vocera surgen cuando se conoce que el mandatario se prepara para salir del país con destino a Francia, para asistir a la final del Mundial de Fútbol Femenino.
“En medio de la vorágine que han desatado las comparecencias a Fiscalía Federal, el despido de Raúl Maldonado, las declaraciones de su hijo y, recientemente, el audio filtrado donde se escucha al secretario de la Gobernación solicitar donativos de campaña en una reunión, el gobernador decidió montarse en un avión y abandonar nuevamente el país. Parecería que Rosselló busca ganar tiempo lejos del país para dejar que el asunto muera ante la opinión pública”, señaló-
Mientras, Rosa Seguí recordó que los viajes de Rosselló se producen “en medio de escándalos que cuestionan la integridad de su administración. Esta no es la primera vez que el gobernador intenta evadir su responsabilidad sobre un escándalo de corrupción de miembros de su gabinete.
Recordó que en medio de la controversia surgida por los contratos del hijo de Raúl Maldonado, que provocó la salida de Teresita Fuentes del Departamento de Hacienda, el 5 de febrero de este año, Rosselló Nevares abandonó el país rumbo a Washington.
Consignó que posteriormente, el pasado 2 de abril, en medio de las denuncias sobre los contratos que el bufete donde trabaja su hermano mantuvo con el Departamento de Educación, cuando se anunció que la exsecretaria Julia Keleher estaba en la mirilla federal por el contrato de Tus Valores Cuentan, el gobernador se marchó a Sevilla.INS
P. Rico-Gobernador firma orden ejecutiva para viabilizar reconstrucción de casas impactadas por huracanes Irma y María
Cataño, 4 jul (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la orden ejecutiva 2019-33, la cual requiere a la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec) la reparación provisional de casas impactadas por los huracanes Irma y María, particularmente aquellas que aún no tienen techo y poseen un toldo azul, las que suman cerca de 30 mil.
La orden ejecutiva busca eliminar la burocracia y simplificar los procesos para la obtención de permisos y reconstrucción temporera, a fin de facilitar los trabajos y que puedan llevarse a cabo con celeridad.
Se informó que los casos se evaluarán individualmente para determinar el costo de los trabajos de reparación provisional en cada casa.
Las casas deberán ser certificadas para confirmar que la estructura puede sostener el peso del techo que se instalará.
“Somos conscientes de lo traumático que puede ser la pérdida de un hogar o un techo, ya que deja a las familias afectadas en una situación vulnerable muy difícil de manejar. Por eso continuamos trabajando y movilizándonos para proveer un techo seguro y digno a cada familia”, expresó el primer ejecutivo.
El gobernador indicó también que “estamos buscando alternativas inmediatas y contamos con la ayuda y experiencia de peritos en la materia, para juntos evaluar cada caso y buscar que todas las familias puertorriqueñas cuenten con casas y techos que les protejan y brinden seguridad, en lo que se les puede proveer alternativas permanentes”.
El decreto reconoce la importancia de aunar esfuerzos entre el sector público y privado, así como de formar alianzas con todas las asociaciones, industrias, entidades sin fines de lucro, entidades académicas y colegios profesionales que puedan colaborar en esta iniciativa.
El director ejecutivo de Odsec, Jesús Vélez, señaló que es necesario proveer un remedio provisional a las familias cuyas casas quedaron afectadas parcialmente por el paso de los huracanes.
“El objetivo de esta orden ejecutiva es proveer seguridad y resguardo a nuestra gente, particularmente a aquellos que aún viven bajo un toldo azul. Nuestra meta es que cada familia puertorriqueña goce de un hogar seguro, fuerte y resiliente; y a esos efectos, todo el equipo de nuestro Gobierno se encuentra luchando duro. No obstante, en lo que se logra brindar alternativas permanentes a estas familias, es necesario tratar de sustituir los toldos azules por reparaciones que les brinden mayor seguridad”, manifestó el director ejecutivo.
Según informó Vélez, Odsec integrará a los residentes de las comunidades en el proyecto y los capacitará para que sean parte del esfuerzo, se involucren en la reconstrucción temporera de los hogares y adquieran sentido de pertenencia.INS
P. Rico-Sobrino Vega califica de “desafortunada” carta de la JSF sobre resolución conjunta de la Cámara 513
San Juan, 4 jul (INS).- El principal oficial financiero del gobierno y representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Christian Sobrino Vega, calificó de “desafortunada” una carta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) enviada al gobernador Ricardo Rosselló Nevares sobre resolución conjunta de la Cámara 513.
“La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico publicó una carta enviada el 2 de julio de 2019 aproximadamente a las 12:50 a.m. al Gobernador de Puerto Rico, al Presidente del Senado de Puerto Rico y al Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en donde expresa su preocupación por la Resolución Conjunta de la Cámara 513, recientemente aprobada en la Legislatura de Puerto Rico. Consideramos que esta comunicación es desafortunada tanto en sus declaraciones como en su aparente falta de apoyo para reembolsar alrededor de 1.4 mil millones en contribuciones de los empleados públicos en el marco del programa de jubilación del Sistema 2000”, dijo el funcionario.
Según Sobrino Vega, la medida es una ley simple que autoriza el depósito de 1.4 mil millones de fondos no asignados en la tesorería del estado en una cuenta fiduciaria, requiere que dichos fondos estén separados de todos los demás fondos del Gobierno de Puerto Rico u otras cuentas de fideicomiso de jubilación y exige que dichos fondos se mantengan en dicha cuenta de fideicomiso hasta que los términos y condiciones para su transferencia a participantes elegibles se establezcan de acuerdo con la ley aplicable.
Al respecto, el representante del gobierno ante la JSF señaló que el depósito de estas cuentas fiduciarias en las condiciones establecidas por la Junta de Retiro de Puerto Rico en virtud de la Ley 106 de 2017 garantizará la disponibilidad y protección de dichos fondos, así como una mayor tasa de rendimiento una vez que se invierta de manera responsable en los bonos del Tesoro emitidos por El gobierno de los Estados Unidos.
La resolución 513 también requiere que el director ejecutivo de la Junta de Retiro de Puerto Rico comience las operaciones necesarias de registro y auditoría para determinar y certificar los montos específicos aportados y adeudados a cada beneficiario del Sistema 2000, así como autoriza la contratación de personal y asesores para tal fin.
“Como hemos explicado anteriormente, este proceso requiere meses de trabajo y debe iniciarse lo antes posible”, advirtió.
Igualmente, dijo que “el ejercicio de los poderes legislativos a través de la aprobación de proyectos de ley es un sello distintivo de la forma republicana de gobierno y nos oponemos a que la Junta de Supervisión enturbie lo mismo como un mero ‘enfoque ad hoc’. Si bien es cierto que Promesa establece en su lenguaje que la Junta de Supervisión puede prevenir una legislación estatal inconsistente, la Junta de Supervisión no debe presumir que todas sus cartas o comunicados de prensa tengan el mismo efecto legal”.
A su vez, Sobrino Vega recordó que el gobierno de Puerto Rico ha expresado “su rechazo a cualquier potencial acuerdo que directa o indirectamente apoye un plan de ajuste que pudiera perjudicar las pensiones públicas. De igual forma, el gobierno de Puerto Rico también considera que es altamente inapropiado que la Junta de Supervisión pretenda tener el poder de negociar acuerdos de negociación colectiva cuando es el gobierno electo el que es reconocido como el patrono de empleados públicos y funcionarios bajo Puerto Rico y ley federal”.
“No obstante lo anterior, el gobierno de Puerto Rico siempre ha apoyado el reembolso de las contribuciones de los empleados públicos en el marco del programa de jubilación Sistema 2000. Por esta razón, el gobierno de Puerto Rico está ejerciendo, a través de la resolución 513, su autoridad gubernamental legítima para corregir la mala gestión gubernamental anterior de esos fondos sin ninguna condición adicional. Si la Junta de Supervisión desea apoyar sinceramente a los beneficiarios del Sistema 2000, debería revisar la resolución 513, reconocer que no hay incoherencia y respaldar el compromiso del Gobierno con este objetivo común”, sostuvo.INS
P. Rico-Indignados los alcaldes con la “jauja” de La Fortaleza y contratos de mantenimiento de escuelas
Cayey, 4 jul (INS).- Los alcaldes de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, y Coamo, Juan Carlos García Padilla, criticaron a la administración Rosselló Nevares después de que la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) asignaran cerca de un millón de dólares en contratos para dar mantenimiento a las escuelas previo al inicio de clases en agosto.
“Esta es otra muestra del desprecio de esta administración Rosselló contra los municipios. Nosotros hemos colaborado por años en el mantenimiento a las escuelas, usando los pocos recursos municipales y personal nuestro. Ahora resulta que aparece un millón entre la AEP y la AFI para los amigos y parientes del poder”, declaró Ortiz Velázquez.
Por su parte, García Padilla lamentó que las actuaciones de la administración Rosselló “le dan la razón al presidente Trump cuando apunta a que tenemos un gobierno corrupto en La Fortaleza”.
El alcalde de Coamo se refiere concretamente al caso de Josean Nazario Torres, quien a 20 días de comenzar a trabajar como ejecutivo en la AEP, la empresa de su cuñada, Elite General Contractors, “comenzó a tener jugosos contratos que alcanzaron los 913,980 dólares”.
El alcalde de Coamo indicó que “aquí vemos cómo se desprecia el trabajo que hacemos los alcaldes. Cuando no hay dinero somos los que sacamos la cara por las escuelas. Tenemos el personal, el equipo. Exhorto al Gobernador a que dé instrucciones que esos fondos vayan a los ayuntamientos y sean los municipios los que hagan ese tipo de trabajo, lo hacemos mejor y menos costoso”.
Según los reportes de prensa, se han otorgado al menos seis contratos a través de AFI para ofrecer servicios de mantenimiento a planteles bajo el programa ‘Renueva Tu Escuela’, que entró en vigor por una orden ejecutiva del gobernador Ricardo Rosselló.
“El pueblo está viendo con asombro e indignación, cómo por un lado se hacen monumentales recortes de fondos a los municipios, y por otro lado, a diario la prensa revela cómo la administración Rosselló hace fiesta con amigos y parientes”, manifestó Ortiz Velázquez. INS
ndc
Inter News Service Agencia de Noticias