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Las licenciadas María del Rosario García Miranda, Mayté Bayolo Alonso, Julie Cruz Santana y Viviana Díaz Saviñón ofrecieron una rueda de prensa para denunciar la persecución. Inter News Service
Por Nelson del Castillo
San Juan, 3 jul (INS).- Como parte de la política en contra de los inmigrantes latinoamericanos del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el Servicio de Inmigración y Naturalización de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés) en Puerto Rico ha instrumentado la detención de extranjeros, para su eventual deportación, a pesar de estar en el proceso de regularizar su estatus inmigratorio, que conlleva el pago de 535.00 dólares por la persona peticionaria.
La licenciada María del Rosario García Miranda, presidenta del capítulo puertorriqueño de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), explicó a la agencia Inter News Service (INS) que mediante este esquema, que complica y encarece los trámites para los extranjeros, se ha puesto en marcha en la Isla la política de “cero tolerancia a la inmigración ilegal” de Trump, dirigida en particular hacia los latinoamericanos.
“Cuando la persona concurre a las instalaciones USCIS en San Juan, como parte del proceso de peticiones de familiares, son inmediatamente detenidos o referidos a la oficina de deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), iniciando los procedimientos de remoción en su contra”, explicó.
La abogada, especializada en casos de inmigración, dijo que al iniciarse ese proceso de remoción se entorpecen las oportunidades de legalización autorizadas por la propia agencia federal para que estas personas regulen su estatus migratorio en Estados Unidos.
La licenciada García Miranda, quien ofreció una rueda de prensa junto a sus colegas Julie Cruz Santana, presidenta de la Comisión de Derechos de Inmigrantes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR), y Viviana Díaz Saviñón, manifestó a la agencia INS que personal del Departamento de Transportación y Obra Públicas (DTOP) se ha prestador, contrario a la ley, a delatar a inmigrantes en proceso de regularizar su estatus.
Este es el caso de la funcionaria Verónica Cacho, del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) en Bayamón, quien hace dos semanas denunció a un ciudadano venezolano que estaba tramitando la licencia especial que otorga el DTOP para aquellas personas radicadas en la Isla que no han regularizado su situación migratoria.
Aunque en este caso el venezolano había sido peticionado por su esposa, la acción de la funcionaria del gobierno puertorriqueño le obliga a gastar más en representación legal y a presentarse cada mes ante las autoridades federales, entorpeciendo de ese modo las oportunidades de legalización autorizadas para que estas personas regulen su estatus migratorio en Estados Unidos y sus territorios.
También se expuso el caso de la dominicana Librada Núñez, quien fue detenida cuando esperaba en el Muelle Panamericano, en San Juan, la llegada de un familiar en el ferry, interrogada y puesta en procedimientos de deportación por agentes de CBP.
La licenciada García Miranda explicó que, por la proximidad geográfica y el vinculo histórico con Puerto Rico, la mayoría de los inmigrantes afectados proceden de la República Dominicana.
“Es preocupante que la agencia recurra a prácticas engañosas conocidas en inglés como ‘bait-and-switch’, cuando estas personas han confiado en el proceso establecido en ley”, dijo la licenciada Cruz Santana.
La presidenta de la Comisión de Derechos de Inmigrantes del CAAPR, destacó que “igualmente, preocupante es que oficiales estatales funjan como una extensión del DHS sin autoridad para ello”.
En tanto, la licenciada Díaz Saviñón alertó sobre las actuaciones coordinadas entre las dependencias de DHS, incluyendo el servicio de inmigración, el departamento de deportaciones, la unidad de investigaciones, la Guardia Costanera y la Patrulla de Aduanas y Fronteras, que están cooperando para identificar, detener y remover a los inmigrantes.
“Estas actuaciones inciden en la pérdida de confianza del público y las personas a quiénes el Servicio de Inmigración está supuesto a servir”, destacó Díaz Saviñón, al sostener junto a sus colegas que estas acciones crean pánico y miedo entre las personas que sólo buscan reglamentar su situación migratoria, de acuerdo con las leyes, reglamentos y procesos establecidos.
Las letradas concluyeron que en la mayoría de los casos, estas prácticas provocan la separación indefinida de los detenidos de su núcleo de apoyo familiar, social y económico, lo que se agrava cuando el extranjero es trasladado a cárceles en los Estados Unidos continentales, lo cual encarece los costos de representación, dificultando la prestación de fianzas y presentación de evidencia y testigos de defensa, aparte de violar el debido proceso de ley.
También detallaron las múltiples vertientes y modalidades que utiliza el DHS para implementar esta política, incluyendo actividades por parte de las agencias estatales.
En atención a estos señalamientos, el Capítulo de Puerto Rico de la Unión de Libertades Civiles (ACLU) afirmó haber recibido ya una querella en sus oficinas por uno de los extranjeros afectados.
“Conforme a ello, contemplamos iniciar las acciones judiciales correspondientes tal y como lo han hecho en otros estados por actuaciones similares del gobierno en contra de los inmigrantes”, dijo su portavoz, la licenciada Mayte Bayolo. INS
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