P. Rico-Comisión de Derechos Civiles advierte ante posible patrón de investigaciones gubernamentales que podrían violar derechos humanos

San Juan, 1 jul (INS).- El presidente de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Hiram Meléndez Juarbe, advirtió que la entidad mira “con preocupación las manifestaciones recientes del comisionado de la Policía, Henry Escalera, a los efectos de investigar a un ciudadano por expresiones realizadas a través redes sociales y en medios de comunicación en torno al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló”.

Meléndez Juarbe le recordó a Escalera que la CDC había advertido a la Policía, hace apenas dos meses, sobre la práctica inconstitucional de activar la maquinaria del Estado para investigar y amedrentar a personas por emitir expresiones críticas de sus gobernantes.

“En el Informe titulado ‘Vigilancia Gubernamental y Protesta Pública en Puerto Rico’, la CDC le advirtió específicamente al comisionado que constituye una práctica inconstitucional utilizar la autoridad del Estado para intimidar a ciudadanos cuando se expresan en contra del gobierno”, apuntó.

“Nos preocupa la posibilidad de que exista un patrón en la Policía, por lo que lo ocurrido en los pasados días no puede verse como un caso aislado”, añadió al detallar que “en nuestro sistema de derecho, los funcionarios de la Policía de Puerto Rico deben abstenerse de incurrir en conductas, prácticas o expresiones que tengan el efecto de disuadir el ejercicio de las libertades civiles y los derechos a la libertad de expresión y de asociación”.

Para Meléndez Juarbe es esencial que las agencias de orden público eviten tomar acción o emitir expresiones críticas contra personas por el solo hecho de que éstas se manifiesten públicamente en redes sociales o cualquier otro medio independientemente de que las mismas sean cáusticas, agresivas o punzantes.

“Sólo es constitucionalmente permisible la acción gubernamental en aquellos casos en que las expresiones en cuestión constituyan una amenaza real, según este concepto es definido constitucionalmente, o una incitación a la violencia que, con alta probabilidad o certeza vayan a conducir a la violación inminente de la ley”, argumentó.

Y remachó: “Ausentes estas circunstancias extremas, el gobierno no puede crear condiciones de temor en la población de que sus expresiones constitucionalmente protegidas están siendo vigiladas y que posiblemente serán castigadas o referidas a agencias federales”.

El informe con fecha del 25 de abril del que hace referencia Meléndez Juarbe se publicó tras una investigación sobre vigilancia policiaca en redes sociales debido a las protestas del 1 de mayo de 2017.

“No podemos olvidar que la Comisión identificó varias instancias en que la Policía refirió al FBI a personas por supuestas amenazas, cuando en realidad se trató de expresiones constitucionalmente protegidas en redes sociales en torno a esas protestas. Uno de estos comentarios condujo al arresto por el FBI de una persona dos días previos a las protestas del 1 de mayo de 2017, radicándosele cargos que eventualmente fueron desestimados”, recordó.

“Por todo esto, es ilegal que un funcionario público active la maquinaria del Estado ante expresiones críticas contra un gobernante, aunque estas expresiones se emitan en términos cáusticos o estridentes. La población tiene el derecho de expresarse con relación a funcionarios públicos a menos que, de manera extraordinariamente excepcional, constituyan una amenaza que sea patente y clara, o de naturaleza difamatoria”, concluyó. INS

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