R. Dominicana-Presuntos sobornos de Odebrecht en la construcción de Punta Catalina abre la “Caja de Pandora” de otra actividad corrupta y silenciada por las autoridades (crónica)

Santo Domingo, 30 jun (INS).- Revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, siglas en inglés) sobre otros sobornos pagados en el país por la constructora brasileña Odebrecht para adquirir el contrato de construcción de la planta a carbón Punta Catalina, abrió una “Caja de Pandora” de una actividad corrupta y silenciada.

Los nuevos antecedentes no fueron incluidos por la Procuraduría General de la República cuando armó el expediente relacionado con los 92 millones de dólares que se distribuyeron anteriormente a funcionarios, políticos y legisladores entre el 2001 y 2016, seis de estos enviados ya a un juicio de fondo.

La constructora reconoció en diciembre de 2016 ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber realizado coimas de dinero y sobornos a funcionarios públicos del gobierno de 12 países, entre ellos República Dominicana, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

En ese expediente no se mencionan los pagos secretos por US$39 millones que según la investigación del Consorcio de Periodistas validó la constructora como soborno a 10 compañías “offshore” (empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia) para el proyecto Punta Catalina, infraestructura que se levanta en Baní, a 59 kilómetros (36 millas) de Santo Domingo.

Esos nuevos detalles de corrupción obligan a la Procuraduría General a abrir un proceso paralelo al de los 92 millones de dólares y someter ante la justicia a los que resultaron beneficiados, conforme a las opiniones de los abogados del área penal Valentín Medrano, Sención Polanco y Omar Torres.

Todos coinciden en que esa probabilidad dependerá de si se determina que hay más implicados, que hay envueltos otros delitos, o que los sobornos denunciados sobre Punta Catalina son independientes de los 92 millones que llevaron a seis personas a juicio de fondo.

En términos generales, ante esta denuncia el Ministerio Público deberá comprobar si procede o no aplicar el principio jurídico del “non bis in ídem” (consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez), en caso de determinarse que los implicados en la repartición de los 92 millones de dólares también habrían participado en la distribución del botín de 39 millones para aprobar la planta a carbón.

Punta Catalina, “obra sagrada” del gobierno con la que pretende acabar con la severa crisis eléctrica que por más de siete décadas afecta a la población dominicana, fue señalada por la Procuraduría General de la República como una de las 17 obras construidas por Odebrecht en el país otorgadas en base al pago de coimas, conforme se hizo constar en el expediente de solicitud de medida de coerción a las seis personas enviadas a juicio de fondo por el  juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco.

En la página 14 del documento acusatorio presentado por el Ministerio Público, el 30 de mayo del 2017, se incluye a esta obra entre las otorgadas mediante la canalización de cohechos, por la mediación del intermediario comercial Ángel Rondón, a funcionarios nacionales, utilizando una estructura de empresas corporativas offshore, pertenecientes al imputado y a la sociedad comercial Constructora Norberto Odebrecht.

La instancia detalla que las dos unidades de la planta a carbón se construyeron mediante un contrato rubricado el 14 de abril de 2014 por la empresa carioca y su consorciado local Ingeniería Estrella S.A. por un monto de US$2,010 millones.

Aunque en el expediente de la Procuraduría se incluyó a esta infraestructura como uno de los contratos por los que la institución brasileña se habría de valido de un proceso amañado para obtenerla, no se ofrece detalle de ese ilícito procedimiento, y sólo aparece el nombre de Ángel Rondón, quien alega que los 39 millones de dólares son parte de una deuda de 79 millones de dólares que la compañía suramericana le adeudaba en su condición de lobista.

Según la investigación del ICIJ, titulada “División de Sobornos” y dada a conocer a los medios a través del programa El Informe que produce en el país la periodista Alicia Ortega, el consorcio de construcción e ingeniería canalizó 62 pagos secretos a diez compañías, de los cuales ocho de esas erogaciones no habían salido a relucir hasta ahora. Dos de esas empresas son de Ángel Rondón y recibieron US$27,989,788.

De la nueva indagatoria periodística se desprende que la constructora subsidió más dinero del que admitió durante la investigación cuando ganó las contratas para las obras Autopista del Coral, el Boulevard Turístico del Este, la carretera Cibao-Sur y el proyecto Ecovías de Santiago.

También se afirma que hubo sobornos clandestinos para lograr la construcción del acueducto Hermanas Mirabal, la carretera Bávaro-Miches-Sabana de La Mar y la carretera de San Pedro de Macorís.

Andersson Boscán, el periodista que recibió la filtración de miles de documentos del departamento de sobornos de la referida empresa, donde se consignan los “pagos secretos” de 39 millones de dólares para la Central Termoeléctrica Punta Catalina, reveló  que fueron eliminadas informaciones y datos de obras de esas obras  registradas en el sistema Drousys, plataforma utilizada por la empresa brasileña para el pago de coimas.

Se recuerda que el 30 de junio del 2017, el Poder Ejecutivo designó una comisión encabezada por monseñor Agripino Núñez Collado para rendir un informe sobre las denuncias de posibles irregularidades en el caso de la termoeléctrica hechas por el movimiento Marcha Verde, Participación Ciudadana, partidos políticos de la oposición  y otras organizaciones populares.

Semanas después, los comisionados reportaron que “el proceso se hizo mayormente conforme a la ley”, que el precio de la obra estaba en un rango “razonable”, y recomendó modificar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

El informe fue presentado por el consultor Jaime Aristy Escuder, un crítico economista contra el gobierno, quien fungió como vocero de la Comisión, y después fue designado administrador general de la central termoeléctrica. INS

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