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San Juan, 26 jun (INS).- La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Georgina Candal Segurola, se mostró “consternada” por la indiferencia de diversos sectores del Estado ante la corrupción en el servicio público.
“La Comisión de Derechos Civiles hace un llamado de alerta a una problemática que está afectando los derechos humanos y la calidad de vida en Puerto Rico. Todavía no se ha tomado acción sobre el problema de la corrupción en el sector público”, concluyó el estudio llevado a cabo por la CDC sobre el seguimiento al informe de Derechos Humanos y Corrupción presentado en el año 2015.
Según la presidenta de la CDC, el informe demostró, en aquel momento, que el fenómeno de la corrupción lacera la razón de ser del gobierno y lesiona los derechos de la ciudadanía, porque desvía y empobrece los recursos del gobierno para fines ajenos a la gestión pública.
“No se ha adelantado nada”, aseguró la otrora jueza superior al indicar que según revela el nuevo informe, la falta de una política pública abarcadora que obligue a todas las agencias del ejecutivo, a los municipios y a las corporaciones públicas, así como la ausencia de políticas establecidas por las ramas judicial y legislativa para tomar medidas específicas contra la corrupción demuestra la falta de prioridad para el Estado.
“También demuestra una ausencia en la introspección institucional de las causas de la corrupción y de las consecuencias tanto en el erario público como en los servicios para la población”, insistió Candal Segurola.
La metodología del estudio consistió en la elaboración de un cuestionario con 11 preguntas diseñadas para conocer si las entidades públicas tenían constancia del Informe Derechos Humanos y Corrupción y si éste ha sido instrumento para aprobar o establecer normas o cambios dirigidos a combatir la corrupción.
Las encuestas fueron distribuidas a 117 agencias y corporaciones de la rama ejecutiva, los 78 municipios, a la asamblea legislativa y a la Judicatura. En total se remitieron 199 cuestionarios. Sin embargo, contestaron únicamente 29 de los encuestados, lo que equivale al 15 por ciento del total de cuestionarios enviados.
La corrupción en el gobierno ha sido tema de discusión y atención en los medios de comunicación en estudios e investigaciones y por la propia ciudadanía, “pero la conducta gubernamental mantiene un doble discurso de condenar la corrupción y no tomar las acciones necesarias para combatirla”, reza el informe de 50 páginas.
El escrito también denuncia que las experiencias posteriores al paso de los huracanes Irma y María han demostrado que la corrupción en el servicio público sigue siendo una actividad endémica que lastra los fondos del erario.
La falta de transparencia sobre las muertes y las condiciones de salud por el paso de los fenómenos atmosféricos, la apropiación y desaparición de furgones y artículos de primera necesidad, la contratación de servicios con costos extravagantes y otros escándalos reseñados por los medios de comunicación demuestran que la corrupción sigue su curso sin sanción por parte del Estado.
Entre las medidas preventivas, el informe recomienda la promoción de la integridad pública, el requerimiento de que los jefes de agencias y de corporaciones públicas sean personas con la capacidad y el conocimiento necesario para manejar la entidad y no sean nombrados por su afiliación al partido político en el poder, así como la importancia de respetar el principio del mérito en el servicio público.
Además, la creación de un organismo gubernativo con autoridad para coordinar los esfuerzos de los entes fiscalizadores de forma que pueda prevenir las lagunas y desfases entre estos.
También la creación de una entidad investigativa en el Departamento de Justicia dedicada a investigar estrictamente casos de corrupción y separada de cualquier otra entidad, con su propio director con rango de secretario auxiliar.
“Esta última recomendación es apremiante ante denuncias públicas que reseñan procesos de acuerdos y contrataciones de dudosa procedencia que han sido objeto de señalamientos por los tribunales y por el propio Departamento de Justicia”, concluyó la presidenta de la CDC. INS
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