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San Juan, 17 jun (INS).- Ante los escándalos surgidos en las últimas dos administraciones de gobierno, la Cámara de Representantes aprobó hoy por unanimidad un proyecto de ley que prohíbe otorgar contratos a corporaciones creadas dentro del término de un año desde que el gobernador electo juramenta a su cargo.
El proyecto de la Cámara 1153, de los representantes Joel Franqui Atiles y José “Che” Pérez Cordero, establece que el Gobierno de Puerto Rico, lo cual incluye sin limitarse a las corporaciones públicas, no podrá contratar corporaciones creadas cerca a un cambio de administración para servicios, compras, servicios profesionales, servicios de consultoría o cualquier otro tipo de contratación.
Sin embargo, la medida exime de esta prohibición a contratos con una cuantía de hasta 60 mil dólares en dicho año fiscal.
“El uso indebido del poder público para conseguir una ventaja ilegítima es corrupción”, dijo Franqui Atiles al referirse a las políticas públicas fallidas de pasadas administraciones en torno a la lucha contra la corrupción en Puerto Rico, “el problema continúa como uno serio y delicado”.
El representante ratificó que este proyecto busca evitar la modalidad en donde una agencia otorga contratos millonarios a corporaciones creadas con el propósito de hacer negocios con el Gobierno.
Mientras, el legislador Pérez Cordero destacó que “a pesar de nuestro repudio a la corrupción, nuestro estado de derecho no provee salvaguardas para evitar la propagación de dicho germen”.
“La corrupción es un mal que ha arropado nuestro gobierno a través de funcionarios inescrupulosos y de endeble carácter. Ante esta situación tan alarmante que amenaza la legitimidad misma de líderes electos, y la viabilidad de nuestro sistema democrático, se tiene que responder de manera agresiva y preventiva”, manifestó.
Ambos legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) plantearon que es política pública del gobierno promover la transparencia mediante la creación de mecanismos disuasivos para evitar la corrupción, malversación de fondos públicos y faltas éticas.
El proyecto de la Cámara 1153 faculta a la Oficina de Ética Gubernamental investigar y determinar si se otorgó un contrato a una corporación dentro de la prohibición absoluta, según descrita en la medida.
La Oficina de Ética deberá rendir un informe al Departamento de Justicia con los señalamientos para que inicie las acciones correspondientes. INS
ndc