P. Rico-Advierte Sobrino Vega que el gobierno no acepta acuerdo negociado por la JSF que toca las pensiones

San Juan, 16 jun (INS).- El presidente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, advirtió que el gobierno “no puede apoyar y no va a apoyar ninguna transacción que promueva un plan de ajuste que perjudique a la población más vulnerable de Puerto Rico”.

Por tal razón, explicó, el gobierno de Puerto Rico no accedió a ser parte ni apoya este plan de ajusta (PSA, siglas en inglés) de las respectivas deudas del gobierno y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), divulgado en la noche de hoy por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Adujo que la JSF, los acreedores y otras partes interesadas saben muy bien que sin la participación del gobierno de Puerto Rico para promover legislación, acciones ejecutivas o acciones administrativas, ningún plan es factible, ningún acuerdo se puede ejecutar y ningún valor será mercadeable.

“Todos tienen pleno conocimiento de las consideraciones que se requiere para lograr que el gobierno de Puerto Rico consienta”, aseguró.

Reiteró que el gobierno ya ha manifestado a la Junta de Supervisión, en numerosas instancias, que no presta su consentimiento ni expresa el deseo de someter otra entidad gubernamental o instrumentalidad a un proceso de reestructuración bajo el Título III, en adición a aquellos procesos ya comenzados en 2017.

El funcionario aseguró que el gobierno de Puerto Rico sigue con su firme compromiso de trabajar con todas las partes en transacciones de reestructuración consensuales para resolver los casos pendientes de Título III y restablecer el acceso de Puerto Rico a los mercados de capital.

“Los numerosos acuerdos de reestructuración pactados hasta la fecha reflejan la disposición del Gobierno y su capacidad de trabajar de buena fe con los diferentes grupos de acreedores y con la Junta de Supervisión en soluciones sofisticadas, confiables y justas para los diferentes desafíos de reestructuración que enfrenta Puerto Rico”, argumentó.

Sobrino Vega se refirió en ese sentido a los acuerdos para respaldar reestructuraciones negociadas con ciertos acreedores de los bonos de la Serie 2011 emitidos por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, la Compañía de Fomento Industrial, la Autoridad de Energía Eléctrica, así como la modificación cualificada para el Banco Gubernamental de Fomento al amparo del Título VI y el Plan de Ajuste de Título III de Cofina, recientemente consumados.

Señaló que otro elemento que también ha sido una constante en la política pública de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares “es la oposición categórica de la Junta de Supervisión Fiscal a cualquier recorte del beneficio de pensiones de nuestra comunidad de retirados”.

“Como hemos dicho respecto a otros ‘acuerdos’ anunciados recientemente entre la Junta de Supervisión Fiscal y algunas partes interesadas, el gobierno de Puerto Rico no puede apoyar y no va a apoyar ninguna transacción que promueva un Plan de Ajuste que perjudique a la población más vulnerable de Puerto Rico. Por tal razón, el Gobierno de Puerto Rico no accedió a ser parte de y no apoya este PSA”, ratificó.

Sobrino Vega detalló que el PSA se fundamenta en el plan fiscal enmendado certificado por la Junta de Supervisión el 9 de mayo de 2019, el cual incluye reducciones a los beneficios de los pensionados que son inaceptables para el gobierno de Rosselló Nevares.

“Más aún, ni una sola palabra contenida en el PSA es aceptable para Aafaf y podemos decir con plena confianza que no se promoverá ninguna legislación, acción ejecutiva, ni ninguna otra aprobación administrativa requerida del gobierno de Puerto Rico para implementar un acuerdo que directa o indirectamente apoye un plan de ajuste que recorte los pagos a nuestros pensionados”, agregó.

El funcionario indicó que “cualquier compensación financiera incluida en el PSA que procura incentivar apoyo o suscripción al PSA no debe presumirse que estará disponible ahora o en el futuro dado que el gobierno de Puerto Rico no ha provisto su consentimiento”.

Dijo que, se hallan esperanzado en que la Junta de Supervisión reconsidere el principio subyacente del plan y prosiga con uno que no perjudique a los pensionados del gobierno de Puerto Rico, sus corporaciones públicas e instrumentalidades y municipios, por lo que se mantiene comprometido a trabajar con todas las partes interesadas en la búsqueda de un plan con estas particularidades.

Sobrino Vega sostuvo que el gobierno siempre ha estado comprometido con negociar de buena fe y le ha dado mucha importancia a la reestructuración de sus deudas y obligaciones, pero dadas las reformas de pensiones significativas realizadas en los pasados años y los numerosos cambios hechos para generar ahorros de miles de millones de dólares en gastos a lo largo de los próximos 30 años.

“El gobierno no puede justificar el menoscabo de los medios de subsistencia de los ciudadanos más vulnerables de Puerto Rico”, ratificó. INS

ndc