Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el jueves 13 de junio de 2019
P. Rico-JSF y acuerdo con COR para “garantizar” pensiones de jubilados: “Evita recortes de beneficios para 74% de los retirados presentes y futuros”
San Juan, 13 jun (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) anunció el miércoles otro acuerdo consensual en el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico.
La Junta y el Comité Oficial de Retirados (COR) llegaron a un acuerdo “mutuamente aceptable” para resolver el trato de los beneficios de pensión acumulados por los retirados del gobierno de Puerto Rico en el caso del Título III bajo Promesa.
El acuerdo protege y asegura las pensiones a futuro para todos los empleados del gobierno, tanto retirados como activos, mediante la asignación de excedentes acumulados en el corto plazo a un fondo de reserva que garantiza el pago de futuras obligaciones de pensiones.
El acuerdo que la Junta ha alcanzado con el COR también provee una política “más justa y sencilla” para ajustar las pensiones que la que figura en el plan fiscal certificado, al permitir que casi el 75% de los beneficiarios estén protegidos de cualquier recorte.
Esta es una parte integral del plan de ajuste que la JSF presentará próximamente en el Tribunal del Título III que afecta a más de 300,000 beneficiarios de pensiones y reestructura más de 50,000 millones en obligaciones de pensiones no sufragadas en el Sistema de Retiro de Empleados, el Sistema de Retiro de Maestros y el Sistema de Retiro de la Judicatura.
“Nos complace anunciar el acuerdo con el Comité Oficial de Retirados (COR), que es un paso crucial para presentar el plan de ajuste para el gobierno de Puerto Rico y para que podamos salir del proceso de reestructuración de deuda del Título III, mientras aseguramos los beneficios futuros de nuestros retirados”, afirmó José Carrión, presidente de la Junta.
Agregó que “hemos trabajado arduamente con todas las partes interesadas durante el pasado año para lograr acuerdos consensuales para reestructurar nuestras deudas y obligaciones de pensiones. Hoy alcanzamos otro hito que permitirá a Puerto Rico salir de la quiebra y facilitará que las empresas inviertan, que nuestra economía crezca y que la gente de Puerto Rico prospere”.
Según el portavoz, “décadas de mala administración financiera, falta de fondos y préstamos tomados de las pensiones del pueblo dejaron los sistemas de retiro del gobierno central, los maestros y la judicatura prácticamente sin dinero. Las restricciones fiscales y legales obligaron a la Junta de Supervisión a proponer una reforma de pensiones ya que, si el Gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones del presupuesto operacional general, los retirados hubieran dejado de recibir sus cheques de beneficios”.
Carrión opinó que “esto ha significado que el gobierno está sufragando el costo anual de las pensiones, por aproximadamente 2,500 millones al año. Según el proceso del Título III de Promesa, los retirados son considerados acreedores no asegurados, cuyo trato bajo un plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal. Afortunadamente, la Junta de Supervisión ha podido alcanzar este y otros acuerdos consensuales para reestructurar las obligaciones de pensiones de Puerto Rico”.
Mientras, Ana Matosantos, también miembro de la Junta, declaró que la JSF “ha tomado medidas ágiles para proteger a los retirados presentes y futuros de Puerto Rico, y para asegurarse de que todos tengan acceso a una pensión digna, después de haber dedicado tantos años de arduo trabajo a nuestra Isla y de haber ganado un lugar muy especial en el corazón de todos los puertorriqueños”.
Comentó, además, que “este acuerdo con el COR, así como los que se lograron con los principales sindicatos que representan a los empleados activos, garantizan sus pensiones hoy y durante las próximas décadas, mientras protegen a nuestros retirados más vulnerables de cualquier reducción de pensión”.INS
P. Rico-Delgado Altieri emplaza a Justicia a investigar caso de Sánchez
San Juan, 13 jun (INS).- El precandidato a la gobernación del Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, catalogó al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares como “el más corrupto en la historia moderna” y emplazó al Departamento de Justicia a realizar, a nivel nacional, todas las investigaciones que realiza el FBI, “en especial la que se lleva en contra del principal cabildero de esta administración: Elías Sánchez”.
Delgado Altieri, en una conferencia de prensa en la sede del Partido Popular Democrático (PPD), hizo un recuento de las investigaciones anunciadas por el FBI contra funcionarios de esta administración y cuestionó por qué el Departamento de Justicia no ha hecho lo propio a nivel nacional.
“Durante los pasados dos años hemos visto cómo las agencias federales han realizado investigaciones contra funcionarios de esta administración -que inclusive nos ha causado problemas con el desembolso de fondos de recuperación tras el paso del huracán María- y vemos como a nivel estatal no pasa absolutamente nada”, reclamó.
Añadió que “por mucho menos que esto se le ha pedido la renuncia a funcionarios en el pasado y, actualmente, vemos cómo miembros de esta administración campean por su respeto permaneciendo en sus posiciones”
Para el político “las palabras no son nada si no se sustentan con acciones. Cada vez que el gobernador es confrontado con uno de estos casos, siempre contesta que su administración no tolera la corrupción. Sin embargo, no ordena a las agencias correspondientes que investiguen. La impresión que da es de no querer saber el resultado de estas investigaciones, lo cual lo haría cómplice de todos estos casos. Mínimo, estamos ante un Gobernador que no tiene tan siquiera la capacidad para supervisar adecuadamente”.
Del mismo modo, el también vicepresidente del PPD hizo referencia a la investigación contra el cabildero Elias Sánchez asegurando que lo correcto sería que la secretaria de Justicia inicie una investigación con carácter de urgencia “para tratar de restaurar la credibilidad de dicha agencia investigativa”.
“El Departamento de Justicia ha perdido mucha credibilidad durante este cuatrienio y esta podría ser una oportunidad para reinvindicarse. Los señalamientos que se han hecho públicamente sobre venta de influencias ameritan que Justicia investigue a esos jefes de agencia que ya han sido entrevistados por las agencias federales, e inclusive ampliar la investigación. Quedarse de brazos cruzados, y no hacer nada da la impresión de un intento de tapar o encubrir”, manifestó.INS
P. Rico-Manifestantes reclaman “otro acuerdo” frente al tribunal federal durante audiencia de la jueza Taylor Swain
San Juan, 13 jun (INS).- Angustiados por un futuro incierto ante el posible recorte de sus pensiones, decenas de personas se manifestaron ayer frente al tribunal federal en Hato Rey, donde la jueza Laura Taylor Swain presidía el proceso en que se atendían los acuerdos entre distintas entidades y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en torno a las jubilaciones de los empleados del gobierno de Puerto Rico, los maestros y los jueces.
Con pancartas en la que matizaban sus angustias, los manifestantes encabezados por dirigentes sindicales de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT), reclamaban que se haga justicia por sus años de entrega por el país.
La licenciada Eva Prados Rodríguez, del Frente Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda, expresó a la agencia Inter News Service (INS) que están en oposición a los preacuerdos presentados por la JSF con diversos sectores a nombre de los trabajadores y pensionados.
Además, en la jornada rechazaron el referente a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que el gobierno conduce hacia la privatización.
Pancarta con leyendas como “Nuestra salud antes que la deuda”, “Nuestras vidas antes que la deuda”, “Nuestras pensiones antes que la deuda” y “Sin pensión no pago la hipoteca” dramatizaban la situación de los jubilados que protestaron frente al Tribunal de Distrito de Estados Unidos en el sector bancario de Hato Rey con la esperanza de que el eco de sus reclamos retumbaran en el macizo edificio federal.
Otra pancarta, “Cero pensiones, mientras Jaresko cobra”, ponía en evidencia el astronómico salario de que recibe la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, cuyo objetivo principal parece ser la máxima reducción de los magros beneficios de los jubilados.
La protesta también estaba dirigida a los acuerdos entre el Comité Oficial de Retirados (COR) y la Junta de Supervisión Fiscal, que disminuye los ingresos de los pensionados. INS
P. Rico-Ausente la representación de la JSF de la vista sobre presupuesto en la Cámara
San Juan, 13 jun (INS).- El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa de la Cámara de Representantes, Antonio Soto Torres, lamentó la ausencia el miércoles de la representación de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) de la vista pública de presupuesto para el año fiscal 2019-2020, donde esperaban conocer la diferencia en la cantidad de dinero respecto al presentado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
“La JSF fue invitada a esta vista pública; enviaron comunicación escrita hace una hora estableciendo que agradecían la invitación, pero no iban a comparecer”, reveló Soto Torres.
Aclaró que si hubiese un interés genuino por parte del organismo impuesto por Washington al gobierno de Puerto Rico no establecería un presupuesto en una oficina, sino que lo evaluaría de cara al pueblo y con transparencia, por lo que “debieron haber venido si no tenía nada que ocultar”.
El legislador sostuvo que como presidente de la Comisión de Hacienda no renunciará a requerirle a la Junta la información necesaria que valide los números que están presentando en el presupuesto de 9,051 millones.
Por lo tanto, indicó que se reunirá con la Junta, si fuese necesario, al tiempo que enfatizó la importancia de que el pueblo puertorriqueño entienda que quienes tienen la responsabilidad legal de establecer lo que son los estimados de ingresos para el Gobierno de Puerto Rico es la Junta de Supervisión Fiscal.
“Los estimados de ingresos que ellos contienen, que ellos establecieron dentro del Plan Fiscal que aprobaron, son unos estimados de ingresos de 10,400 millones de dólares. Sin embargo, el presupuesto que ellos someten para la consideración de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, es un presupuesto de gastos 9,051 millones. Hay una diferencia de más de 1,400 millones que ellos están llevando a un excedente y según la ley Promesa no es darnos una proyección de ingresos para gastos presupuestarios, sino lo que le corresponde a ellos es darnos un estimado de ingresos totales, y eso no lo han cumplido”, puntualizó.
Soto Torres afirmó que, por consiguiente, “nosotros no vamos a descansar en establecer un presupuesto que responda a los estimados de ingresos de Plan Fiscal”.
A esos efectos, expresó que el presupuesto debe responder las necesidades de servicios para el pueblo, que garantice que el Gobierno de Puerto Rico tenga los recursos para operar y asegurar el pago de pensiones a las personas de la edad de oro.
“Hago énfasis en lo que establece la propia ley Promesa, no que el Plan Fiscal va a ser una camisa de fuerza, porque esta Asamblea Legislativa no tiene que aprobar un presupuesto idéntico a los parámetros del Plan Fiscal, lo que establece la ley Promesa es que la Asamblea Legislativa adoptara un presupuesto que sea significativamente consistente con el Plan Fiscal. Consistente, no idéntico”, anotó al anticipar que la Asamblea Legislativa aprobará un presupuesto que sea significativamente consistente con el Plan Fiscal.
Las expresiones de Soto Torres fueron respaldadas por el vicepresidente de la Cámara, José “Pichy” Zamora, quien sostuvo que “llevo dos años diciendo que (la Junta) debe pasar por vistas porque utilizan dinero de Puerto Rico en sus funciones”.
Mientras, el representante Eddie Charbonier Chinea añadió que “el pueblo tiene duda sobre la Junta; lamentablemente, una muestra más de lo que es colonialismo”.
El representante Juan Oscar Morales opinó que es lamentable que “la Junta le haya dado la espalda no al Presidente… sino al pueblo de Puerto Rico”, ya que era una oportunidad para explicar que su postura es correcta.
En esa línea, el representante Jesús Santa indicó que “más allá de lo que diga Promesa, tenemos el poder de traer a las personas que bregan con nuestro dinero, especialmente, cuando es un ente creado por un ente federal y es financiado por el Gobierno de Puerto Rico”.
La vista pública sobre la Resolución de la Cámara 505 continuará mañana, jueves, con la comparecencia del Departamento de Educación. INS
P. Rico-Esperan Asociación de Maestros y JSF por el gobierno para el pago de licencia por enfermedad a educadores jubilados
San Juan, 13 jun (INS).- La presidenta de la Asociación de Maestros (AMPR), Aida Díaz, indicó que en la audiencia realizada ayer ante la jueza Laura Taylor Swain alcanzaron un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), que atiende de forma completa el remedio solicitado por el gremio para el pago de las licencias por enfermedad acumuladas a los educadores que se retiraron de mayo a julio de 2017.
“El gobierno tiene el dinero para pagarle a estos maestros y la AMPR y la junta de control fiscal ya han identificado y acordado un mecanismo para el pago de las licencias por enfermedad acumuladas a este pequeño grupo de maestros, que su retiro fue efectivo al finalizar el año escolar 2016-2017”, dijo.
Díaz expresó que ahora solo queda que el gobierno desembolse el dinero, que asciende a más de 3 millones, para hacerle justicia a estos maestros.
“A través de nuestro representante legal, el licenciado José Luis Barrios y los representantes de la JSF, se le informó a la jueza Swain que solo queda pendiente la cooperación del gobierno para firmar el acuerdo final e implementar el mecanismo para el pago de las licencias por enfermedad acumuladas a estos maestros retirados”, reveló.
Sostuvo que, dada la posición del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que de forma pública ha expresado que protegerá las pensiones de los jubilados, esperamos que estos maestros reciban lo que por derecho les pertenece y que sea de forma inmediata”.
“El abogado de Aafaf, Peter Friedman, expresó que en este momento no tenía autorización del gobierno para entrar al acuerdo, por lo que la jueza Taylor Swain hizo una invitación al gobierno para entablar comunicaciones con nuestros abogados y con la JSF para ventilar si el asunto puede ser resuelto antes de la próxima vista de Promesa, que será el 24 de julio de 2019”, indicó la presidenta de los maestros asociados. INS
P. Rico-Senado investigará denuncias del exmonitor federal Claudio
San Juan, 13 jun (INS).- El Senado iniciará una investigación sobre imputaciones realizadas por el exmonitor federal Arnaldo Claudio al momento de renunciar al cargo el pasado 14 de mayo.
El alto cuerpo aprobó hoy en su sesión ordinaria, la resolución del Senado 1105, de la autoría de Henry Neumann Zayas, que ordena a la Comisión de Seguridad Pública, que dirige, realizar una investigación referente a las imputaciones de Claudio.
Según la pieza legislativa, el exmonitor, tras su renuncia, realizó en distintos medios de prensa “serias imputaciones”, que motivaron su salida.
Entre estas se encuentra el supuesto despilfarro de fondos públicos a raíz de las implementaciones de la Reforma de la Policía.
A esto, Claudio expresó en un rotativo de circulación general: “Yo he decidido que no voy a continuar apoyando un sistema que lo que está haciendo es robarle el dinero al erario público para una causa que se supone, sea para reformar la Policía”.
“Por tanto basándonos en lo anterior, sostenemos que es menester indelegable de este Senado investigar a fondo las denuncias y alegaciones expresadas por el señor Arnaldo Claudio en aras de fomentar la transparencia en la gestión gubernamental y proteger los recursos fiscales del pueblo de Puerto Rico. Además, es nuestra responsabilidad salvaguardar los adelantos obtenidos dentro del proceso de reforma de nuestra Policía y asegurarnos de que la misma siga rindiendo frutos a este honroso cuerpo de seguridad y orden”, enfatizó Neumann Zayas.
Claudio expresó, a su vez, su insatisfacción y preocupación con una orden del Tribunal Federal y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para relevar al Departamento de Justicia de Puerto Rico del proceso de reforma y traspasar sus funciones a un bufete de abogados a un costo de 3.7 millones anuales.
“No podemos escuchar estas declaraciones de un funcionario de alta importancia en términos de lo que está ocurriendo con la seguridad en Puerto Rico. Dejarlo pasar como si no hubiese sido manifestado por el Sr. Claudio. Así que nos vamos a dar a la tarea como Comisión de Seguridad de hacer una investigación y citar a las personas que tengamos que citar porque, al fin y al cabo, estos son fondos públicos del pueblo de Puerto Rico. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para aclarar estas manifestaciones de parte del ex Monitor Federal de la Policía Arnaldo Claudio y ya hemos establecido conversaciones con el señor Claudio para que en algún momento venga a Puerto Rico a declarar frente a nuestra comisión y explicar qué quiso decir con estas declaraciones tan contundentes”, advirtió el legislador.INS
ndc