Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 5 de junio de 2019
EEUU-Rosselló Nevares anuncia apertura del primer hotel Hyatt Regency en Puerto Rico y plan maestro para Coco Beach
Nueva York, 5 jun (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que el antiguo hotel Gran Meliá Puerto Rico fue adquirido por Monarch Alternative Capital en sociedad con Royal Palm Companies y Ambridge Hospitality, que relanzarán el hotel para convertirlo en el Hyatt Regency Coco Beach Resort.
A su vez, el primer ejecutivo anunció que los desarrolladores contemplan un plan maestro a diez años que ubicará en la península de Coco Beach un total de seis hoteles.
Para 2022 se proyecta que habrán abierto tres de estas seis hospederías.
“Es con gran entusiasmo que compartimos esta información en el foro más importante de inversión hotelera. Transacciones como estas que están sucediendo en la actualidad validan que nuestra apuesta al turismo es una acertada y que hay un ambiente positivo para la inversión”, expresó Rosselló Nevares.
El gobernador enfatizó además en que “el gobierno de Puerto Rico está abierto para hacer negocios. Hemos logrado agilizar procesos para conceder beneficios contributivos y otorgación de permisos, lo cual demuestra que esta administración sostiene una guerra burocrática para que el sector privado pueda tener mejores oportunidades para invertir”.
El anuncio se llevó a cabo durante la cuadragésima primera Conferencia Internacional de Inversión en la Industria Hotelera de la Universidad de Nueva York (NYU, siglas en inglés), ante un grupo de desarrolladores, inversionistas y principales ejecutivos de marcas de hotel.
El Hyatt Regency Coco Beach Resort contará con cinco nuevos restaurantes, generará 200 nuevos empleos y se espera que la tarifa promedio fluctúe en los 300 dólares por noche.
Durante su presentación, el primer ejecutivo develó imágenes y planos de cómo quedará la propiedad y conversó sobre los diferentes socios que fueron parte de la transacción, con el propósito de demostrar que Puerto Rico cuenta con un ambiente fértil y positivo para la inversión hotelera.
El Hyatt Regency Coco Beach Resort es parte de una transacción de 120 millones que se viabilizó mediante un acuerdo con la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), en el cual se otorgaron créditos contributivos acordes con los beneficios disponibles bajo la Ley 74.
Del total de la inversión, cien millones corresponden a costos de desarrollo para elevar la propiedad a estándares de lujo de la bandera Hyatt.
Rosselló Nevares presentó los detalles de la transacción en un panel moderado por Arthur Adler, presidente de Américas, Hotels and Hospitalty Group, JLL Hotels & Hospitality, donde también participó Tyler Morse, principal oficial ejecutivo y socio director de MCR, quien ofreció detalles de la recién apertura del Hotel TWA en el Aeropuerto John F. Kennedy (JFK).
La CTPR lleva trabajando en esta transacción junto al grupo de inversionistas desde hace varios meses.
Tras el paso del huracán María, Monarch Alternative Capital, empresa que ya contaba con intereses en la península, vio la oportunidad de adquirir el antiguo Hotel Gran Meliá de 486 habitaciones, 135 unidades de un dormitorio y 14 acres adicionales de terreno.
Para proceder con la transacción, Monarch realizó un acuerdo conjunto con Royal Palm Companies y Ambridge Hospitality.
La directora ejecutiva de la CTPR, Carla Campos, sostuvo que “desde la CTPR continuamos enfocados en aumentar nuestro inventario hotelero a corto plazo, dando a conocer las ventajas competitivas e incomparables con las que cuenta la Isla para la inversión hotelera”.
Campos también explicó que “hemos estado trabajando durante los pasados meses para que esta transacción que viabiliza la reapertura del hotel se logre a corto plazo y para encaminar el desarrollo del plan maestro a largo plazo, que sumará al inventario hotelero unas 2,500 habitaciones, con una proyección de 1,500 nuevos empleos. Esto resultará en una inversión total de alrededor de 1,500 millones cuando los seis hoteles se materialicen”.INS
P. Rico-Primer estudio de seguridad alimentaria en la Isla establece que el 33% de la población de 18 años o más en la Isla sufre esta problemática y 25.8% deja de comer por falta de dinero
San Juan, 5 jun (INS).- El Instituto de Estadísticas presentó el martes los resultados del primer estudio sobre seguridad alimentaria que se lleva a cabo en la Puerto Rico.
El estudio fue en colaboración con el Sistema de Vigilancia de los Factores de Riesgo Asociados a la Conducta (Behavioral Risk Factor Surveillance, BRFSS) administrado en Puerto Rico por el Departamento de Salud.
El BRFSS es un sistema continuo de vigilancia epidemiológica que se realiza en colaboración con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en los Estados Unidos y sus jurisdicciones, incluyendo a Puerto Rico.
La población de estudio fueron los adultos de 18 años o más y la tasa de respuesta en Puerto Rico fue de 71.1%, lo cual posiciona a la Isla entre las primeras 25 jurisdicciones con mayor participación.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la inseguridad alimentaria es un factor clave que complementa al indicador de subalimentación y permite mejorar la caracterización del hambre.
“La gran cantidad de alimentos que se importa a Puerto Rico, entre otros aspectos, hace que la población sea más vulnerable a tener inseguridad alimentaria. Es por esta razón que es imprescindible conocer las estadísticas relacionadas a este aspecto, así como de las conductas de riesgo, morbilidades y prácticas de salud de las poblaciones vulnerables”, expresó el director ejecutivo interino del Instituto, Orville Disdier.
De los datos más relevantes de este estudio se estima que el 33% de la población de 18 años o más en Puerto Rico presentó inseguridad alimentaria.
De igual forma, el 21.7% de las personas entrevistadas indicaron que, en los 12 meses antes del estudio, hubo ocasiones en las cuales tuvieron que servirse menos cantidad de alimentos o dejar de comer una de sus comidas diarias por falta de dinero.
Una cuarta parte de estos (25.8%) lo hizo casi todos los meses.
El estudio también reveló, entre otros, que la región de Arecibo fue la que mayor por ciento de inseguridad alimentaria presentó con un 40.6%, mientras que el área metro y Ponce fueron las regiones que presentaron menor inseguridad alimentaria con 31.8% y 31.4%, respectivamente.
El 44.3% de las personas con inseguridad alimentaria percibieron su salud como regular o pobre.
Este porcentaje fue mayor en mujeres (47.6%) en comparación con los hombres (38.7%).
Las personas diagnosticadas con algún trastorno depresivo presentaron 2.7 veces mayor probabilidad de pertenecer al grupo con inseguridad alimentaria que las personas que no habían sido diagnosticadas con algún trastorno depresivo.
“Uno de los resultados más reveladores es el relacionado a la pobreza y su impacto en la inseguridad alimentaria. El estudio concluyó que las personas con un ingreso menor de 25,000 dólares tienen 3.3 veces mayor probabilidad de pertenecer al grupo con inseguridad alimentaria, que las personas con un ingreso de 25,000 o más”, expresó Myribel Santiago, gerente de Proyectos del Instituto y autora principal del estudio.INS
P. Rico-Senadora López León somete nueva medida legislativa para promover transparencia en información sobre servicios que se ofrecen por medio de aseguradoras
San Juan, 5 jun (INS).- La senadora Rossana López León presentó una nueva medida legislativa para promover la transparencia en la información sobre los servicios que se ofrecen por medio de las aseguradoras, para que el Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico, creado bajo la Ley 235 de 2016, lo pueda evaluar.
“Es mandatorio que se puedan evaluar los servicios, su accesibilidad y calidad entre otros. Es importante que la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), sea parte del Consejo Multisectorial del Sistema de Salud de Puerto Rico, para que provea la documentación necesaria para el cabal cumplimiento de los propósitos de dicho Consejo, adscrito al Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico”, expresó la senadora.
Explicó que “la entidad que administra el plan médico que le sirve a los más necesitados no es parte del grupo multisectorial de la salud. Con el proyecto del Senado 311 buscamos enmendar el artículo 7 de la Ley 235-2015, que creó dicho Consejo”.
López León destacó la importancia de fiscalizar adecuadamente el plan de salud del gobierno, “porque todos sabemos que en el actual modelo de prestación de servicios a través de compañías aseguradoras, las mismas son las que en la práctica deciden la forma y manera de dichos servicios y eso lacera la fundamental relación médico-paciente y en consecuencia, produce altos costos, ineficiencia, desigualdad y pobre”.
Agregó que “para combatir eso, Puerto Rico requiere un instrumento independiente, libre de presiones o intereses de índole económica o político partidista y de carácter continuo para atemperar la política pública en la prestación de los servicios de salud a nuestro pueblo. Por medio del Consejo Multisectorial, se pueden trabajar los mecanismos efectivos y equitativos que permitan reducir los costos, respondan al interés público y que atiendan los aspectos preventivos de la salud”.
Puerto Rico cuenta actualmente con 1.2 millones de asegurados por la reforma de salud del gobierno y se ha informado que de los 6,400 millones que destinó el Obamacare a Puerto Rico, sólo restan unos 1,400 millones que se estima se agotarán a diciembre de este año.INS
P. Rico-Kilómetro Cero prevalece en demanda por acceso a información: juez ordena a la Policía entregar informes de uso de fuerza en los próximos cinco días
San Juan, 5 jun (INS).- Los informes de la Policía que registran el uso de fuerza de sus agentes contra la ciudadanía no son documentos confidenciales y el Negociado de la Policía de Puerto Rico tiene cinco días para entregarlos a la organización Kilómetro Cero (Km0).
Esa fue la orden que el juez Anthony Cuevas, de la sala de Recursos Extraordinarios del Tribunal Superior de San Juan, emitió ayer en la tarde, con una sentencia de con lugar a la petición de mandamus de Km0.
La organización ciudadana, que monitorea el uso de fuerza del Estado en Puerto Rico, solicitó el mandamus el pasado 18 de marzo. El recurso lo presentaron los licenciados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell, de la Clínica de Acceso a la información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
“La sentencia del juez Anthony Cuevas vindica el derecho fundamental al acceso a la información que tenemos todos en nuestro país pero que, a pesar de los avances tecnológicos, es muy difícil de ejercer en Puerto Rico. Una sentencia que sencillamente reitera ese derecho fundamental que tenemos todos termina convirtiéndose en una victoria épica por la tremenda secretividad y opacidad con que funciona la Policía y el gobierno de Puerto Rico en general”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de la organización. “
Agregó que “aquí hay cinco años de un trabajo bien intenso de requerimientos de información, análisis, búsquedas, cuestionamientos. Esta situación nos recuerda que es menester establecer por fin un mecanismo de acceso a la información para que cualquier grupo, persona o periodista en Puerto Rico pueda ejercer su derecho sin tener que ir a los tribunales, que es un ejercicio oneroso al cual no todos tienen acceso. Quisiéramos que la Legislatura y los funcionarios electos demuestren por fin voluntad política para crear una verdadera ley de acceso a la información, digna del siglo XXI en un país con aspiraciones democráticas”.
Cuevas estableció en su sentencia que “el que tengamos que catalogar un documento claramente público en uno confidencial porque, de ser público, la persona encargada de redactarlo podría mentir, resulta insostenible”.
Esto, en respuesta al argumento del Departamento de Seguridad Pública de que los policías podrían mentir en estos informes si se hicieran públicos.
“Como es sabido, el Estado no puede negarse caprichosamente y de forma arbitraria a permitir el acceso (a la información)”, continuó el juez en su sentencia.
Además, estableció que “los ciudadanos tienen el derecho de examinar el contenido de los expedientes, informes y documentos públicos e investigar cómo se conducen sus asuntos, sujetos sólo a aquellas limitaciones que impone la más urgente necesidad pública. Y esas excepciones de mantener la información pública sólo se justifican cuando así lo determine el interés público”.
La acción legal contra el Departamento de Seguridad Pública, el Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Registro Demográfico de Puerto Rico tenía el propósito de vindicar el derecho fundamental de la organización sin fines de lucro al acceso a la información, después de que las agencias habían ignorado y negado una serie de solicitudes de información que Kilómetro Cero realizó desde 2018. La misión de la organización ciudadana es investigar, analizar e impulsar una transformación en la forma como el Estado, por medio de su Policía, utiliza la fuerza contra la gente.
“Los documentos, materiales e información solicitadas son originados, conservados o recibidos por dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Por lo tanto, son documentos y materiales públicos, a los cuales cualquier ciudadano puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita”, argumentaron los licenciados Luis José Torres Asencio y Steven Lausell, representantes legales de la organización sin fines de lucro, en el recurso presentado.INS
P. Rico-Culpa el PNP al PPD de complicidad por la reducción de pensiones a maestros
San Juan, 5 jun (INS).- El secretario general del gubernamental Partido Nuevo Progresista (PNP), Rafael “June” Rivera Ortega, acusó el martes al liderazgo del Partido Popular Democrático (PPD) por no repudiar la propuesta de recortes en las pensiones a los educadores suscrita por la presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Aida Díaz.
“¿Por qué Charlie Delgado y Carmen Yulín callaron sobre el acuerdo de Aida Díaz y la Junta? Resulta que cuando el PPD o sus amigos, como Aida Díaz, proponen recortes a los pensionados, no dicen no pío”, sostuvo Rivera Ortega en referencia a los alcaldes de Isabela y San Juan, precandidatos a la gobernación.
Rivera Ortega sostuvo que desde la víspera varios líderes del PPD, incluso el exgobernador Alejandro García Padilla, el representante Jesús Manuel Ortiz, y el precandidato también a la gobernación senador Eduardo Bhatia, avalaron en varios medios de comunicación y las redes sociales los recortes en las pensiones de los docentes.
“Los maestros han podido percatarse de qué lado está el PPD en cuanto al tema de las pensiones. No les bastó con masacrar los beneficios de los retirados con la Ley 3 de 2013, sino que se unen a Aida Díaz, quien en cuartos oscuros anda negociando con la Junta de Supervisión Fiscal un recorte masivo de pensiones a los maestros”, dijo Rivera Ortega sobre lo que describió como “la forma de gobernar para el PPD”.
El secretario del PNP aseguró que “de por sí nuestros pensionados han recibido duros golpes a sus beneficios, en su mayoría a consecuencia de las políticas del PPD”.
“El cuatrienio pasado les bajaron la pensión y el bono de Navidad, y eliminaron el bono de verano y la aportación al plan médico. Ahora, los mismos que desmadraron el sistema de retiro con emisiones de bonos en donde se perdieron miles de millones de dólares y luego masacraron beneficios a los jubilados, se unen al sindicato que históricamente ha sido un brazo político de la Pava. ¡Vergüenza les debería dar!”, añadió el también legislador del PNP. INS
P. Rico-JSF: plan fiscal certificado y presupuesto para el año fiscal 2020 incluyen recursos para sufragar contribuciones del patrono al Seguro Social para policías, maestros y jueces
San Juan, 5 jun (INS).- La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, indicó el martes que el plan fiscal certificado y su correspondiente presupuesto en cumplimiento para el año fiscal 2020 sometidos a la Legislatura y al gobernador el 28 de mayo incluyen recursos para sufragar las contribuciones del patrono al Seguro Social para policías, maestros y jueces, por un total de 46.5 millones.
Según Jaresko, los recursos para sufragar las contribuciones del patrono al Seguro Social para policías (comenzando el 1 de julio de 2019) y maestros y jueces (empezando el 1 de enero del 2020) coinciden con la fecha de efectividad anticipada del plan de ajuste del gobierno de Puerto Rico.
La portavoz de la Junta señaló sobre el asunto que “el gobierno debe aprobar legislación que reduzca las contribuciones de empleados de policías, maestros y jueces al sistema de Contribución Definida a una cantidad menor del 7.5% requerido por el Acuerdo de la Sección
218 con la Administración del Seguro Social, lo cual provocará la inscripción obligatoria en el Seguro Social”.
Aseguró que “las páginas 6, 17 y 19 de las versiones en inglés y español del presupuesto detallan cada una de estas inversiones”.INS
P. Rico-CDC se opone a proyecto de libertad religiosa, porque vulnera derechos fundamentales y lo cataloga de “afrenta” al respeto a la diversidad
San Juan, 5 jun (INS).- La presidenta de la Comisión de Derechos Civiles (CDC), Georgina Candal Segurola, se opuso hoy al proyecto de libertad religiosa, porque vulnera derechos fundamentales y lo catalogó de “afrenta” al respeto a la diversidad
“De ser aprobado el proyecto sobre las Guías de Libertad Religiosa se vulneran los derechos fundamentales de las personas o comunidades que, por años, han sido víctimas del discrimen por nuestra sociedad”, aseguró durante su turno en una audiencia pública del Senado, que evalúa la pieza legislativa.
La Comisión se opuso a la aprobación del proyecto por considerarlo innecesario e inoficioso a la luz de las disposiciones constitucionales, la ley federal y la jurisprudencia interpretativa que protege los derechos de todas las personas a sus creencias, incluyendo el derecho de las personas que no profesan una religión.
Según la otrora jueza superior, la medida en consideración constituye un intento de proclamar la libertad de culto como un derecho con hegemonía sobre otros derechos constitucionales protegidos, como el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a no ser discriminado y la protección de la dignidad del ser humano, entre otros.
“Esto es totalmente improcedente en una sociedad democrática, que rechaza la teocracia como régimen de gobierno. Este proyecto constituye una afrenta a una sociedad pluralista que debe aspirar al respeto a la diversidad”, insistió la presidenta del organismo público al advertir que la aprobación de la medida traería como consecuencia la presentación de demandas por violaciones de derechos civiles al amparo de la Ley de Derechos Civiles federal en contra del gobierno de Puerto Rico y de los mismos funcionarios que ejerzan conductas discriminatorias en contra de estas poblaciones.
De acuerdo a Candal Segurola, el Estado está obligado a garantizar a todas las personas la igual protección de las leyes.
Sin embargo, “con este proyecto, el gobierno estaría claudicando en garantizar esa protección de manera justa y equitativa a todas las personas sujetas a su jurisdicción”.
Añadió que la pieza legislativa no reconoce el potencial conflicto que surja entre varios funcionarios que profesen distintas religiones o prácticas que presenten diferencias religiosas.
“El proyecto de ley propone que cualquier persona por motivo de sus creencias religiosas solicite un acomodo razonable el cual no podrá ser cuestionado por el Estado. Entre los acomodos razonables se podría solicitar un acomodo en las funciones que realiza la persona empleada por el Gobierno de Puerto Rico para evitar interactuar con cualquier compañero en el empleo o por personas del público por su expresión de género, identidad de género, orientación sexual, ideas religiosas, raza, o por cualquier otro motivo. Esto constituye una violación del derecho de todas las personas a que se respete su dignidad”, apuntó.INS
P. Rico-FMPR llama a rechazar acuerdo entre la Junta y la Asociación de Maestros
San Juan, 5 jun (INS).- La presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), Mercedes Martínez Padilla, acusó al liderazgo de la Asociación de Maestros (AMPR) de negociar la entrega del Sistema de Retiro de Maestros a cambio de que le garanticen cinco años más de cuotas sin elecciones sindicales y el mecanismo para imponer a todos los maestros el plan médico de su propiedad.
“Reunidos en cuartos oscuros con los representantes de la Junta de Control Fiscal han acordado claudicar el derecho de los maestros a recibir una pensión de beneficio definido al 75% del salario que devengaban al retirarse. Más aún, legitiman la propuesta del organismo federal y lo empeoran. Llamamos al magisterio a rechazar contundentemente está componenda”, dijo Martínez Padilla.
En 2016, la Federación de Maestros, “durante las fraudulentas elecciones sindicales, denunció que la Asociación de Maestros sería un segundo patrono que actuaría contra los mejores intereses del magisterio y el tiempo nos ha dado la razón. Recordemos que en esa oportunidad el gobierno evitó que los maestros tuvieran opciones reales de representación sindical”.
Agregó que “el acuerdo que el liderato de la Asociación de Maestros anuncia como un logro propone aumentar la edad de jubilación de los maestros a 63 años de edad, mientras la Junta propuso en su plan fiscal 58 años”.
Según la portavoz, “proponen recortar la pensión para todos los docentes con reducciones que van desde un 10 a un 20%, en algunos casos y en otros proponen reducciones del 1.8% de años de servicio, lo que sería llevarlos a la indigencia”.
Opinó que el acuerdo “representa una entrega y una traición al magisterio. Resulta tan negativo que el propio gobernador Ricardo Rosselló, que ha avalado la inmensa mayoría de las imposiciones de la Junta de Control Fiscal contra el pueblo, lo catalogó de ‘un golpe adicional a los pensionados’ y de ‘traicionar a quienes alegan representar’.
Abundó que “esta falsa negociación ha sido aprovechada por el liderato de la Asociación de Maestros para buscar enmendar la ley que actualmente les impide imponer al magisterio un plan médico. De esa manera obligaría a los maestros a afiliarse al plan Prosaam, propiedad de la Asociación, que se encuentra en dificultades económicas”.INS
ndc