P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el jueves 23 de mayo de 2019

P. Rico-Demanda alcaldesa Cruz Soto a la JSF para frenar despojo a los municipios para pagar a los bonistas
San Juan, 23 may (INS).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, incoó una demanda en el tribunal federal de Estados Unidos en Puerto Rico contra de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con el propósito de evitar el despojo a los municipios para pagar a los bonistas la deuda pública.
Advirtiendo que las injusticias se combaten, Cruz Soto sostuvo que no habrá colaboración del ayuntamiento capitalino, por lo que se distanció en este sentido de sus homólogos que, erróneamente, aceptan la intervención en sus finanzas del organismo impuesto por Washington mediante la legislación Promesa.
“La Junta le quita al pueblo puertorriqueño para pagarle a los bonistas, por lo que no hay razón para pensar que esta nueva intromisión con los municipios, ya que cubre a los 78 municipios, tenga un resultado diferente a lo que ha sucedido en el gobierno central”, explicó en conferencia de prensa en el coliseo Roberto Clemente, acompañada de los licenciados Brenda Cordero y Charlie Hernández.
La acción judicial interpuesta por la ejecutiva del ayuntamiento capitalino responde a que las pensiones se ven amenazadas, se atenta contra la educación pública, se ha triplicado el coste del crédito universitario y más de 15 mil estudiantes están imposibilitados de completar el pago de matrícula, mientras para los trabajadores de las corporaciones públicas será prohibitivo pagar un seguro médico para sus familias ante la reducción en la aportación gubernamental.
“Las determinaciones recientes de la JSF con la colaboración y complicidad del gobierno central han atentado con los servicios de educación, seguridad, salud que merecen nuestros ciudadanos; mientras dicen creer en la educación, cierran escuelas; dicen creer en la salud, pero le bajan el presupuesto al Departamento de Salud y se reducen los beneficios de la gente”, argumentó la alcaldesa.
En su accionar, consideró Cruz Soto, la Junta ha demostrado que no le importa las consecuencias que las medidas de austeridad causan en la vida de los puertorriqueños, “por eso retamos su pretensión de intervenir en las finanzas de los municipios, poniendo en riesgo los servicios esenciales, como salud, seguridad, educación, cultura y deporte”.
El licenciado Hernández estableció una triada para la demanda del municipio de San Juan contra la Junta de Supervisión Fiscal, como que al adoptar la ley Promesa el Congreso incurrió en una delegación excesiva de su poder constitucional sin proveer parámetros racionales como requiera la normativa federal.
También que intervenir sobre las finanzas del municipio de San Juan carece de base racional, es arbitraria y caprichosa puesto que la aportación del gobierno central a los ayuntamientos es de 85,500 dólares y, finalmente, los integrantes del organismo carecen de autoridad legal para intervenir sobre los municipios del país a la luz de la reciente determinación del Circuito de Apelaciones de Boston declarando ilegales sus nombramientos.
La alcaldesa Cruz Soto expuso que debido a que el proceder de la JSF es abusiva, antiobrera y antipuertorriqueña, “de mi maíz ni un grano”.
Alertó que la situación es tal, que el ente fiscal puede mañana disponer la venta del Centro Médico de Río Piedras o el Hospital Municipal de San Juan, que ha sido modernizado para brindar servicio a los sectores más pobres. INS

P. Rico-Examinan medida de protección de libertad religiosa, con objeciones del CABE y la ACLU
San Juan, 23 may (INS).- La Comisión de lo Jurídico, presidida por la representante María Milagros Charbonier, inició el análisis del proyecto de la Cámara 2069 con el objetivo de establecer las “Guías para la protección de la Libertad Religiosa”, a fin de clarificar ciertos principios de libertad religiosa, fundamentados en los parámetros constitucionales y estatutarios, tanto federales como locales aplicables a Puerto Rico.
Al inicio de los trabajos, la representante Charbonier Laureano señaló que su posición inicial había sido no llevar a cabo una audiencia pública, ya que contaba con memoriales con suficiente información para rendir un informe, pero que “en vista que nos solicitaron a la Comisión reiteradamente la vista pública, decidí hacerla y nunca está de más hacer una vista pública”.
“Lo que quisiera sería que entendiéramos todos aquí es que estos dos proyectos que se han radicado, tanto este, como el proyecto de la Cámara 2068 de terapias reparativas, hemos estado conversando con el señor gobernador ampliamente sobre ambos proyectos, que son necesarios para el buen funcionamiento de nuestra sociedad, entendiendo que hay espacio para todos y para todas”, dijo la representante Charbonier Laureano.
La exposición de motivos de la pieza de administración indica que “este nuevo estatuto no podrá ser interpretado con la finalidad de discriminar en la prestación de servicios por parte del estado. El estado tiene la obligación de siempre prestar sus servicios públicos a todos sus ciudadanos, sin discriminar por raza, religión, sexo u orientación sexual e identidad de género”.
Se puntualizó en la pieza que “por la función preventiva de este estatuto, ante situaciones conflictivas futuras previsibles, tanto los empleados como los patronos del sector público deberán buscar acomodos razonables, previo a que surjan situaciones conflictivas, evitando a los ciudadanos, que requieran servicios públicos, vejámenes, vergüenza y pérdidas de tiempo”.
A la audiencia pública compareció la Lcda. Mairís Cassagnol Cornier, secretaria auxiliar de Asesoramiento del Departamento de Justicia, quien indicó que la agencia favorece la pieza legislativa ya que “recoge en todas sus partes mecanismos que han sido validados por el ordenamiento jurídico actual. La pieza legislativa propuesta no hace alusión a ninguna creencia religiosa en particular por ello cumple con el requisito de neutralidad exigido por la cláusula de establecimiento federal y su homólogo estatal”.
Mientras que el sacerdote católico y licenciado Carlos Pérez Toro favoreció la pieza que “clarifica que ningún reclamo de libertad religiosa puede afectar la prestación de servicios a los ciudadanos. En esto supera las protecciones de los estatutos federales, cuando el reclamo de libertad religiosa pueda afectar a terceros”.
El sacerdote enfatizó que “uno de los logros de este proyecto, es que todas las ramas gubernamentales tendrán que atemperar sus protocolos y reglamentos a los parámetros legales de la libertad religiosa en Puerto Rico”, a la vez que recomendó que se enmiende la pieza para cambiar el concepto de “libertad de culto” por “libertad religiosa” para aclarar que de lo que se trata es la actuación del empleado en todas las esferas personales de acuerdo con su conciencia.
Mientras, el presidente de Puerto Rico por la Familia, reverendo René Pereira, manifestó que “ante los casos que se han estado dilucidando en los Estados Unidos donde personas han sido demandadas y perseguidas por negarse a realizar ciertas acciones por motivos de su fe y sus principios religiosos, este tipo de legislación que ya existe a nivel federal debe existir igualmente a nivel estatal”.
En tanto, Mayté Bayolo, abogada de política pública y asuntos legislativos de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), opinó en una ponencia sometida que la medida, “en nada aporta a promover y proteger los derechos, ni la libertad de culto, por el contrario, lo que hace es promover el discrimen, abuso y la violación de otros derechos humanos fundamentales. No promueve una sociedad justa y equitativa a la cual todos aspiramos y queremos trabajar en esa dirección. No debe caer en la tentación de quienes so pena de religión imponen sus conceptos de moralidad y creencias al resto de la población”.
En tanto, el Comité Amplio para la Búsqueda de la Equidad (CABE) representado por su Osvaldo Burgos, y Amarilis Pagán, directora ejecutiva de Matria, calificó en una ponencia sometida que el proyecto era “inherentemente discriminatorio y que atenta contra los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. El verdadero consenso es uno dirigido hacia la equidad y la eliminación de toda forma de discriminación, no hacia la aprobación de este proyecto de ley”.
Añadieron que la medida “es parte de un esquema concertado entre un segmento del sector religioso fundamentalista de derecha e integrante de la clase política para imponer al país sus creencias religiosas particulares a través de legislación. Este proyecto podría considerarse parte de las estrategias utilizadas por grupos de odio en los Estados Unidos y ahora en Puerto Rico”.INS

P. Rico-Eliminación de venta de boletos adelantados para residentes de Vieques pone en peligro salud de muchos que utilizan el servicio marítimo para acudir a tratamientos médicos, afirma líder viequense
Vieques, 23 may (INS).- La eliminación de la venta de boletos adelantados para los residentes de Vieques pone en peligro la salud de muchos que utilizan el servicio marítimo para acudir a sus tratamientos médicos, aseguró el líder viequense Ismael Guadalupe.
Según Guadalupe, la acción viola a su vez le Ley 113 de 2016, “que fue aprobada bajo Alejandro García Padilla y la cual la nueva administración ha ignorando”.
Recordó que la ley garantizaba la venta de boletos con retorno a Vieques, lo que facilitaba el acceso a tratamientos especiales.
A su vez, reclamó que “mientras a los residentes se le niega este derecho los propietarios de hoteles y posadas tienen garantizadas sus clientelas con reservaciones”.
Agregó que “estas preferencias de garantizarles a los turistas sus reservaciones demuestran un claro discrimen por origen contra los propios residentes”.
El líder viequense comentó que “hasta el propio alcalde, quien ha sido criticado por su posiciones débiles ante el gobierno, ha solicitado que se detenga la venta por internet de boletos de transportación marítimo”.
Guadalupe declaró que el residente de Vieques “vive constantemente bajo inseguridad cuando tienen citas médicas, ya que las pierde ante no tener garantías de poder abordar y poder regresar. Algunos han cancelado sus citas y otros sencillamente desisten de sus tratamientos. Mientras los residentes duermen los turistas compran sus boletos las 24 horas. Durante los pasados días no se ha cumplido con un itinerario fijo, de manera los pasajeros no saben cuándo van a salir y cuándo pueden regresar”. INS

P. Rico-Club Gallístico somete demanda ante Tribunal Federal para que se declare inconstitucional las disposiciones que buscan prohibir las peleas de gallos en la Isla
San Juan, 23 may (INS).- El Club Gallístico de Puerto Rico sometió una demanda ante el Tribunal Federal en Puerto Rico para establecer las bases legales que prueban la inconstitucionalidad de la Sección 12616 del “Agricultural Improvement Act of 2018”, conocida como el “Farm Bill” y firmada por el presidente Donald Trump el pasado mes de diciembre.
La ley prohibiría el deporte de gallos de pelea en la Isla a partir de diciembre de 2019.
La demanda solicita se declare inconstitucional esta sección y revoque la prohibición de las peleas de gallos.
“Nuestro compromiso de defender la industria y el deporte de los gallos en Puerto Rico se ha materializado hoy con la radicación de esta demanda. Confiamos que el Tribunal Federal evalúe el caso por sus méritos y resuelva a favor la industria y deporte de los gallos de pelea, que contribuye a la economía de nuestro país, ha sido un ícono de nuestro patrimonio y derecho cultural. Estamos vigilantes y firmes en pie de lucha para defender a todos los galleros de Puerto Rico”, destacó Orlando Vargas, presidente de la junta de directores del Club Gallístico de Puerto Rico.INS

P. Rico-Gobernador firma ley sobre cambio climático y anuncia lanzamiento de aplicación móvil para turismo verde
Arecibo, 23 may (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico, que establece una política pública con metas, métricas y fechas de cumplimiento para atender la variación global del clima de la Tierra a causa de la actividad humana.
Rosselló Nevares anunció, además, el lanzamiento de una aplicación de Turismo Verde, que busca promover las áreas protegidas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
“Es de suma importancia que Puerto Rico tenga un rol importante en la toma de medidas agresivas para atender el cambio climático y esta ley refleja el compromiso de nuestra administración de atenderlo y prevenirlo”, sentenció el primer ejecutivo.
El gobernador agregó que “las proyecciones para las Isla son dramáticas al mostrar que el calentamiento en Puerto Rico será mucho más alto que el promedio mundial, lo que provocará periodos de sequía más prolongados, así como efectos negativos sobre la agricultura, la salud humana, la flora, la fauna y la disponibilidad de agua”.
El proyecto del Senado 773, de la autoría del senador Larry Seilhamer Rodríguez, fue producto del trabajo entre el Ejecutivo y la Legislatura, y se vio reflejado en el Grupo de Trabajo Multisectorial para Mitigar el Cambio Climático creado mediante la orden ejecutiva 2018-045.
La legislación busca adoptar medidas encaminadas a la transición energética hacia un modelo de energía renovable o alternativa con la eliminación del carbón como fuente de energía.
Con la iniciativa se pretende encaminar el proceso de energía a uno neutro en emisiones de gases de efecto de invernadero, que reduzca la vulnerabilidad del sistema energético y garantice el acceso a la energía como bien común.
Seilhamer Rodríguez manifestó que “el cambio climático no se trata de un debate de percepción o interpretación, es una cuestión científica con una perspectiva de vida. Puerto Rico por su posición geográfica se ve afectado por las consecuencias del cambio climático y el calentamiento de las aguas del Caribe. El proyecto del Senado 773 surgió por la necesidad que existía de una política pública con métricas establecidas para atender este asunto”.
El senador también sostuvo que “la política pública relacionada al cambio climático establecerá un plan de mitigación, adaptación y resiliencia en todos los sectores. Es responsabilidad de todos proteger nuestra Isla y dejarles un mejor lugar para vivir a las generaciones futuras. Coincido con el gobernador en que esta ley es el legado máximo que podemos dejar a nuestro planeta”.
La medida busca adoptar medidas que favorezcan y propicien el autoconsumo energético a base de energías renovables o alternativas, así como la participación de actores locales en su producción y distribución.
Asimismo, la meta es reducir los niveles de las emisiones de gases de efecto de invernadero de forma real, permanente, cuantificable y verificable en un 50 por ciento en los próximos cinco años.
El primer ejecutivo también explicó que se estimulará un modelo energético cuyo fin sea eliminar el consumo de combustibles fósiles para alcanzar mayor participación de las energías renovables o alternativas en el sistema eléctrico.
Añadió que se prohibirá la concesión de nuevos contratos o permisos y la extensión de contratos o permisos existentes para establecer o continuar generando energía a base de carbón en Puerto Rico, con el fin de eliminar su dependencia para diciembre de 2027.
De igual forma, se desplazará el uso de combustibles fósiles en el sector energético para la generación de energía, especialmente el carbón.
En su lugar, se promoverá el uso de energía renovable o energía alternativa.
La ley también reduce el consumo general de uso de energía por al menos un por ciento anual, a partir del año 2020, hasta alcanzar para el 2030 una reducción de un diez por ciento a base de la densidad poblacional.
Igualmente, se promoverá la reforestación mediante la siembra de 500,000 árboles nativos y endémicos en cinco años, y se propiciará la implementación de un plan de reciclaje multisectorial para alcanzar la meta de reducir la cantidad de desperdicios sólidos depositados en los vertederos de Puerto Rico.
Rosselló Nevares aprovechó el anuncio de la nueva normativa para hacer también el lanzamiento de la aplicación de Turismo Verde del DRNA, que facilita a los visitantes conocer las ubicaciones y actividades que se pueden llevar a cabo en las diferentes áreas naturales protegidas (ANP) y dónde pueden realizar actividades turísticas y deportivas.
Mediante la aplicación, disponible en Google Play para Androids y próximamente disponible para iPhone, los usuarios pueden explorar en un mapa interactivo las áreas naturales en las islas de Puerto Rico.
A través de la herramienta se puede encontrar información sobre los operadores autorizados del DRNA que ofrecen servicios en las áreas naturales protegidas, además de conocer sobre las actividades mensuales que se realizarán en las diferentes áreas.
La secretaria del DRNA, Tania Vázquez Rivera, puntualizó que la economía y el desarrollo económico dependen ciento por ciento de la preservación de los recursos naturales.
“La nueva aplicación de Turismo Verde responde precisamente a la preservación de los recursos naturales, ya que promueve la economía mediante actividades que van en armonía con la naturaleza y que no alteran nuestros ecosistemas”, explicó la titular del DRNA.
Los diferentes tipos de actividades que se realizan en cada área incluyen kayak, senderismo, ciclismo y acampar.
La aplicación también contiene información sobre el proceso de reservaciones para acampar, los teléfonos de las áreas naturales protegidas y la opción de descargar el folleto oficial de las ANP del DRNA.
Tras dar a conocer la ley y la aplicación, Rosselló Nevares reinauguró el área de acampar en el Bosque Estatal de Cambalache.
La reapertura se da gracias al esfuerzo del personal del Negociado de Manejo de Áreas Naturales y Servicios Forestales, la Administración de Operaciones Regionales del DRNA y los voluntarios que han ayudado a rehabilitar el área, la cual solicitan con frecuencia los grupos de Niños Escucha y otras organizaciones que llevan a cabo actividades en contacto directo con la naturaleza.
El DRNA administra 36 reservas naturales, 19 bosques forestales y cinco refugios de vida silvestre.INS

P. Rico-Alcaldesa considera gobierno ha politizado problema de los cerdos vietnamitas
San Juan, 23 may (INS).- El gobierno de Ricardo Rosselló Nevares ha politizado el problema surgido en la comunidad del Caño Martín Peña, en el sector capitalino de Santurce, con la superpoblación de cerdos vietnamitas, acusó hoy la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.
La también aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD)aseguró que no entiende por qué los ataques en su contra, “si creen en la última encuesta me deben soltar ya, lo que pasa es que tienen la encuesta de verdad”.
La ejecutiva de la ciudad capital subrayó que no ha oído a ningún miembro del gobierno de Rosselló Nevares decir que otros alcaldes y alcaldesas, donde hay problemas similares de monos como Trujillo Alto, de iguanas y de los mismos cerditos tienen la jurisdicción.
Cruz Soto reaccionó a los ataques del subsecretario de la Gobernación, Erik Rolón Suárez, y la evasión de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, cuya responsabilidad es primaria en este asunto.
Indicó que la secretaria Vázquez Rivera movilizó personal del DRNA para recoger a los monos realengos en comunidades de Trujillo Alto, pero no tomar acción en San Juan, a pesar de una comunicación escrita a principios de abril.
La alcaldesa reconoció, no obstante, que la responsabilidad, con la que el DRNA no ha cumplido, es compartida con el ayuntamiento capitalino.
Rolón Suárez anunció en la víspera que, por instrucciones del gobernador Rosselló Nevares, varias agencias, incluido el DRNA y el Departamento de Salud, sostuvieron una reunión para establecer un plan de trabajo para atender el problema ante la presunta indiferencia del municipio de San Juan.
Cruz Soto rechazó que los cerdos vietnamitas sean cazados, como propuso el subsecretario de la Gobernación, a la vez que reiteró que tienen que ser recogidos por el DRNA, y que asigne los fondos necesarios en los que hay que incurrir para su atención y cuida, porque “no los vamos a matar”, aunque lo ordene el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).
“Había una entidad que los estaba recogiendo y tenían todo para la castración, pero lo que le dijo USDA es que como ellos los tenían ya recogidos iban a ir a pegarle el tiro, a matarlos y no a castrarlos”, dijo la alcaldesa Cruz Soto.
Debido a esto, el personal de una entidad santuario decidió dejarlos en libertad, situación que agravó el problema, porque los cerdos “son salvajes cuando convienen y cuando no les conviene no son elegibles para la castración”, precisó. INS

P. Rico-Delgado Altieri tilda de “inmaduro e insensible” al gobernador por confeccionar presupuesto basado “en su reelección política”
San Juan, 23 may (INS).- El precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos Delgado Altieri, tildó de “inmaduro e insensible” al gobernador Ricardo Rosselló Nevares por confeccionar un presupuesto basado “en su reelección política y no en el bienestar del país”.
En esa misma dirección, acusó aumentos de presupuesto injustificados en varias agencias de gobierno y reclamó protección para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios.
“Es inaceptable que Rosselló le continúe reduciendo presupuesto a la UPR y a los municipios, mientras que por otro lado le aumenta a la Oficina del Gobernador, OGP, Hacienda y DTOP, entre otros. El aumento en presupuesto en algunas de estas agencias da la impresión de tener el único propósito de poder contratar a más personas en el año electoral”, indicó Delgado Altieri.
En una conferencia de prensa en la sede del PPD, Delgado Altieri sostuvo que el presupuesto recomendado para el año fiscal 2020 del Departamento de Hacienda tiene un aumento de 79 millones al compararlo con el del año fiscal vigente (AF 2019).
“Peor aún, el presupuesto de dicha agencia ha experimentado un incremento de 189 millones desde el año fiscal 2017, cuando su presupuesto era de 107 millones. También destacó que un análisis de los contratos del Departamento de Hacienda registrados en la Oficina del Contralor otorgados por esta administración entre el 2 de enero de 2017 hasta el 30 de abril de 2019, refleja un total de 366 millones”, expuso.
Del mismo modo, manifestó que la oficina del propio gobernador refleja un aumento de cinco millones en el presupuesto recomendado para el 2020 comparado con del año vigente y de 14 millones, si se utiliza como base el año fiscal 2017.
“También llama la atención el aumento en el presupuesto del 2020 de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y DTOP de 69 y 102 millones, respectivamente”, consignó.
Según el político, “la educación es el motor de la transformacion económica y social que tanto necesita Puerto Rico. Quitarle el presupuesto a la UPR, a pesar de ser el custodio de la inteligencia de las futuras generaciones del país, es un acto de inmadurez de un Gobernador que pone sus intereses políticos por encima de los mejores interese de la gente”.
Añadió que Rosselló Nevares “comete un grave error con su insistencia de quitarle recursos a los municipios en momentos en que en otras partes del mundo, la tendencia ha sido fortalecerlos por la cercanía y acceso directo que ofrecen al ciudadano. Los municipios deben ser fortalecidos. Está más que comprobado que son más efectivos que el gobierno central ofreciendo servicios directos a la gente. Sin embargo, en su inmadurez pretende asfixiar a los municipios hasta hacerlos inoperantes. Eso tendrá un efecto nefasto para las familias más vulnerables que dependen de los servicios más básicos como el recogido de basura, ornato, transportación de envejecientes a citas médicas, y asfaltar carreteras, entre muchas otras responsabilidades que los municipios han asumido ante la ausencia del gobierno central”.INS

P. Rico-Vázquez Rivera reitera que alcaldesa evita asumir responsabilidad de situación con cerdos vietnamitas
San Juan, 23 May (INS).- La secretaria de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Tania Vázquez Rivera, catalogó como “el juego de cartas” de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto su estrategia para desviar la atención sobre la responsabilidad que tiene el municipio de San Juan, ante la crisis de cerdos vietnamitas en la comunidad de Cantera.
Vázquez Rivera reaccionó al planteamiento de la alcaldesa durante una conferencia de prensa, de que ella había contestado una carta del DRNA sobre este problema, luego de que le ofrecieran información incorrecta sobre las comunicaciones que esperaba de parte de Cruz Soto.
“El juego de cartas, como estrategia para zafarse de su responsabilidad ante la problemática de los cerdos vietnamitas, resulta lamentable. Sí, la alcaldesa presentó hoy una carta con un ponche de recibida del DRNA con fecha del 9 de abril, dando la impresión de que ella ya había contestado nuestras comunicaciones”, argumentó la secretaria del DRNA.
Apuntó que la alcaldesa, curiosamente, no incluyó la carta en los documentos que entregó a los periodistas porque “esa misiva no es en respuesta a nuestras constantes comunicaciones para buscar soluciones a este asunto”.
“Esa carta, como bien tuvo que admitir la alcaldesa, lo que dice es que estará designando al Sr. Vergara para que participe de una reunión en el DRNA, pero no contesta absolutamente nada sobre los múltiples reclamos que le hemos hecho para que le metan mano al problema de la proliferación de cerdos en Cantera”, sostuvo.
La secretaria del DRNA expresó que “yo comprendo que tal vez quien habló hoy no fue la alcaldesa, sino la candidata; or eso evitaré a entrar en dimes y diretes con la Sra. Cruz Soto”.
“Muy bien puedo presentar evidencia de las múltiples comunicaciones que se le han enviado, y cómo nunca hemos recibido respuesta, pero me niego a caer en su juego de cartas. San Juan y Puerto Rico merecen más”, añadió Vázquez Rivera al explicar que la Ley 154 de 2008 o Ley para el Bienestar y Protección de los Animales establece, claramente, que la Oficina Estatal de Control de Animales tiene la jurisdicción sobre los animales realengos, en unión al Departamento de Salud y el municipio donde se encuentren.
“Estos cerdos avistados en Cantera, según las observaciones de diversos especialistas, son animales realengos y domesticados. Esto se establece, entre otras razones, porque se alimentan de basura o alimentos que vecinos les proveen, por lo que no pueden ser catalogados como asilvestrados, como algunas personas pensaban”, adujo.
La secretaria Vázquez Rivera invitó a la Cruz Soto a que “eche a un lado cualquier motivación que no sea cumplir con la responsabilidad que, como alcaldesa, tiene con nuestra Ciudad Capital”.
“Me reitero en que esta servidora y el DRNA que me honro en dirigir, a pesar de que la propia Ley 154 establece que no tenemos jurisdicción en este asunto, estamos en la mejor disposición de apoyar cualquier iniciativa que ayude a resolver este problema, por encima de cualquier consideración personal o política”, apuntó. INS

P. Rico-Maniobra el gobierno para establecer restricción a documentos, denuncia la Asppro
San Juan, 23 may (INS).- En un juego idiomático, otorgando a la palabra transparencia un sentido de restricción, el gobierno de Puerto Rico pretende asumir el control de documentos que por su naturaleza tienen un carácter público, alertó la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (Asppro).
La presidenta de la Asppro, Damaris Suárez, reaccionó con asombro al anuncio del principal oficial financiero del Gobierno, Raúl Maldonado Gautier, acerca del establecimiento de un “procedimiento uniforme” para acceder a los documentos públicos relacionados con los planes fiscales del gobierno de Puerto Rico, al amparo de la Ley Promesa.
Maldonado Gautier aseguró el lunes que el pueblo merece conocer cuáles son los planes de desarrollo para Puerto Rico que impulsa el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, por lo que toda solicitud de acceso a información pública será por escrito a la siguiente dirección de correo electrónico: docplanfiscal@ocfo.pr.gov.
La Asociación de Periodistas de Puerto Rico condenó todo tipo de protocolo que infrinja o limite el derecho del pueblo a la información pública, como el que acaba de establecer el funcionario, también secretario de Hacienda, con relación a los planes fiscales del gobierno.
Es cuestionable que se cree un protocolo, dijo Suárez, que de antemano plantea la intención de la Oficina del Principal Oficial Financiero del Gobierno de Puerto Rico (OCFO) de esgrimir supuestas razones legales para denegar el pedido, incluyendo la invocación de un privilegio evidenciario reconocido, cuando existe un derecho constitucional al acceso a la información que se presume pública.
La presidenta de la Asppro expuso, además, que es contraproducente que se otorguen diez días laborables en casos de información que está accesible.
Para la dirigente de los periodistas puertorriqueños asombra cómo la administración de Rosselló Nevares habla de transparencia pero que en la práctica pone cortapisas a los colegas que diariamente solicitan información y no se les brinda.
“Hay que recordar que el acceso a la información pública es un derecho fundamental en todo sistema democrático, en el cual los ciudadanos tienen derecho a estar informados sobre cómo sus representantes administran, gestionan y establecen políticas públicas que inciden en su vida”, declaró.
Suárez le recordó a Maldonado Gautier que el acceso a la información y la transparencia no se pregona, “simplemente se hace con la práctica”.
Anunció que la Asppro se mantendrá vigilante y, de ser necesario, acudirá a los foros pertinentes para hacer valer el acceso libre a la información del gobierno.
Maldonado Gautier expuso que la solicitud identificará específicamente el título o clasificación de los documentos solicitados de manera particularizada con el fin de que la OCFO pueda, de la faz de la solicitud, identificar la naturaleza de los documentos solicitudes.
El protocolo, aclaró el funcionario, no cubre documentos que no se originan, conservan o custodian en el curso ordinario de los negocios del gobierno de Puerto Rico. INS
ndc