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Washington, 23 May (INS).- Los senadores estadounidenses Marco Rubio (R-FL), Bob Menendez (D-NJ), Richard Blumenthal (D-CT) y John Kennedy (R-LA) presentaron hoy el proyecto de ley “Puerto Rico Recovery Accuracy in Disclosures Act of 2019” (Prrada).
La legislación bipartidista proporcionaría estrictos requisitos de divulgación a todos los asesores y consultores de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, cerrando el vacío legal en la ley actual.
El Prrada requeriría que los proveedores divulguen sus relaciones, garantizando a los puertorriqueños las mismas prácticas de transparencia y divulgación de información requeridas por la ley de bancarrota en Estados Unidos.
Una legislación similar fue introducida en la Cámara de Representantes por la congresista Nydia Velázquez (D-NY).
En 2016, el Congreso aprobó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) para establecer un proceso de bancarrota para reestructurar las deudas de la isla, pagar a los acreedores, aprobar proyectos de infraestructura y estimular el desarrollo económico.
En ese momento, la ley no incluyó un requisito para que los asesores y consultores divulguen sus propios conflictos de intereses con la variedad de acreedores a quienes Puerto Rico debe 123 mil millones de dólares.
Rubio dijo que “la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para garantizar que el proceso de reestructuración de Puerto Rico sea exitoso”.
“Me enorgullece haber trabajado con el senador Menéndez para presentar esta importante legislación que extenderá los requisitos de divulgación a los profesionales quienes buscan una compensación bajo el Título III de Promesa”, agregó.
Mientras, Meléndez manifestó que aunque se opuso con vehemencia a Promesa, “sigo creyendo que el cuadro de asesores y consultores creados como resultado de esa ley debe rendir cuentas ante los mismos estándares de transparencia exigidos por la ley en el continente”.
“Nuestra legislación cerrará el vacío legal actual, estableciendo requisitos de divulgación sólidos para los asesores de bancarrota y permitiendo a los tribunales denegar el pago a cualquier actor con conflictos, lo que hace el proceso más transparente para los puertorriqueños”, anotó Meléndez. INS
ndc