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La alcaldesa de San Juan, rodeada de los abogados Brenda Cordero y Charlie Hernández, ofreció detalles de la demanda. Inter News Service
San Juan, 22 may (INS).- La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció hoy que incoó una demanda en el tribunal federal de Estados Unidos en Puerto Rico contra de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) con el propósito de evitar el despojo a los municipios para pagar a los bonistas la deuda pública.
Advirtiendo que las injusticias se combaten, Cruz Soto sostuvo que no habrá colaboración del ayuntamiento capitalino, por lo que se distanció en este sentido de sus homólogos que, erróneamente, aceptan la intervención en sus finanzas del organismo impuesto por Washington mediante la legislación Promesa.
“La Junta le quita al pueblo puertorriqueño para pagarle a los bonistas, por lo que no hay razón para pensar que esta nueva intromisión con los municipios, ya que cubre a los 78 municipios, tenga un resultado diferente a lo que ha sucedido en el gobierno central”, explicó en conferencia de prensa en el coliseo Roberto Clemente, acompañada de los licenciados Brenda Cordero y Charlie Hernández.
La acción judicial interpuesta por la ejecutiva del ayuntamiento capitalino responde a que las pensiones se ven amenazadas, se atenta contra la educación pública, se ha triplicado el coste del crédito universitario y más de 15 mil estudiantes están imposibilitados de completar el pago de matrícula, mientras para los trabajadores de las corporaciones públicas será prohibitivo pagar un seguro médico para sus familias ante la reducción en la aportación gubernamental.
“Las determinaciones recientes de la JSF con la colaboración y complicidad del gobierno central han atentado con los servicios de educación, seguridad, salud que merecen nuestros ciudadanos; mientras dicen creer en la educación, cierran escuelas; dicen creer en la salud, pero le bajan el presupuesto al Departamento de Salud y se reducen los beneficios de la gente”, argumentó la alcaldesa.
En su accionar, consideró Cruz Soto, la Junta ha demostrado que no le importa las consecuencias que las medidas de austeridad causan en la vida de los puertorriqueños, “por eso retamos su pretensión de intervenir en las finanzas de los municipios, poniendo en riesgo los servicios esenciales, como salud, seguridad, educación, cultura y deporte”.
El licenciado Hernández estableció una triada para la demanda del municipio de San Juan contra la Junta de Supervisión Fiscal, como que al adoptar la ley Promesa el Congreso incurrió en una delegación excesiva de su poder constitucional sin proveer parámetros racionales como requiera la normativa federal.
También que intervenir sobre las finanzas del municipio de San Juan carece de base racional, es arbitraria y caprichosa puesto que la aportación del gobierno central a los ayuntamientos es de 85,500 dólares y, finalmente, los integrantes del organismo carecen de autoridad legal para intervenir sobre los municipios del país a la luz de la reciente determinación del Circuito de Apelaciones de Boston declarando ilegales sus nombramientos.
La alcaldesa Cruz Soto expuso que debido a que el proceder de la JSF es abusiva, antiobrera y antipuertorriqueña, “de mi maíz ni un grano”.
Alertó que la situación es tal, que el ente fiscal puede mañana disponer la venta del Centro Médico de Río Piedras o el Hospital Municipal de San Juan, que ha sido modernizado para brindar servicio a los sectores más pobres. INS
ndc
