P. Rico-Ramos ofrece a JSF información que tienen las autoridades federales sobre ilegalidad de emisión 3 mil millones en bonos de SRE

La representante Lourdes Ramos afirma que los federales tienen la evidencia que necesita la JSF sobre la ilegalidad de emisión de bonos. Inter News Service

San Juan, 20 may (INS).- La vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, afirmó hoy que si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pretende recuperar el dinero pagado en la emisión ilegal de bonos del Sistema de Retiro de Empleados (SRE) del gobierno ocurrida en 2008, debe demandar es al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y al entonces administrador de los Sistemas de Retiro, Juan Cancel Alegría, con la evidencia que tienen las autoridades federales.

Ramos sostuvo que el saldo inmediato fue el lastre del pago de 167 millones de dólares en una emisión que jamás debió realizarse.

“Podrán ir contra los que adquirieron bonos y les han pagado intereses y dividendos, pero también hay que ir contra Acevedo Vilá y Cancel Alegría, quienes idearon el andamiaje ilegal, así como contra la casa de inversiones UBS, que aconsejó, colocó y compró los mismos”, aseveró Ramos, presidenta de la Comisión de Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes.

Comentó que la JSF no debe gastar ni un solo centavo de los contribuyentes puertorriqueños buscando información para sustentar las demandas, ya que en diciembre de 2011 culminó su propia investigación sobre el particular, que fue referida al Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y a la fiscalía federal.

Ramos entregó a estas agencias, al igual que al Departamento de Justicia de Puerto Rico y a la Comisión Federal del Mercado de Valores (SEC), un total de tres cajas de documentos —que detallaron los procesos de 25 vistas públicas y ejecutivas—, donde aseguró quedó develado el esquema que llevó al colapso las pensiones de los jubilados del gobierno.

La legisladora del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP) resumió los hallazgos de su pesquisa:

· Esta transacción desde sus inicios tiene una base ilegal. Se respalda con las aportaciones patronales. Los Artículos 2-116 y 3-105 de la Ley Núm. 447, supra, no disponen que las aportaciones patronales puedan ser utilizadas para servir de garantía al pago de una deuda, y las casas de corretaje y funcionarios con conocimiento de esta base legal prefirieron ignorarla.   

· La Legislatura de Puerto Rico, controlada por el PNP, rechazó conceder su aval a una emisión de bonos por lo riesgoso al Sistema de Retiro de la pérdida en el mercado de valores. Pero los funcionarios responsables, con el consejo y consentimiento de contratistas y casas de corretaje involucradas en la emisión, continuaron adelante ideando un andamiaje para burlar el consentimiento legislativo, como dicta la ley. 

· Con el consejo y consentimiento de varios funcionarios públicos y la participación de casas de corretaje reguladas por la SEC se obligó sin base legal al Sistema de Retiro del ELA (Estado Libre Asociado) a tomar dinero a préstamo a través de una Emisión de Bonos. La Ley Núm. 447, supra, que crea el Sistema de Retiro del Gobierno, no provee para la emisión de bonos.

· Hubo un cambio súbito de Merill Lynch a UBS como asegurador de la primera emisión de bonos y no se le explicó a la JSF el porqué de ese cambio.    

· A sabiendas de las circunstancias prevalecientes en el mercado de bonistas, funcionarios y casas de corretaje contratadas permitieron la emisión de bonos obligando a que el déficit de dinero en caja se disparara de 60 millones de dólares en 2005-2006 a 380 millones en 2008-2009. 

· La “proporción de financiación” del Sistema bajó de 17.2 a 8.5 por ciento a consecuencia de la  emisión de bonos que se recomendó como buena y positiva para el Sistema,  el más bajo de todos los Sistemas de Retiro de la nación estadounidense. No obstante, todos los participantes de la emisión facturaron y cobraron sus regalías. 

· La Junta de Síndicos aprobó la segunda y tercera emisión de bonos con el propósito de levantar fondos para un plan estratégico de inversiones conocido como Liability Driven Investment (LDI), aprobado por la Junta el 13 de junio de 2008. Esta estrategia nunca se llevó a cabo por la caída de los mercados, pero nunca se le informó a la Junta hasta el 30 de octubre de 2008, aunque denotan las minutas que su presidente sí tenía conocimiento.   

· El 30 de octubre se le informó a la Junta de Síndicos por Irizarry Herrans que el dinero de las últimas dos emisiones de bonos estaba depositado en el BGF, ganando un 2 por ciento, o sea, aproximadamente 4.5 por ciento menos que lo que debían pagar a los bonistas y encima sin dinero para pagar el déficit de efectivo.

· Se desprende del testimonio de González Rosado, administrador del Sistema de Retiro de julio de 2008 a diciembre de 2008, que después de un análisis que hiciera con la Firma Callan & Associates sobre la transacción de las emisiones de los bonos, nunca se debieron hacer por entenderse que cuando se llevaron a cabo, los mercados estaban demasiado inestables. 

· Herrans Barrera durante todo el interrogatorio por los miembros de la Comisión negó que haya intervenido o conocido de la emisión de bonos como asesor financiero, para así evadir un posible flagrante conflicto de intereses. Sin embargo, las minutas de la Junta de Síndicos de 14 de marzo de 2007, habla de que se necesita unas guías de política de inversiones.

· Irizarry Herrans que se desempeñaba como presidente de la Junta de Síndicos durante la emisión de bonos es familia de Herrans Barrera, que se desempeñaba como asesor financiero del SRE y ninguno de los dos le reveló esto a la Junta. Además, Irizarry Herrans fungió al mismo tiempo como presidente de la Junta de Retiro y Presidente del Banco Gubernamental de Fomento, otro craso conflicto de interés. 

· Declaraciones bajo juramento denotan un aparente plan concertado de lograr la emisión de bonos, a pesar de todas las circunstancias adversas. Denotan las declaraciones de Aquino que a los miembros de la Junta de Síndicos no se les dio toda la información con relación a la transacción de la emisión de bonos ya que él desconocía que desde febrero hasta diciembre de 2008 la inversión de 937,000,000 de dólares en vez de ganar, perdió dinero y que esta inversión se convirtió en 831,105,976 de dólares para diciembre de 2009.   

· En los primeros cinco meses, la inversión del Producto de la Primera Emisión de Bonos, Serie A, de febrero a junio de 2008 se perdieron aproximadamente 19 millones de dólares convirtiéndose el principal de la inversión de 937 millones en 918 millones de dólares. 

· Una funcionaria de alto rango que se desempeñó como secretaria de la Junta de Síndicos de Retiro aceptó bajo juramento haber destruido documentos públicos en torno a las deliberaciones y posibles reparos sobre la transacción. 

· Todos los funcionarios, entidades, corporaciones y casas de corretaje envueltas fallaron en cumplir su deber fiduciario, sus normas de ética y su responsabilidad profesional, violentando leyes estatales y federales.

La vicepresidenta cameral Ramos ratificó que ofreció “los datos para actuar; no tienen excusas ni tiempo que perder. ¡Que echen pa’lante!”. INS

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    La legisladora Lourdes Ramos propone un cambio de visión en el país ante la crisis de Fiona. Inter News Service
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