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San Juan, 19 may (INS).- La junta de Colegio de Productores de Espectáculos Públicos (CoPEP) repudió y advirtió hoy sobre las serias consecuencias que tendría para la industria y para los consumidores la aprobación del Proyecto de la Cámara 1795, que pretende enmendar la Ley 113-2005 que creó el CoPEP para disponer la colegiación voluntaria.
Por intermedio de su presidente, Nelson Castro, la vicepresidenta, Soraya Sánchez, y la directora Ivonne Class, acompañados por un grupo de productores, señalaron que “en claro menosprecio a nuestra industria, la Cámara de Representantes se dispone mañana bajar a votación el Proyecto de la Cámara 1795, para eliminar la colegiación compulsoria de los productores en Puerto Rico”.
La Comisión de Gobierno, presidida por el representante Jorge Navarro Suárez, emitió un informe positivo de la medida presentada por un grupo de representantes de mayoría, algunos de los cuales retiraron su apoyo al proyecto en el proceso.
“Este acto constituye un atentado contra la industria, su aportación al desarrollo económico del país y relega a la incertidumbre a los consumidores. La colegiación voluntaria es un retroceso a los tiempos donde no existía garantía alguna para el consumidor sobre la realización del evento y menos sobre su dinero”, advirtió Castro.
Mientras, Sánchez explicó que “la colegiación compulsoria le pone cara a la presentación de eventos. ¿Cuál es el propósito de este proyecto de ley, qué adelanta, a quién favorece?”, cuestionó.
Class, en tanto, explicó que con una colegiación voluntaria ”se elimina la representación monolítica y con ello el potencial y la capacidad de negociación para facilitar los negocios en la compra de productos y servicios que al final le permite al productor no aumentar los costos de los boletos”.
“El proyecto promueve que productores extranjeros desplacen a los residentes, se exporte el capital, escudándose detrás de corporaciones en detrimento de los consumidores”, dijo la productora.
El informe de la Comisión cita la recién determinación del Tribunal Supremo que expresa que el Estado puede regular las profesiones, pero debe hacerlo mediante el método menos oneroso. En el caso de los mecánicos, se dice que la medida menos onerosa sería a través de la Junta Examinadora, por lo que no tiene que ser a través del Colegio.
“Este no es el caso de los productores, porque la profesión de productor de espectáculos públicos no tiene una Junta Examinadora y Hacienda no es el equivalente a una junta”, aclaró Castro.
Agregó que “según la medida que la Cámara pretende aprobar, no es de interés apremiante del Estado que quien represente a los consumidores sea un profesional de la industria, ¿entonces quién, el Departamento de Hacienda?”.
Apuntó que “el Departamento de Hacienda, a cargo de emitir la licencia para que los productores podamos operar, desconoce la operación básica de la industria. El mejor ejemplo de esto es que llevamos 13 años reclamando la actualización del Reglamento de Promotores con fecha de 1996, estamos operando con un reglamento que tiene 23 años y que no se ajusta a las necesidades actuales”.
“De hecho, no existe ni siquiera personal para fiscalizar e intervenir a través de inspecciones que les corresponden. El Estado no tiene dinero para servicios esenciales como seguridad, salud, carreteras, y pretende ahora asumir la fiscalización de las industrias o establecer los estándares de servicio y calidad y, sin conocimiento alguno, también van a manejar los aspectos éticos de la profesión”, concluyó. INS
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