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Resumen de noticias para el sábado 18 de mayo de 2019
P. Rico-JSF desestima expresiones de Rosselló Nevares: señala que no son razones ideológicas por las que recortará pensiones y que el gobierno no tiene el dinero para sufragar ese gasto
San Juan, 18 may (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) señaló que “no quiere recortar las pensiones”, pero son las “limitaciones legales y fiscales” que pesan sobre Puerto Rico la que obligan al organismo a tomar la medida.
Además, desestimó las expresiones del gobernador Ricardo Rosselló Nevare en su mensaje de ayer, jueves, y aseguró que no pesan las “ideologías” en su determinación de reformar las pensiones.
Según la Junta, “décadas de mal manejo financiero, pobre financiamiento y préstamos sobre las pensiones de la gente, han dejado a los sistemas de retiro del gobierno central, maestros y jueces prácticamente sin dinero. Si el gobierno de Puerto Rico no hubiera comenzado a pagar las pensiones utilizando como fuente de financiamiento el presupuesto del fondo general, los pensionados ya habrían dejado de recibir sus cheques”.
Añade que “eso significa que, de su presupuesto operacional, el gobierno tiene que identificar los fondos para pagar el costo
anual de las pensiones (aproximadamente 2,500 millones al año), dado a que los sistemas de retiro están en quiebra. En el pasado, los gobiernos fracasaron en identificar los fondos suficientes para pagar pensiones y, por lo tanto, tomaron más dinero prestado y gastaron todo el dinero con el que contaba el sistema de retiro”.
La JSF, en declaraciones escritas, estima que “el gobierno no puede tomar prestado y no hay dinero en el sistema de retiro. La Junta de Supervisión no duda que las intenciones del gobernador de pagar las pensiones en su totalidad ahora y siempre, sean sinceras. Pero lamentablemente la realidad es que el gobierno no tiene el dinero para sufragar este gasto”.
A su vez, expone que la política de la Junta para reformar pensiones reduce el costo de éstas por más de 10,000 millones durante los próximos 30 años para lograr que las pensiones sean asequibles y sostenibles para el gobierno.
Además, el organismo explica que, combinada con las demás reformas del plan fiscal, “esta reforma de pensiones asegura que los próximos gobiernos siempre cuenten con los recursos para pagar el dinero que les pertenece a los retirados, hoy y en el futuro. Esto significa que nunca más los pensionados pasen por la difícil situación de dudar si recibirán o no las pensiones que se ganaron con su esfuerzo”.
“Los jubilados en Puerto Rico no tienen la culpa de la situación en la que se encuentran el gobierno y los sistemas de retiro. Los jubilados son víctimas de la conducta irresponsable de gobiernos anteriores. La reforma de pensiones de la Junta de Supervisión está diseñada para corregir estos errores, logrando que las pensiones sean asequibles y sostenibles para el gobierno, mientras se cumple con la Ley Promesa”, consideró la JSF.
Igualmente, recordó que bajo el proceso de título III de Promesa los pensionados “se consideran acreedores no asegurados, cuyo trato bajo el plan de ajuste tendrá que ser aprobado por un tribunal. Promesa provee para que solamente la Junta de Supervisión pueda proponer cuánto recibirán los pensionados; no el Gobernador. Pero todo lo que proponga la Junta tendrá que ser aprobado por un tribunal. Otros acreedores del gobierno, como los bonistas, argumentarán ante el tribunal que el dinero que va dirigido a pagar las pensiones debería destinarse al pago de los bonos del gobierno”. Agrega que “slgunos de estos acreedores también argumentarán que la Constitución de Puerto Rico establece que la deuda tiene prioridad y se debe pagar antes que las pensiones. La Junta de Supervisión hará todo lo que esté en sus manos para asegurarles a los retirados
la mayor cantidad posible de sus pensiones. No obstante, legalmente la Junta de Supervisión está consciente de que el tribunal no permitirá que las pensiones se paguen en su totalidad, cuando los bonistas reciben mucho menos de lo que se les debe”.
Por esta razón, sostiene la la Junta, se desarrolló “una política para reformar las pensiones que ha sido parte de cada plan fiscal desde 2017. Esa iniciativa, que ha resultado en una recuperación del 90% de los dineros de los pensionados, también intenta limitar los recortes a aquellos que están en una mejor posición económica para asumirlos”.INS
P. Rico-Gobernador firma leyes dirigida a apoyar a los municipios
San Juan, 18 may (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares firmó ayer tres leyes de apoyo fiscal a los municipios, entre las que está el proyecto de Senado 1258 o la Ley para la Reducción de las Cargas Administrativas de los Municipios, a fin de eliminar la obligación de los ayuntamientos de aportar al Plan de Salud del Gobierno y al sistema de Pay as You Go.
El primer ejecutivo firmó, además, el proyecto del Senado 1266 y el proyecto de la Cámara 2058.
Los proyectos del Senado son de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz; y el 2058 del presidente de la Cámara de Representado, Carlos Méndez Núñez.
“Una de las cargas más importantes que tienen los municipios es el pago que realizan al plan de salud del Gobierno y al sistema de Pay as You Go. Las opciones del Gobierno central para apoyar fiscalmente a los municipios actualmente son limitadas, pero confiamos en que estas tres leyes sean herramientas de ayuda mientras seguimos trabajando en colaboración con los alcaldes”, indicó Rosselló Nevares.
El primer ejecutivo agradeció además “el esfuerzo de los presidentes del Senado y la Cámara en la autoría de estos proyectos y por continuar en la búsqueda constante de medidas que alivien la carga de los municipios en tiempo de tantos desafíos”.
A partir del 30 de septiembre de 2019, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) retendrá en el Fondo de Equiparación un 50 por ciento de la cantidad que correspondería a los municipios desembolsar a la Administración de Seguros de Salud (ASES).
Además, a partir del año fiscal 2019-2020, se retendrá hasta 90 por ciento de la cantidad que correspondería pagar a los municipios al Pay as you Go, a fin de que distribuyan a los municipios según las normas aplicables al fondo.
El plan fiscal que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) contempla la reducción de las transferencias de fondos del Fondo General a los municipios hasta su eliminación al año 2023, cuya cifra ronda en 360 millones anuales, indicó La Fortaleza.
Se estima que el impacto fiscal para los municipios entre estas partidas alcanza los 400 millones anualmente, agregó y aseguró que los sobrantes serán distribuidos en efectivo entre los municipios, sobre la base de la proporción a la que aportan a las remesas.
Rosselló Nevares también estampó su firma en el proyecto del Senado 1266, a fin de conceder tiempo adicional a los municipios para someter el presupuesto municipal a la legislatura municipal y la Oficina de Gerencia Municipal.
La fecha propuesta será no más tarde del 10 de junio.
La legislatura municipal tendrá hasta diez días desde que lo reciba para evaluarlo y aprobarlo, sin excederse del 20 de junio.
El primer ejecutivo convirtió en ley el proyecto de la Cámara 2058, a fin de modificar las alternativas de fórmula de distribución para que la administración del CRIM y su junta de gobierno puedan elaborar métodos alternativos de distribución.
Se establece que el cómputo del total de los ingresos que se distribuirán en el año fiscal 2018-2019 y años subsiguientes se hará al usar como año base el año fiscal 2016-2017.
La junta de gobierno del CRIM queda facultada para establecer una fórmula para distribuir los fondos, según las circunstancias de cada año.
La Junta también podrá establecer cualquier otro criterio objetivo para que se mantenga la proporcionalidad en la distribución que se hace entre los municipios, de manera discrecional.INS
P. Rico-JSF envía comunicación al gobernador y a presidentes de la Cámara y el Senado en la que asegura que proyecto 1258, que ayuda a municipios y pensionados, no cumple con plan fiscal certificado
San Juan, 18 may (INS).- La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, envió una comunicación al gobernador y a presidentes de la Cámara y el Senado en la que asegura que el proyecto 1258, que ayuda a municipios y pensionados, no cumple con el plan fiscal certificado.
Jaresko, dirigiéndose al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a Thomas Rivera Schatz y a Carlos Méndez Núñez, señala que la aprobación en la Legislatura del proyecto de ley 1258, que se refiere a las obligaciones de los municipios en virtud de la Ley 106 de 2017 (“Ley para garantizar el pago de Beneficios de pensión para jubilados y para establecer un nuevo plan de contribución definida para el público empleados”) y la Ley 72 de 1993 (” Ley de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”) “no identifica una fuente alternativa de financiamiento, lo que implica que el Fondo General subvencionará este gasto”.
Según la portavoz de la JSF, el proyecto de ley exime a los municipios de pagar sus obligaciones con ASES y la obligación de pensión de PayGo para jubilados, “sin identificar una fuente alternativa de financiamiento, lo que implica que el Fondo General subvencionará este gasto. Sobre la base de nuestra revisión preliminar del proyecto de ley, la Junta de Supervisión estima el el impacto fiscal potencial será de aproximadamente 311 millones para el año fiscal 2020 y 1.7 mil millones en los próximos cinco años fiscales”.
Agregó que “esto haría que el proyecto de ley no cumpliera con el plan fiscal certificado, que incluye el pago total por parte de los municipios de sus obligaciones a ASES y PayGo”.
Sin embargo, Jaresko expone que “en caso de que el gobernador firme el proyecto de ley, la Junta de Supervisión espera recibir dentro de siete días hábiles la estimación de costos formal y la certificación de cumplimiento conforme a la Sección 204 (a)”.INS
P. Rico-Principal oficial financiero del gobierno asegura que habrá fondos para pensiones, bono de Navidad y se pagará a los bonistas
San Juan, 18 may (INS).- El principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado, aseguró que habrá fondos para las pensiones, el bono de Navidad y, además, “se pagará a los bonistas”.
El también secretario de Hacienda afirmó además que “no son necesarios los recortes”, como ha establecido la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El funcionario anticipó en una conferencia de prensa en La Fortaleza que “tenemos un desarrollo económico que va a ser sostenible y los ingresos aumentarán en los próximos años y se bajarán los gastos en el gobierno con la consolidación de agencias”.
A su vez, consideró que el gobierno debe “diversificar la economía”.
En cuanto a las pensiones, declaró que hay fondos para pagarlas en los próximos años.
Las expresiones de Maldonado se dan cuando también hoy la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, envió una comunicación al gobernador y a presidentes de la Cámara y el Senado en la que asegura que el proyecto 1258, que ayuda a municipios y pensionados, no cumple con el plan fiscal certificado.
Jaresko, dirigiéndose al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, a Thomas Rivera Schatz y a Carlos Méndez Núñez, señala que la aprobación en la Legislatura del proyecto de ley 1258, que se refiere a las obligaciones de los municipios en virtud de la Ley 106 de 2017 (“Ley para garantizar el pago de Beneficios de pensión para jubilados y para establecer un nuevo plan de contribución definida para el público empleados”) y la Ley 72 de 1993 (” Ley de Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”) “no identifica una fuente alternativa de financiamiento, lo que implica que el Fondo General subvencionará este gasto”.
Según la portavoz de la JSF, el proyecto de ley exime a los municipios de pagar sus obligaciones con ASES y la obligación de pensión de PayGo para jubilados, “sin identificar una fuente alternativa de financiamiento, lo que implica que el Fondo General subvencionará este gasto. Sobre la base de nuestra revisión preliminar del proyecto de ley, la Junta de Supervisión estima el impacto fiscal potencial será de aproximadamente 311 millones para el año fiscal 2020 y 1.7 mil millones en los próximos cinco años fiscales”.
Agregó que “esto haría que el proyecto de ley no cumpliera con el plan fiscal certificado, que incluye el pago total por parte de los municipios de sus obligaciones a ASES y PayGo”.
Sin embargo, Jaresko expone que “en caso de que el gobernador firme el proyecto de ley, la Junta de Supervisión espera recibir dentro de siete días hábiles la estimación de costos formal y la certificación de cumplimiento conforme a la Sección 204 (a)”.INS
P. Rico-Gobierno refleja el mes pasado una baja de 6,000 empleos asalariados al compararlo con abril de 2018
San Juan, 18 may (INS).- Por octavo mes consecutivo, las cifras de empleo asalariado reflejaron aumentos interanuales al registrar, para abril de este año, 18,200 empleos más que en el mismo mes del año pasado, informó el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Carlos Saavedra Gutiérrez.
Mientras, el sector de Gobierno reflejó una baja de 6,000 empleos asalariados al compararlo con abril del año pasado.
Las encuestas más recientes publicadas por el DTRH) y certificadas por el Negociado federal de Estadísticas Laborales (BLS, siglas en inglés), mediante un acuerdo colaborativo, ubicaron el empleo asalariado no agrícola con 873,100 puestos para abril de 2019.
Esto representa unos 18,200 empleos más que en el mismo mes del año pasado y cien más que en el mes anterior, según los datos que se recopilan a base de las nóminas de los establecimientos comerciales.
Con estas cifras, el empleo asalariado muestra aumentos interanuales en su octavo mes consecutivo, luego de reflejar pérdidas interanuales durante 66 meses.
Asimismo, el empleo asalariado en el sector privado demostró un crecimiento interanual y registró un aumento de 24,200 empleos más en comparación con el mes de abril de 2018.
La encuesta reflejó 670,100 empleos asalariados en el sector privado para el mismo mes de este año, siendo la cifra más alta para un mes de abril en cuatro años.
Al relacionar esa cifra con marzo de 2019, refleja una reducción de 500 empleos asalariados en este sector.
La encuesta del Grupo Trabajador ubicó la tasa de desempleo en 8.7 por ciento, lo que representa uno por ciento menos que en abril de 2018 y 0.1 por ciento menos que en el mes anterior.
A su vez, la tasa de participación en abril de 2019 se estimó en 40.7 por ciento, lo que significa un aumento de 0.4 por ciento al compararla con el mismo mes del año anterior e igual por ciento de aumento en relación a marzo de 2019.
Este es el por ciento más alto registrado para un mes de abril en siete años.
Mientras, el empleo total registró 977,000 personas trabajando.
Esto representa unos 2,000 trabajadores más al compararlo con las personas empleadas que se estimaron en marzo de este año y 6,000 menos al relacionarlo con marzo del año anterior.
“Aunque reconocemos que aún no hemos superado la difícil situación económica, hay áreas que se han recuperado totalmente, como el empleo asalariado en el sector privado, que sobrepasa las cifras registradas previo a los huracanes en agosto de 2017, con 8,300 empleos adicionales”, sostuvo el secretario.
El titular del Trabajo también destacó que los 670,100 empleos asalariados en el sector privado reflejaron, incluso, 4,300 empleos adicionales a los 665,800 registrados en diciembre de 2016.
Los sectores industriales que registraron alzas en puestos con relación al año anterior fueron Recreación y Alojamiento (5,000), Servicios Educativos y de Salud (4,800), Comercio, Transportación y Utilidades (4,700), Minería, Tala y Construcción (2,900), Servicios Profesionales y Comerciales (2,400) Finanzas (1,800), Información (1,100), Manufactura (1,000) y Otros Servicios (500).
Las industrias que reflejaron bajas con relación al mes anterior fueron Comercio, Transportación y Utilidades (400), Servicios Profesionales y Comerciales (400), Manufactura (100), Servicios Educativos y Salud (100) y recreación y Alojamiento (100).
El sector de Gobierno reflejó una baja de 6,000 empleos asalariados al compararlo con abril del año pasado.INS
ndc