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Los abogados Ariadna Godreau-Aubert, Verónica Rivera, Ricardo RamosGonzález y Tania Morales alertaron de la situación hipotecaria del país. Inter News Service
San Juan, 15 may (INS).- Miles de familias puertorriqueñas están abocadas a perder sus hogares, cuando a partir de julio se intensifique el proceso de ejecución de sobre 250 mil hipotecas, alertó hoy la entidad Ayuda Legal Puerto Rico (ALPR) que pidió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares decretar un estado de emergencia nacional para hacer frente a la crisis.
“La crisis no afecta a todas las personas por igual, pero hay personas más vulnerables y suelen enfrentar solas este doloroso proceso, y no tiene que ser así; tienen derechos y opciones, y pueden recibir ayuda”, explicó la licenciada Ariadna Godreau-Aubert, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro.
Ayuda Legal Puerto Rico consideró que esta crisis es una emergencia nacional al estimar que más de un 25 por ciento de la población puertorriqueña o sobre 750 mil personas, están afectadas, al contabilizarse más de 250,260 viviendas en riesgo de ejecución.
La abogada recordó que el huracán María dejó 300 mil viviendas afectadas en un país que ya sufría una crisis económica y tiene un nivel de pobreza de entre 42 y 53 por ciento de su población.
“En 2017, el año que pasaron los huracanes Irma y María, se registraron 16 ejecuciones de hipotecas por día, y en los dos primeros meses, 459 viviendas fueron ejecutadas por los bancos, lo cual es alarmante, y nos motivó a crear un protocolo para ayudar tanto a personas como a instituciones a enfrentar la situación”, indicó la abogada en rueda de prensa junto a sus colegas Tania Morales Cruz, Verónica Rivera y Ricardo Ramos González, director de la Clínica sobre Ejecuciones de Hipotecas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El protocolo de primeros auxilios para armar a las personas, proveedores de servicios y organizaciones sin fines de lucro con las herramientas e informaciones necesarias sobre sus derechos, dijo, como cuándo el banco enviará cartas de cobro detallando penalidades, después del primer atraso o o iniciar un proceso legal de cobro y ejecución de hipoteca en el tribunal.
Ramos González aseguró que los datos oficiales no lo dicen todo, pues según la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIT), la cifra de viviendas ejecutadas por los bancos entre 2016 y 2018 ha bajado, pero eso es una merma artificial pues no incluye los préstamos vendidos o presentados ante el tribunal de quiebra, ni las subastas o hipotecas revertidas.
Explicó que se esperaba un aumento en 2017, pero las moratorias a los pagos de hipotecas y el cierre temporero de los tribunales aplazó los casos, creando una merma artificial.
Aclaró que debido a que han adquirido préstamos hipotecarios de Puerto Rico, empresa estadounidenses han entablado acciones en el tribunal federal en San Juan, lo que complica el panorama para muchas personas por tener un entendimiento pleno del idioma inglés.
La organización recomendó a la banca, durante una mesa redonda con periodistas, hacer más accesible la información a su clientela y adoptar criterios de responsabilidad social, mientras ratificó al gobierno su exhortación a “declarar un estado de emergencia ante la avalancha de ejecuciones de hipoteca que se avecina”.
El gobierno debe tomar medidas para paralizar todos los procesos, incluyendo subastas, y convocar una comisión especial para atender la crisis hipotecaria en Puerto Rico, recomendó Ramos González.
Los letrados indicaron que los problemas de acceso a la justicia agravan más la situación para la población.
“Como la información es muy técnica, muchas veces en inglés, la orientación de la banca es inadecuada, falta educación y representación legal y la situación causa una gran carga emocional, mucha gente enfrenta este proceso sola y no tiene que ser así”, señaló Godreau-Aubert.
Los letrados de Ayuda Legal Puerto Rico manifestaron que el “protocolo de primeros auxilios” de la organización recomienda varios pasos para que las instituciones proveedoras de servicios puedan identificar y canalizar los casos de ejecución de hipotecas de forma adecuada y los dueños de préstamos hipotecarios sepan qué opciones tienen.
“Queremos que las personas conozcan sus derechos y reciban el acompañamiento legal que necesitan; especialmente nos interesa que grupos vulnerables, como adultos mayores, personas con diversidad funcional, mujeres, reciban la asistencia necesaria”, indicó Morales Cruz al destacar la importancia del documento del protocolo confeccionado por Ayuda Legal Puerto Rico.
En la mayoría de las ocasiones es posible detectar cuándo una persona se encuentra en riesgo de que su vivienda sea ejecutada.
“Si la persona no ha incumplido, pero se contempla que eventualmente tendrá dificultades para cumplir con un pago, se puede solicitar al banco una negociación para mejorar las condiciones del préstamo hipotecario y salvar la propiedad”, dijo Godreau-Aubert.
La directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico aclaró que, contrario a la percepción generalizada, ninguna persona puede ser removida de su casa por el banco, pues se requiere que se inicie y complete un proceso judicial.
Es falsa la idea de que el inmueble es propiedad del banco porque haya de por medio una hipoteca, como suele pensar la gente.
El protocolo de Ayuda Legal Puerto Rico, accesible a todo público en su sitio web ayudalegalpuertorico.org, cubre desde atención de llamadas telefónicas, orientación, proceso judicial, alternativas antes de la ejecución de la hipoteca, responder la demanda judicial, mediación compulsoria, sentencia, subasta, mitigación de pérdidas, venta judicial, cronología de eventos, personas vulnerables, y directorio de servicios legales gratuitos, entre otros. INS
ndc
