Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 14 de mayo de 2019
P. Rico-Junta de Supervisión rechaza Plan Fiscal Revisado
San Juan, 14 may (INS).- Por intermedio de una carta, la Junta de Supervisión Fiscal informó al gobernador que determinó que el presupuesto propuesto por el gobierno para el año fiscal 2020, presentado el 28 de marzo pasado, no cumple con Plan Fiscal Revisado, según lo certificado por la Junta el 9 de mayo.
El Plan Fiscal Revisado incorpora una serie de actualizaciones para nueva información y datos, así como inversiones enfocadas y prioridades fiscales. Como resultado de las actualizaciones del Plan Fiscal Revisado, la Junta de Supervisión está proporcionando un pronóstico revisado de los ingresos del año fiscal 2020 de conformidad con la sección 202 (b) de Promesa.
La carta también proporciona información actualizada sobre las metas de nómina y gastos operativos que se deben utilizar en la presentación del presupuesto revisado y que se deben entregar a la Junta de Supervisión a más tardar el 17 de mayo.
Señaló asimismo que se requiere información adicional del gobierno antes de que la Junta de Supervisión pueda aprobar el presupuesto propuesto por el gobierno para el año fiscal 2020 y lo presente a la Legislatura.
Entre los elementos más importantes de incumplimiento, la Junta señala
La presentación del gobierno del Fondo General superó al de la Junta de Supervisión por aproximadamente 1.5 mil millones de dólares
Bonificación de Navidad. La presentación del gobierno incluía pagos de bonificaciones de Navidad a los empleados por un total de 41.2 millones.
La presentación del gobierno incluía reservas adicionales más allá de los 130 millones de reservas de emergencia permitidas en el Plan Fiscal Revisado.
Servicios profesionales: los servicios profesionales clasificados como “otros” excedieron el umbral del 10% establecido por la Junta de Supervisión
La información de apoyo del gobierno para agencias individuales se presentó de manera inoportuna e intermitente, incluso después de que la Junta de Supervisión acordara una extensión de la fecha tope.
De conformidad con la sección 202 (b) de la ley Promesa, la Junta de Supervisión ha determinado que para el año fiscal 2020 la previsión de ingresos del Fondo General que se utilizará para fines presupuestarios es de 9,051 millones y la previsión de ingresos del fondo es de 3,550 millones.
En adición, se indica que los objetivos revisados para el año fiscal 2020 incluyen gastos adicionales en las siguientes áreas de prioridad fiscal:
Sistema de salud: $25 millones de inversión en gastos iniciales para el Centro Integral del Cáncer; $19 millones de inversión anual para mantener los niveles de personal de enfermería; 2.5 millones de inversión en el Centro Cardiovascular para materiales y $12 millones, igualmente invertidos durante un período de dos años en salud mental y medicamentos.
En la Administración de Servicios de Adicciones para la acreditación de Medicare, aumento de 241 millones de dólares del Fondo General en el seguro de salud de Puerto Rico en comparación con los objetivos de enero.
En Policía, 15% de aumento salarial para oficiales de la Policía y una contribución de 250 dólares por empleador por oficial de seguro de vida e invalidez por una inversión de 73 millones de dólares, 33 millones por año para contribuciones de la Seguridad Social a todos los funcionarios y 122 millones para policías adeudados por servicios pasados.
Para Bomberos, aumento salarial de 500 dólares por bombero para atraer y retener talento, lo que equivale a una inversión anual de aproximadamente un millón de dólares y 2.9 millones de inversión en equipos y materiales de seguridad.
Instituto de Ciencias Forenses, inversión de personal para permitir que 95 nuevos empleados disminuyan la acumulación de casos, presupuesto que asciende a aproximadamente 4.6 millones y 760 mil de inversión anual en materiales de laboratorio y equipos.
Educación, incremento salarial de 500 dólares para todos los docentes y directores, que asciende a una anualidad de 14 millones de dólares y 39 millones de inversión anual en la beca UPR hasta el año fiscal 2024.
Finalmente, señala que la Junta de Supervisión espera trabajar juntos para certificar un presupuesto para el año fiscal 2020 para el 30 de junio. INS
P. Rico-Senadores Vargas Vidot y Dalmau Ramírez encabezan rechazo a decisiones de la JSF
San Juan, 14 may (INS).- Las más recientes determinaciones de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), incluyendo las reducciones en el plan de pensiones del gobierno, junto a otras pretensiones presupuestarias, recibieron el más rotundo rechazo del Senado, en particular de los senadores Juan Dalmau Ramírez y José Vargas Vidot.
Para Dalmau Ramírez, las decisiones de la Junta en su última reunión pública son en reacción “ante la resistencia de un país que la repudia, el imperio contraataca”.
“Menos dinero para el trabajador asalariado, de a pie, que trata de llevar un plato de comida a su casa de forma honesta… a ese se le va a penalizar”, opinó el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Dalmau Ramírez ha reiterado en varias ocasiones que se deben aumentar los impuestos a las corporaciones foráneas en lugar de castigar a los trabajadores.
Por su parte, el senador independiente Vargas Vidot manifestó que la “Junta vergonzosa” toma decisiones arbitrarias contra todos los sectores del país, pero particularmente contra los pensionados.
“No existe en ninguno de los lugares que visito en el país un lugar donde no encuentre un pensionado que exprese el dolor de la incertidumbre, de sentirse abandonados y no saber en dónde están parados; ese 10 por ciento (que se le va a quitar) a un sector de pensionados, que ya los hemos llevado a la pobreza, los va a llevar la miseria”, cuestionó Vargas Vidot para quien el aumento de 500 dólares anuales a policías, maestros y bomberos es un “insulto”.
Destacó en su turno inicial que “500 dólares al año equivalen a 15 o 20 dólares quincenales; hay que tener una mente que raye en lo ridículo”. INS
P. Rico-Márquez Lebrón reitera que no aprueben proyectos de descolegiación tras decisión del Tribunal Supremo
San Juan, 14 may (INS).- El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, en la Cámara de Representantes insistió en que no se aprueben los proyectos de descolegiación ante la consideración de ese cuerpo legislativo.
“Ante la equivocada y perjudicial decisión del Tribunal Supremo es necesario continuar con la batalla para que la gran mayoría de los proyectos de descolegiacion no sean aprobados, (pues) el mensaje de la Cámara debe ser uno claro y contundente a favor de los colegios”, expresó el legislador del PIP.
Consideró que con ese proceder se reconocería que existe un interés apremiante del gobierno para mantener la existencia de diversos colegios de profesionales, en rechazo a la decisión del foro judicial.
Para Márquez Lebrón, contrario a la impresión generada tras la determinación del Tribunal Supremo en el caso de técnicos y mecánicos automotrices, esta decisión no significa la descolegiación automática de todos los colegios obligatorios.
“Lo que aplica del caso de los técnicos y mecánicos automotrices a las demás profesiones, es que para determinar la validez constitucional de cada una de esas colegiaciones compulsorias, hay que aplicar un escrutinio estricto y el Estado debe tener un interés apremiante, el cual se debe determinar caso a caso”, abundó el legislador independentista.
Precisó, además, que durante el proceso de vistas públicas quedó demostrado las condiciones de inoperabilidad e ineficiencia de las distintas juntas.
“Ha quedado demostrado que las diversas Juntas Examinadoras bajo el Departamento de Estado y de Salud no poseen presupuesto, ni personal para cumplir con sus funciones, siendo los diversos colegios los que fiscalizan la profesión, atienden querellas éticas, promueven la educación continua de su miembros, cumpliendo funciones de interés público”, sostuvo.
Diversos colegios existen hace décadas al servicio del país y sin ningún tipo de cuestionamiento, por lo que el interés apremiante del Estado de proteger la vida, salud y seguridad de los y las puertorriqueñas, solamente se logra mediante la intervención de los colegios que la mayoría de las veces –por no decir todas– asumen la responsabilidad del Estado para proteger los intereses de la población, dijo.
“Es muy importante continuar aunando esfuerzos para que los proyectos de descolegiación ante la consideración de la Cámara no sean aprobados”, ratificó Márquez Lebrón. INS
P. Rico-Aclara la Junta que no ha solicitado medidas adicionales a la UPR
San Juan, 14 may (INS).- La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico aclaró hoy que no se le ha solicitado a la dirección de la Universidad de Puerto Rico (UPR) medidas fiscales, gastos o ingresos adicionales a los que se habían incluido en su plan fiscal certificado en octubre pasado.
El organismo explicó en declaraciones escritas que el proceso de revisión tiene que ver estrictamente con actualizar información y reflejar el progreso de las medidas de implementación.
“Por ejemplo, se desea conocer las cifras actualizadas con respecto a estudiantes matriculados, así como información reciente sobre los próximos aumentos en el costo de la matrícula”, dijo la Junta de Supervisión Fiscal.
Aclaró que el proceso de revisión del plan fiscal de la UPR tiene el propósito que esté alineado con el Plan Fiscal Certificado 2019 del gobierno de Puerto Rico.
La JSF respondió de ese modo al planteamiento del presidente de la UPR, Jorge Haddock, de rechazo a exigencias a los fines de que la institución académica implemente nuevos recortes fiscales y una nueva alza de matrícula, entre otras medidas.
“Rechazamos esas nuevas exigencias. La UPR ha sido muy responsable, se han hecho ajustes sustanciales con sensibilidad para evitar el impacto a nuestros estudiantes y personal. Hemos llegado a los ahorros solicitados sin despedir empleados, sin cerrar recintos y sin eliminar beneficios como exigieron inicialmente. Imponer nuevas medidas pudieran trastocar la calidad de la enseñanza y eso no lo permitiremos”, manifestó Haddock.
En su más reciente misiva, emitida el 1 de mayo de 2019, la JSF solicita que la UPR incluya en su plan fiscal nuevas alzas en el costo de matrícula, entre otras medidas fiscales.
“Nos encontramos realizando un análisis detallado del presupuesto y hemos implementado medidas de ahorro y reducción de gastos de las finanzas de la institución. Al mismo tiempo, estamos trabajando en el desarrollo de iniciativas para incrementar los fondos externos y generar nuevos ingresos. Reducir más impactaría a toda la comunidad universitaria, incluyendo a los empleados”, explicó.
El presidente añadió que “las exenciones de matrícula se trasformaron en un nuevo modelo de ayuda económica para continuar ayudando a nuestros estudiantes de manera más responsable. Además, se implementó un programa de becas para garantizar el acceso a todo alumno que cualifique por sus méritos académicos para estudiar en el primer centro docente de Puerto Rico”.
Opinó que “nuestra institución es un pilar de desarrollo y capital humano para la isla y tenemos que fortalecerla. Hacer lo contrario sería una movida perjudicial para el primer centro docente de Puerto Rico”.INS
P. Rico-Antiguo vertedero de desechos peligrosos en Peñuelas es incluido en Lista Nacional de Prioridades de EEUU bajo programa de la EPA
San Juan, 14 may (INS).- La comisionada residente Jenniffer González Colón, informó de la inclusión de Proteco, antiguo vertedero de desechos peligrosos en Peñuelas, en la Lista Nacional de Prioridades (NPL, siglas en inglés) bajo el programa Superfund de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).
Según González Colón, la medida es un gran avance para proteger la salud de cerca de 17,000 residentes de la zona sur de los residuos contaminantes del antiguo vertedero.
“Este programa, establecido en 1980 y renovado bajo la actual administración en el 2017, ofrece las herramientas legales y recursos necesarios a la agencia federal para poder trabajar para garantizar la seguridad y salud, en este caso de los residentes de Peñuelas más expuestos al riesgo de los residuos contaminantes de este vertedero. Destaco el trabajo en equipo de la EPA con las agencias locales para que esta limpieza se convirtiera en una prioridad a nivel nacional”, expresó la comisionada residente.
Agregó que “como parte de esta designación, primero inicia el proceso de evaluación de los niveles de contaminación dentro y fuera de la facilidad. Dependiendo de los niveles de contaminación dentro y fuera de la facilidad, se determina las acciones remediativas y correctivas a seguir, incluyendo el proceso de limpieza. El anuncio de hoy solo se refiere a la designación como sitio a ser atendido bajo Superfund. Los fondos que vayan a ser asignados se anunciarán dentro del presupuesto de la agencia”.
La inclusión de Proteco en la lista de Superfund fue confirmada por la EPA hoy al dar a conocer siete nuevos integrantes de la lista a nivel de EEUU.
La Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales endosaron la inclusión de Proteco en la lista de Superfondo, que fue recomendado por la EPA en mayo de 2018.
Proteco operó en Peñuelas como una vertedero de materiales peligrosos entre 1975 y 1999, pero la empresa abandonó el lugar en el 2009 sin continuar el monitoreo y mantenimiento correspondiente posterior al cierre.
Las fuentes de residuos no contenidas y el agua subterránea contaminada con mercurio y solventes en el lugar amenazan la contaminación de los suministros de agua privados y públicos en el área, de los cuales dependen más de 17,000 personas.
La Lista Nacional de Prioridades de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU es manejada bajo el programa Superfund, establecido por el Congreso en 1980 y renovado por esta administración en 2017.
Este es responsable por la limpieza de las tierras más contaminadas a nivel nacional y además responde a las emergencias ambientales, como derrames de petróleo, así como a desastres naturales.
El programa busca proteger la salud pública y el ambiente y hacer la diferencia con restauraciones visibles y permanentes.INS
P. Rico-Gobernador Rosselló Nevares anuncia comienzo de nuevas tarifas para médicos dentistas
San Juan, 14 may (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó la puesta en vigor del aumento a las tarifas bajo el plan Vital para los médicos cirujanos dentistas, efectivo el próximo 1 de julio.
El nuevo tarifario, que surge como resultado de un esfuerzo colaborativo entre la ASES, la Escuela de Odontología del Recinto de Ciencias Médicas y el Colegio de Cirujanos Dentistas, servirá como referencia para las contrataciones de dichos profesionales con las aseguradoras que forman parte del plan Vital.
“Nos enorgullece anunciar que hemos comenzado a hacer justicia a nuestros médicos dentistas, para de esta manera garantizar que un mayor número de ellos se queden en Puerto Rico y que los beneficiarios del Plan Vital reciban los mejores servicios de salud oral”, puntualizó el primer ejecutivo.
En tanto, la directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Ángela Ávila, detalló que “luego de que durante el pasado mes de abril se presentara oficialmente el tarifario guía para los servicios dentales cubiertos por el Plan Vital, nos dimos a la tarea de identificar los fondos necesarios para hacer una realidad este esfuerzo”.
Ávila añadió que “reconociendo la necesidad de actualizar los pagos por los servicios de salud oral y de acuerdo con el tarifario guía, se han presupuestado aproximadamente 17 millones para este ajuste”.
Los fondos garantizan las tarifas recomendadas para el año fiscal 2020.
Esta es la primera vez que la ASES toma medidas para establecer un tarifario sugerido para la cubierta de servicios dentales que tienen los 1.2 millones de beneficiarios del plan Vital.
Ávila enfatizó que “por primera vez, desde el establecimiento del plan de salud del gobierno se logra este aumento a las tarifas de los dentistas. Hace 25 años que el entonces gobernador Pedro Rosselló estableció la Reforma de Salud; hoy, por primera vez, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares logra aumentar las tarifas a los dentistas. De esta manera hacemos justicia, protegiendo la profesión y garantizando mayor acceso a los pacientes”.
Rosselló Nevares reconoció nuevamente el reto que presenta la desigualdad existente en la asignación de fondos federales que recibe Puerto Rico para financiar el sistema de salud.
“Nos hemos comprometido con dar paso a todas las gestiones necesarias para que se nos asignen los recursos y proveer mejores condiciones de pago para nuestros médicos, deteniendo de esta forma el éxodo sostenido de profesionales de la salud, lo cual atenta contra la estabilidad del sistema”, señaló el gobernador.INS
P. Rico-Grupos asociados a Queremos Sol alertan sobre impacto negativo del acuerdo con acreedores de la AEE
San Juan, 14 may (INS).- Representantes de diversas organizaciones asociadas a la iniciativa Queremos Sol reaccionaron al acuerdo de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que alcanzó la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el gobierno con un grupo de acreedores.
Las agrupaciones alertaron que el acuerdo significará no solo un aumento en la factura de la luz, sino que hará más difícil lograr en el futuro generar electricidad por medios renovables como el Sol, pues penaliza a los ciudadanos que opten por ello.
“Este es un acuerdo nefasto que defiende los intereses de los bonistas sobre los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. No solo estaremos pagando entre 130 y 220 dólares más al año, según señala un estudio de IEEFA, para saciar las exigencias de los bonistas, sino que el pago a los bonistas se establece como la primera prioridad de la Autoridad, relegando a un segundo o tercer plano la condición del sistema eléctrico, su mantenimiento o la calidad del servicio que se ofrezca”, sostuvo David Ortiz, director de El Puente Enlace Latino de Acción Climática (ELAC).
En tanto, la abogada Ruth Santiago, quien representa a la organización El Puente y a otros grupos comunitarios y ambientales sentenció que la propuesta multisectorial Queremos Sol establece como requisito fundamental una auditoría exhaustiva de la deuda y actuar contra los que participaron en la emisión de deuda ilegal, así como una reestructuración que salvaguarde a entidades del país, como las cooperativas y asegure la eliminación total o el descuento sustancial para los clientes de la Autoridad.
“Esto es necesario para lograr un sistema eléctrico asequible y financieramente sostenible. Los cargos tarifarios que se presentan en el acuerdo agravarán la ya precaria situación que enfrentan las familias puertorriqueñas y tendrán un efecto negativo sobre nuestra economía”, sostuvo.
Asimismo, Ingrid Vila, presidenta de Cambio, añadió que “el acuerdo castiga la transformación hacia un sistema basado en energía renovable y castiga a aquel que instale sistemas fotovoltaicos, pues aun cuando usted esté generando su propia energía con un sistema fotovoltaico en su hogar o negocio, el acuerdo establece que tendrá que pagar un impuesto al sol. Por esto hemos sostenido una y otra vez que no se trata solo de establecer objetivos de alcanzar porcentajes de energía renovable, sino que hay que ver las acciones del gobierno y la voluntad política para hacer valer esos objetivos”.
Agregó que “este acuerdo, junto con el impulso en inversiones en gas natural, dejan claro que no existe compromiso del gobierno con la transformación a base de energía renovable distribuida. El único compromiso que existe y el que guía este acuerdo y la transformación del sistema eléctrico es la privatización del sistema para beneficiar a terceros”.
Mientras, el abogado Pedro Saadé expresó que “debemos hacer todo lo posible en forma unida para derrotar este acuerdo. Los proponentes de Queremos Sol felicitamos y nos unimos a las expresiones del congresista Grijalva dirigidas a que la jueza Laura Taylor Swain rechace este acuerdo y reclamamos a los legisladores, quienes tienen la responsabilidad de velar y proteger los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y quienes confeccionaron la política pública energética, que no den paso al mismo”.
En la misma línea se expresó Myrna Conty, coordinadora de la Coalición de Organizaciones Anti Incineración, quien señaló que “este acuerdo impactaría a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas por los próximo 40 años siendo un acuerdo regresivo. Afectando proporcionalmente más a las comunidades de menos recursos que representan al menos un 50% de nuestra población. Exhortamos a todos los ciudadanos que llamen a sus legisladores para que no aprueben este acuerdo”.INS
ndc