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San Juan, 2 may (INS)- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presentó demandas para recuperar cerca de un billón de dólares de bonistas cuyos bonos fueron emitidos en exceso del límite constitucional. También se sometieron demandas contra las firmas asesoras que contribuyeron a emitir esos instrumentos de inversión.
La Junta demandó a 20 bancos, bufetes de abogados y otras entidades para recobrar comisiones que devengaron cuando ayudaron en las emisiones de nueve billones de dólares en bonos emitidos por el gobierno de Puerto Rico.
Al emitir estos bonos, las entidades demandadas contribuyeron a que el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) violara su deber fiduciario para con los residentes de Puerto Rico y que se enriquecieron injustamente con cientos de millones de dólares. La ciudadanía de Puerto Rico ha sido perjudicada por estas entidades por un monto que se determinará en el proceso judicial.
Además, según afirma la JSF, son responsables por los daños causados como resultado de las violaciones de su deber fiduciario.
Asimismo, la Junta presentó cientos de demandas contra individuos y entidades para recobrar pagos percibidos por bonos emitidos ilegalmente. La JSF se apresta a proceder con el proceso judicial contra los bonistas de mayor tamaño, que mantienen al menos 2.5 millones de los bonos que están siendo cuestionados ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
“Los tenedores de bonos de menor cuantía no tendrán que devolver nada de principal ni intereses percibidos por sus inversiones producto de los bonos en cuestión”, dijo David Skeel, miembro del comité de reclamaciones especiales de la Junta de Supervisión.
Algunos bonistas posiblemente confiaron en información provista por los emisores, las firmas suscriptoras que manejaron la emisión y otros profesionales y prestamistas a la hora de invertir en estos bonos.
“La Junta entiende muy bien estas preocupaciones. Pero las leyes de Puerto Rico limitan la autoridad que tiene el gobierno de emitir deuda por una razón clara y simple: evitar que los financieros conduzcan el Gobierno y a sus instrumentalidades, así como a los contribuyentes y acreedores legítimos, a un nivel de deuda que no se pueda repagar sin sacrificar los servicios necesarios como la salud, seguridad y bienestar social”, señaló la JSF.
Skeel estableció que “la Junta de Supervisión no asumió la determinación de proceder a recuperar estos fondos livianamente. No obstante, los contribuyentes de Puerto Rico no deben llevar sobre sus hombros los pagos que hizo el gobierno a los grandes inversionistas, que nunca debieron haberse efectuado”.
La Junta no pretende proceder legalmente con la recuperación de estos fondos hasta que el Tribunal de Distrito determine que los bonos en cuestión sean, en efecto, inválidos. INS
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