Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 24 de abril de 2019
P. Rico-JSF apela al Supremo de EEUU y argumenta que nombramientos de sus miembros no tenían que cumplir con Cláusula de Nombramientos de Constitución
San Juan, 24 abr (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) informó que sometió una petición ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos para que revise la decisión del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito publicada el pasado 15 de febrero, que declaró inconstitucionales los nombramientos del organismo.
La Junta solicitará además al Tribunal del Primer Circuito que extienda la moratoria de su decisión del 15 de febrero hasta tanto el Tribunal Supremo disponga finalmente en el caso, porque alega que interrumpir las operaciones de la entidad “tendría repercusiones inmediatas y devastadores sobre la economía de Puerto Rico y el proceso de reestructuración de la deuda”.
Según el organismo que maneja las finanzas del gobierno de Puerto Rico, la decisión del Primer Circuito es la primera en la historia de los Estados Unidos en disponer que oficiales de un territorio, como son los miembros de la Junta, deben ser designados de conformidad con la Cláusula de Nombramientos de la Constitución federal, “una decisión con amplias implicaciones para Puerto Rico”.
“La decisión está fundamentalmente errada y es profundamente desestabilizante”, dijo la Junta en su petición de auto de certiorari.
Agrega que “la decisión del Primer Circuito no puede reconciliarse ni con el texto mismo de la Constitución, la práctica histórica, con los principios más fundamentales de separación de poderes o con las decisiones del Tribunal Supremo que implementan dichos principios”.
El recurso argumenta que los miembros de la JSF son oficiales del territorio y, por lo tanto, su nominación no tiene que seguir el procedimiento prescrito en la Cláusula de Nombramientos para puestos en el gobierno federal.
Recuerda, además, que el Congreso declaró expresamente que establecía la Junta de Supervisión bajo la Cláusula Territorial de la Constitución federal y que es una “entidad dentro del gobierno territorial” y que “no será considerada un departamento, agencia, establecimiento o instrumentalidad del gobierno federal”.
La autoridad de la Junta está bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico de 2016 (Promesa), “para ayudar a Puerto Rico a alcanzar responsabilidad fiscal y acceso a los mercados de capital es de naturaleza y aplicación puramente territoriales”.
“La decisión del Primer Circuito se fundamenta en una falta de entendimiento básica de la relación estructural entre el gobierno nacional y el gobierno territorial”, lee el recurso.INS
P. Rico-Ordena el Senado celebrar referéndum para que los policías decidan si desean aportar al Seguro Social
San Juan, 24 abr (INS).- El Senado de Puerto Rico ordenó la celebración de un referéndum para que los miembros del Negociado de la Policía determinen si desean aportar al Seguro Social, del que están excluidos, luego de aprobar con enmiendas el Proyecto de la Cámara 650 con tal propósito.
El gobierno tendrá 30 días laborables, una vez el proyecto sea convertido en ley, para gestionar con el Servicio de Rentas Internas federal (IRS) “cualquier proceso viable” para el otorgamiento del beneficio de Seguro Social federal a los actuales miembros del rango del Negociado de la Policía.
El proyecto pasa nuevamente ante la consideración de la Cámara de Representantes luego de que el Senado le hiciera varias enmiendas, y de concurrir estaría listo para la firma del gobernador.
Tanto el Departamento de Seguridad Pública (DSP) como la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Concilio Nacional de Policías, el Sindicato de Policías Puertorriqueños, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el Departamento de Justicia se expresaron a favor de la medida de la autoría de la representante Lourdes Ramos.
“De surgir un proceso más rápido y viable, por parte del IRS para la otorgación del Seguro Social, el gobierno local concluirá el proceso en un máximo de 45 días calendarios”, precisa la medida.
En caso de que el IRS no disponga de un proceso más ágil, el secretario del DSP realizará un referéndum en un máximo de 60 días laborables luego de que el gobernador estampe su firma en el proyecto legislativo.
La votación del referéndum se hará conforme a los procedimientos que adopte un comité que será integrado por no menos de cinco miembros entre estos el comisionado Henry Escalera y un representante del Seguro Social federal.
La mayoría afirmativa requerida será de un 50 por ciento más un voto de los miembros de la Policía.
Según la medida, de la mayoría de los miembros de la Policía votar a favor de recibir el Seguro Social, el Departamento de Hacienda procederá a trabajar acuerdos entre las agencias locales y federales.
Además, y con la anuencia de la OGP y el secretario del DSP, deberá identificar los fondos necesarios para cubrir la aportación patronal correspondiente y el ajuste de sueldo “suficiente” para costear la aportación individual aplicable.
REGISTRO DE OFENSORES SEXUALES
El Senado aprobó también que se realice una investigación sobre todo lo relacionado al Registro de Ofensores Sexuales.
La Resolución del Senado 902 de la autoría de la senadora Zoé Laboy Alvarado ordena la Comisión de Seguridad Pública del Senado investigar la efectividad del proceso utilizado para registrar a los ofensores así como la frecuencia con la que se actualiza la información y los recursos humanos y económicos disponibles para asegurar su óptimo funcionamiento a tenor con la política pública establecida.
La medida en cuestión indica que existen estudios que establecen que solo el 50 por ciento de las personas convictas por violación no reincide una vez salen de prisión.
Eso significa que una de cada dos personas con historial criminal por agresión sexual reincidirá en actos de violación, se expone en la medida.
La pieza legislativa explica que el 9 de agosto de 2004, se aprobó la Ley 266, la cual estableció como política pública la necesidad de proteger la comunidad contra actos constitutivos de abuso sexual y abuso contra menores.
Además, instituyó el Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores.
Según establece la Ley, el Registro es un medio para garantizar la seguridad, protección y bienestar general de los sectores más vulnerables. INS
P. Rico-Investigará la Cámara instalaciones de la Academia de la Policía
San Juan, 24 abr (INS).- Con el propósito de atender las preocupaciones sobre el deterioro y las condiciones inadecuadas en las que se encuentra la Academia de la Policía en Gurabo, la Cámara de Representantes dio paso a la Resolución 861 para indagar la estructura y las instalaciones donde se ofrece la formación educativa a los cadetes.
La medida, de la autoría de Maricarmen Mas Rodríguez, examinará si dicha organización pone en riesgo la preparación de los cadetes.
“Es nuestra responsabilidad asegurarnos que las condiciones sean las adecuadas y si no lo son, llevar a cabo las gestiones pertinentes para la corrección de cualquier deficiencia que exista”, menciona la exposición de motivos de la resolución.
Seguido, el pleno aprobó tres medidas legislativas que enmiendan la “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño del Siglo XXI”.
En primer lugar, el Proyecto de la Cámara 1816, de la autoría de la vicepresidenta Lourdes Ramos Rivera, para atemperar la mencionada legislación junto a la “Ley del Procurador del Veterano del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, con el fin de crear un Consejo Asesor del Procurador del Veterano.
Segundo, de la autoría del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, el Proyecto de la Cámara 1534, para que no se considere como ingreso la pensión del Departamento de Asuntos de Veteranos para fines de determinación de elegibilidad de beneficios del Programa de Asistencia Nutricional.
Y el Proyecto del Senado 884, para incluir un nuevo inciso a la Carta de Derechos, con el propósito de establecer la obligación de las instituciones hospitalarias privadas de proveer servicios de emergencia gratuito a los veteranos.
De la misma manera, se avaló la Resolución Conjunta de la Cámara 464, presentada por petición por el representante José “Che” Pérez Cordero, para ordenar a la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM) y al Departamento de Educación crear un plan piloto en la Escuela Superior Dr. Carlos González de Aguada, con el objetivo de certificar a la organización estudiantil “Corónate Princesa” en temas de violencia doméstica y de género para impactar a los demás estudiantes y la comunidad.
Además, se confirmó el Proyecto de la Cámara 1972, del representante José “Memo” González Mercado, para designar la carretera PR-635 en Arecibo con el nombre de Frankie Hernández Jové.
Al mismo tiempo, se ratificó el Proyecto del Senado 85, que designa con el nombre del profesor Ángel A. Gaud González el tramo de la carretera estatal PR-108, que transcurre desde el la calle Albizu Campos número 65 hasta el kilómetro 3.2 del barrio Miradero de Mayagüez.
De igual forma, se avaló la Resolución de la Cámara 1345, para investigar las acciones u omisiones por parte de la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI) que provocaron que el U.S. Department of Health and Human Services (HHS) clasificara los fondos federales grants que recibe la DPI como alto riesgo y, por consiguiente, determinara funcionar de forma prospectiva a base de reembolsos, lo que llevó a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) a declarar en sindicatura a la DPI.
También, reafirmó la Resolución de la Cámara 1331, para evaluar la efectividad de las estrategia trazadas y establecidas por las entidades de educación alternativa y aquellas adscritas al Programa del Centro de Apoyo Sustentable al Alumno del DE, para proveerle servicios educativos a los alumnos con necesidades especiales; y la Resolución de la Cámara 876, para examinar el estado de las instalaciones del Estadio Luis Rodríguez Olmo, la piscina olímpica así como los trabajos necesarios para la rehabilitación de las mencionadas facilidades.
Igualmente, se consistió con la Resolución Concurrente del Senado 60, con el objetivo de solicitar al Congreso de los Estados Unidos a que realice las gestiones pertinentes para la asignación de fondos y recursos necesarios con el propósito de atender la sedimentación excesiva en los embalses Dos Bocas, Loco, Loíza (Carraízo) y Lucchetti, tras impacto de los huracanes Irma y María. INS
P. Rico-Designa Rivera Schatz nuevos presidentes de varias comisiones; aprobado nombramiento de Román González al DSP
San Juan, 24 abr (INS).- El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anunció la designación de los nuevos presidentes de varias comisiones, las cuales serán encabezadas por los senadores Carlos Rodríguez Mateo, Miguel Laureano Correa y el portavoz Carmelo Ríos Santiago.
La Comisión de Gobierno estará a cargo de Rodríguez Mateo mientras que Laureano Correa presidirá la Comisión Especial para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico y Ríos Santiago, presidirá la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la Revisión Continua del Código Penal y la Reforma de las Leyes Penales.
El anuncio de Rivera Schatz se produjo al final de la sesión en la que se confirmó al capitán Elmer Román González como nuevo Secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), luego de la renuncia de Héctor Pesquera, efectiva el último día de este mes.
Votaron a favor los senadores de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) y en contra de los senadores Juan Dalmau Ramírez y José Vargas Vidot.
“Confirmado como nuevo secretario de DSP el capitán Elmer Román González. Notifiquese al señor gobernador”, dijo el presidente del Senado luego la votación a viva voz, al tiempo que consideró que “este nombramiento comenzó bien y termina bien”.
Refirió que el gobernador de Puerto Rico oportunamente se comunicó como corresponde con el Senado de Puerto Rico y abrió los canales de comunicación, hizo una selección correcta y el Senado ofrece un consejo y ahora el consentimiento.
“Por la forma en que se inicio el trámite del nombramiento escucho a compañeros del Partido Popular Democrático (PPD) expresar que votarán a favor del nominado”, dijo el presidente del Senado al defender el nombramiento.
Para Rivera Schatz las “cualidades y méritos” del capitán Román González le hacen la persona idónea para ocupar el máximo cargo del DSP.
Aclaró que por el simple hecho de tener un amplio historial laboral en Puerto Rico y Estados Unidos, “quienes piensen que él exclusivamente podrá resolver todos los problemas del crimen y los que enfrentan cada uno de los Negociados, se equivocan, (porque) es una trabajo que nos corresponde hacer en conjunto”.
“Me enorgullece que hoy estaremos confirmando a un hombre que sacrificándose y esforzándose demostró que se puede lograr mucho más que la mera protesta y la rebeldía sin causa”, añadió el presidente senatorial al agradecer al saliente secretario, Héctor M. Pesquera, su trabajo en el DSP.
El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Henry Neumann Zayas, quien tuvo a su cargo presentar el nombramiento de Román González, resaltó que la hoja de trabajo y servicio del capitán es “altamente impresionante”.
“Estamos ante un gran candidato y tenemos que darle gracias a Dios que lo hizo disponible para servirle a Puerto Rico y también al Gobernador que identificó a una persona que reúne unas características idóneas quede montada de una forma según diseñada según la Ley 20 de 2017”, dijo Neumann Zayas.
Otro senador que se expresó a favor de la designación de Román González fue el portavoz alterno de la delegación del PPD, Aníbal José Torres Torres.
“Cualquier compatriota que esté dispuesto a servirle al país debemos agradecerle”, opinó Torres Torres.
El senador del PPD consideró que “es una persona genuina, noble que viene de abajo y que ha logrado sus posiciones con esfuerzo… Esa fue la impresión que me dio con la conversación con el capitán Román y uno no puede ser mezquino por lo que reconozco su esfuerzo”.
Por su parte, el portavoz de la delegación PPD, Eduardo Bhatia Gautier, quien votó a favor del capitán de la Armada de Estados Unidos, resaltó que “puede venir de Washington, de la Policía, la Guardia Nacional, de donde quiera (pero) el tema del crimen y de la seguridad pública no se va a resolver hasta que controlemos la guerra de las drogas. Demasiados jóvenes están muriendo… Un asesinato es demasiado”.
Román González compareció en la mañana a una vista pública de la Comisión de Seguridad Publica del Senado, que preside Neumann Zayas y en la cual a preguntas de los senadores dijo estar comprometido con el pueblo puertorriqueño.
“Yo vine a trabajar desde Puerto Rico y para Puerto Rico. Mi meta es que Puerto Rico se convierta en el lugar más seguro de las Américas, pero tenemos que trabajar como un pueblo unido”, resaltó el nominado.
Explicó que, entre su visión y planes estratégicos para el DSP, está la integración, reconstitución y modernización.
“En cuanto a la integración, se continuarán los esfuerzos para lograr la completa consolidación del DSP y así tener un sistema de primera respuesta integrado”, señaló Román.
Mientras, que en cuanto a la reconstitución mencionó que su prioridad es revigorizar el Negociado de la Policía de Puerto Rico, enfocándose en el policía como individuo, proveyéndole los recursos necesarios, el entrenamiento de capacitación y mejoras a las condiciones laborales cumpliendo con el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía y se continuarán los esfuerzos para materializar ajustes salariales en coordinación con la Junta de Supervisión Fiscal.
Román González, yaucano de 47 años, se reunió el pasado jueves con el presidente del Senado y con los miembros de la delegación de la mayoría.
El confirmado funcionario posee un bachillerato en Ingeniería Mecánica del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en Ingeniería de Sistemas del Instituto Politécnico y la Universidad del Estado de Virginia.
Al momento de ser nombrado, laboraba como director de Capacidades Conjuntas y jefe de equipo para Integración de Misiones en la Oficina del Subsecretario de Defensa de Estados Unidos para investigación e ingeniería. INS
P. Rico-Dalmau Ramírez vota contra el capitán Román González y repudia estructura del Departamento de Seguridad
San Juan, 24 abr (INS).- El senador independentista Juan Dalmau Ramírez rechazó de forma categórica la designación del capitán de la Armada Elmer Román González para dirigir el Departamento de Seguridad Pública, a cuya estructura burocrática se opone.
El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado le manifestó al funcionario el rechazo a su nombramiento, hecho que fundamentó en su repudio a que se continúe importando gente para dirigir agencias en el país.
Dalmau Ramírez destacó que, para colmo, se trata de “militares para manejo de seguridad, en claro menosprecio e insulto a los muchos funcionarios capaces y comprometidos en Puerto Rico que conocen mejor que cualquiera de afuera la idiosincrasia del grave problema de criminalidad que arropa al país”.
“Las motivaciones de mi oposición son la existencia de una de estructura supra burocrática que desmoviliza los componentes que están bajo esa sombrilla, que ha demostrado ser totalmente ineficaz y, como ya dije, el que se repita la idea de que mientras más estrellas en el hombro del uniforme militar lleve el designado y de más lejos venga, mayor la garantía de seguridad en el país”, dijo al considerar que “esa es una ruta que aquí ha fracasado y que no estoy dispuesto a apoyar”.
Dalmau Ramírez recordó que la designación de agentes federales o militares al cargo no ha demostrado que sea la solución a los problemas de criminalidad de la Isla, y puso como ejemplos negativos los mandatos de los antiguos jerarcas del FBI José Figueroa Sancha y Héctor M. Pesquera, así como el breve interinato de James Tuller, proveniente de la Policía de Nueva York.
“El aumento dramático en los asesinatos, la ausencia de seguridad en el país, el atropello, abandono y trato injusto a la Policía de Puerto Rico por parte de distintas administraciones, imponen sobre el Senado la urgencia y obligación de ejercer con más rigurosidad nuestra función ministerial de consejo y consentimiento”, sostuvo.
El senador del PIP advirtió que “avalar nuevamente el nombramiento de otro de afuera, totalmente ajeno a la realidad del país y a lo que sucede en la Policía, con la misma visión paramilitar fracasada, sería un gravísimo error que repercutirá gravemente en el pueblo”.
Anotó que el hecho de que se resaltaran como las principales virtudes de Román González su carrera en el Departamento de la Defensa y su vínculo a la Marina de Estados Unidos abonan a las razones del senador del PIP para oponerse a su nombramiento.
“Quien dirija la seguridad del país debe ser una persona con una visión de la Policía comunitaria y de prevención. La idea del policía militar es una de intervención directa y declaración de guerra, lejos de la función civil de traer serenidad y paz”, anotó.
Refirió que por eso, la American Civil Liberty Union, así como el propio monitor federal Arnaldo Claudio tuvo enfrentamientos con el anterior Secretario de Seguridad Pública debido a su visión de azotar primero, y preguntar después”.
“Ese no debe ser el rol de la Policía; esta visión es peligrosa para el Policía y para el ciudadano”, ratificó el Sandor Dalmau Ramírez.
El Senado aprobó a viva voz el nombramiento de Román González, al que también votó en contra el senador independiente José Vargas Vidot, quien también se opone a la estructura del Departamento de Seguridad Pública, que considera “disparatada”. INS
P. Rico-Jubilados cuestionan conflictos de interés del Comité Oficial de Retirados
San Juan, 24 abr (INS).- La iniciativa Construyamos Otro Acuerdo (COA) presentó hoy junto a un grupo de jubilados el informe “El asalto a las pensiones de Puerto Rico”, en donde se muestran los conflictos de interés que existen en el actual comité que representa a los pensionados en el proceso de quiebra y propone acciones que pueden tomar los pensionados para frenar los recortes presentados por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
“Hay 167,000 familias que solo sienten ansiedad al leer noticias sobre los cambios a sus pensiones con que amenaza la Junta de Control Fiscal. Nos dimos a la tarea de investigar qué exactamente está sucediendo con los sistemas de retiro, quiénes se están beneficiando y cuáles serían las alternativas disponibles para evitar que se materialicen los recortes a las pensiones. En el proceso encontramos conflictos de interés que parecen estar impidiendo la mejor defensa posible de los intereses de los participantes de los sistemas de retiro en la quiebra”, expresó Abner Dennis, investigador de Little Sis y autor del informe.
El documento, publicado por la organización estadounidense Public Accountability Initiative (PAI), explica cómo los recortes propuestos por la JSF afectarían a sobre 125 mil pensionadas y pensionados, tan pronto como a partir de julio de este año.
Los recortes reducirían las pensiones del 75% de los participantes de tres sistemas de retiro: el Sistema de Retiro para Maestros (SRM), el Sistema de Retiro de la Judicatura (SRJ) y la Administración de Sistemas de Retiro (ASR).
En una conferencia de prensa, los presentes expresaron su inconformidad con las decisiones del Comité Oficial de Retirados (COR), grupo que se designó por el gobierno federal para representar los intereses de pensionados en el proceso de quiebra bajo el Título III de Promesa y resaltaron los conflictos de interés de su abogado.
Se trata de Héctor Mayol Kauffman, exbanquero de inversiones y administrador de los sistemas de retiro bajo las administraciones de Luis Fortuño y Alejandro García Padilla.
Emil Nieves, economista y retirado del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), expresó: “Cada quincena dependo de un chequecito que llega de mi retiro, al igual que más de 160 mil jubilados del Gobierno de Puerto Rico. Me pregunto qué acciones ha tomado el COR para retar a la Junta en su intención de recortar las pensiones y pedir la cancelación de la deuda de Retiro de tres mil millones. Esa deuda está en manos de los fondos buitres y representa una amenaza al pago de nuestras pensiones”.
Pedro Pastrana, del Capítulo de Pensionados de la Federación de Maestros de Puerto Rico, manifestó que “el COR debe funcionar como una barrera en defensa de las pensiones. Sin embargo, los pensionados estamos sumamente preocupados por el asesoramiento legal que tienen. Dicho Comité apoyó el acuerdo Cofina y no ha solicitado la auditoría de la deuda ni apoyado se investigue a los bancos responsables de esta crisis. Si el COR sigue apoyando a la Junta en sus acuerdos con el resto de los bonistas al final no habrá dinero para las pensiones y estarían fallando al propósito principal para el cual fueron nombrados”.
Para Dennis, “Héctor Mayol, como exadministrador de los sistemas de retiro, es uno de los funcionarios que contribuyó a la crisis de las pensiones. Por si fuera poco, como director de una compañía de inversiones participó personal y profesionalmente de las emisiones de bonos que desangraron a los sistemas de retiro y cuya legalidad también se cuestiona en el tribunal. ¿Cómo Mayol puede ser abogado fiel a los intereses de los retirados?”.
Dentro del informe presentado se explican detalladamente las entidades que se benefician de los recortes propuestos a las pensiones.
“Existen dos grupos grandes de fondos buitre que están buscando beneficiarse de los recortes a las pensiones: aquellos que son dueños de bonos de obligaciones generales y aquellos que son dueños de bonos de la Administración de Sistemas de Retiro. Varios fueron actores clave en el diseño del plan de ajuste de la deuda de Cofina. El fondo buitre Mason Capital, por su parte, ha triplicado sus inversiones en bonos de retiro desde el huracán María y también tiene una cantidad considerable de bonos de obligaciones generales”, expuso.
Una vez terminada la presentación del informe “El asalto a las pensiones de Puerto Rico”, el grupo partió en marcha hacia las oficinas del abogado del Comité Oficial de Retirados, Héctor Mayol, donde entregaron copia del informe junto con una carta exigiendo su renuncia como abogado de los pensionados.INS
ndc