P. Rico-Inter News Service-Resumen de noticias para radio y televisión

Resumen de noticias para el sábado 13 de abril de 2019

P. Rico-Trasciende posible conflicto de interés entre miembros de la Junta de Cannabis Medicinal

San Juan, 13 abr (INS).- Un posible conflicto de interés de parte de Ingrid Schmidt, miembro de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal, a la vez que socia de empresas que gestionan la obtención de licencias a nuevos dispensarios, surgió ayer durante la tercera vista pública de la Comisión de Gobierno, en torno a la Resolución de la Cámara 1177, sometida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló.

El también portavoz de la Cámara mostró a Schmidt copia de un planteamiento de conflicto sometido ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), del 2 de julio de 2018, por dueños de dispensarios, dueños de cultivos y manufactureros de productos que utilizan cannabis.

En el documento denunciaron que la directora de Cannaworks Institute y presidenta de la Puerto Rico Medical Cannabis Association (PRMCA) al tener un puesto dentro de la Junta, conflige con su rol dentro de las organizaciones en las que labora.

Cannaworks Institute es una compañía que ofrece servicios de asesoría para personas y entidades jurídicas que deseen ostentar licencias de establecimientos de cannabis, tales como cultivos, manufactureros o dispensarios, y se dedica a la preparación de las solicitudes de licencias de esos establecimientos.

Mientras, el PRMCA es una asociación de personas y compañías en las que se promueve el crecimiento de la actividad de cannabis medicinal mediante el ofrecimiento de información y concienciación sobre los beneficios de este producto a los pacientes elegibles.

El documento señala que Schmidt “se ha aprovechado de su puesto para beneficio personal, ha favorecido socios de negocios y clientes suyos en perjuicio de otras personas para la aprobación de licencias y acceso a la Junta Reglamentadora y a la Oficina de Cannabis Medicinal adscrita a ella”.

Ante ello, Rodríguez Aguiló cuestionó a Schmidt y al resto de los miembros de la Junta, si conocían de esta querella, si la OEG se había comunicado con ellos o si habían realizado una consulta para conocer la posible existencia de conflicto de interés, a lo que respondieron en la negativa.

En su caso particular, Schmidt alegó que cada vez que se estudia la solicitud de licencia para un dispensario, ella firma para efectos de quórum, pero se inhibe de atender la petición y en ocasiones abandona la sala.

El legislador del Partido Nuevo Progresista (PNP) afirmó sentirse sorprendido de que le hayan dado, como dicen en el campo, un pase de paloma a esta situación, “por lo que el primer asunto que le vamos a delegar a la Junta es que se haga una consulta, porque aquí no hay transparencia en este proceso y puede haber muchas interpretaciones para esto, pueden tener las mejores intenciones, pero no podemos dejar pasar estos posibles conflictos”.

Se le solicitó a la licenciada Alana Montilla, representante del Secretario de Salud ante la Junta, realizar la consulta.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Jorge Navarro Suárez, le cuestionó si la Junta había estudiado la posibilidad de desacelerar el proceso de certificación de dispensarios, habida cuenta que ya existen 70 en operación y 140 que están en la etapa de precualificación.

Los miembros de la Junta, Schdmit, Montilla y el agrónomo Eliezer Pérez, por parte del Departamento de Agricultura, y Narelys Cortés, en representación de los pacientes, manifestaron que el reglamento no contempla este punto, lo que fue desmentido por el legislador, quien leyó la parte que da la facultad para regular el número de dispensarios en proporción de los pacientes certificados.

Navarro Suárez comentó que no descarta elevar a rango de ley este proceso para no dejar al arbitrio de la Junta este asunto.

Por su parte, el profesor de farmacia Joseph Bloom, del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, recomendó enmiendas a la ley que fiscaliza todos los aspectos de este compuesto y a su reglamento.

Algunas de las enmiendas son referentes a la manufactura, cultivo, desarrollo, utilización reglamentada y supervisada del cannabis.

Afirmó que es necesario establecer un currículo uniforme y estandarizado para el personal que trabaja en esta industria, que sea desarrollado por expertos en el tema y en un centro docente reconocido.

Bloom mencionó que es importante poder establecer la cantidad de compuesto activo que existe en cada uno de los productos que se ofrecen en el mercado, algo que en la actualidad no se puede certificar.

Rodríguez Aguiló inquirió si la Junta o alguna otra entidad audita el por ciento de cannabis en los productos, a lo que Montilla indicó que en la oficina de la Junta no hay un laboratorio, y recomendó legislación para permitir que se puedan realizar pruebas de calidad en los laboratorios del Departamento de Agricultura.

Al finalizar la vista, Navarro Suárez anunció que el Departamento de Hacienda será citado para explicar la manera en que estos negocios rinden el IVU, así como otros participantes dentro de la industria que ofrezcan luz sobre lo que actualmente sucede. INS

 

P. Rico-Afirma Unete que el gobernador “metió a su hermano en el negocio de la educación”

San Juan, 13 abr (INS).- La presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), Liza Fournier Córdova, afirmó hoy que, después de negarlo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares se ha visto forzado a reconocer que “metió a su hermano en el negocio de la educación”.

“El gobernador tuvo que aceptar que la reunión en Fortaleza entre él, (la exsecretaria de Educación Julia) Keleher y Jay Rosselló sí se realizó”, dijo la dirigente gremial.

Fournier Córdova agregó que “el que decía que no se metan con mi familia, metió a su hermano en el negocio de la educación (durante) una reunión para planificar la entrega de las escuelas de la comunidad a las entidades privadas bajo el modelo chárter”.

Hasta este jueves, el gobernador Rosselló Nevares se mostró renuente a que se cuestionara la vinculación de su hermano abogado Jay Rosselló en la privatización de las escuelas públicas del país, como socio del bufete estadounidense Hogan, Marren, Babbo & Rose.

“Con mi familia no se metan”, dijo en la víspera el mandatario con tono imperativo a los periodistas en una aparente estrategia de enterrar la controversia, que lleva dos semanas en el candelero.

Mas, luego de que un diario nacional (El Nuevo Día) divulgara en su edición impresa este viernes que el gobernador Rosselló Nevares sostuvo una reunión en la que estuvieron su hermano y Keleher, el 10 de diciembre de 2018, decidió admitir el encuentro en La Fortaleza.

Para el vicepresidente de Unete, Emilio Nieves Torres, “no hay mayor traición de un gobernante que gobierna como empresario y no como servidor público; un gobernador que traiciona a los estudiantes de las escuelas públicas y se entrega a los mercaderes de la educación”.

“De inmediato debe detenerse toda medida dirigida a imponer escuelas charter y derogar la Ley 85 que es fuente de la visión mercantilista de la educación”, ratificó Nieves Torres. INS

 

P. Rico-Justicia recomienda el archivo del referido sobre supuestos actos de acoso sexual en la Compañía de Turismo

San Juan, 13 abr (INS).- La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, informó que, tras una investigación y análisis de la prueba relacionada al referido de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), sobre quejas contra el exdirector de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, José Izquierdo Rodríguez, se concluyó que constituyeron diferencias de carácter laboral y no de acoso sexual.

La investigación objeto de este informe estuvo a cargo de la fiscal de distrito Inés Carrau Martínez, quien entrevistó a 17 testigos en relación al referido, el cual solicitaba investigar si las supuestas actuaciones de Izquierdo Rodríguez configuraban violación al artículo 135 del Código Penal por acoso sexual.

“Tomando en consideración la totalidad de las circunstancias, no existe evidencia satisfactoria y suficiente en derecho para concluir que el licenciado José Izquierdo Rodríguez incurrió en el delito de acoso sexual conforme al artículo 135 del Código Penal vigente, así como tampoco prueba que sustente que el licenciado José Izquierdo Rodríguez incurrió en actos de acoso sexual contra alguna funcionaria de la Compañía de Turismo”, lee el informe.

De la investigación se desprende que ninguna de las supuestas víctimas “hace alusión a ningún acto de hostigamiento sexual, acercamiento sexual o comportamiento sexual” por parte del exdirector de la Compañía de Turismo, además de que no existe querella alguna ante ningún foro sobre los supuestos actos.

Según Justicia, solamente una de las presuntas perjudicadas expresó sentir “incomodidad y molestia” por comentarios o actos de Izquierdo Rodríguez.

Sin embargo, en su declaración ante la OPM, la cual no fue firmada por la declarante ni juramentada, y a preguntas específicas, nunca utilizó los términos relacionados a posible conducta de índole sexual por parte de su entonces superior.

En otra entrevista, lo describió como persona respetuosa del que no tenía queja.

“Para que se configure el acoso o el hostigamiento sexual, la persona que recibe los comentarios o actos, tiene que percibir los mismos como comportamiento o conducta sexual. De hecho, uno de los elementos del delito de acoso sexual es el comportamiento sexual del supuesto acosador”, explica el informe de la fiscal, en el que aclara que se entrevistó a una de las tres alegadas perjudicadas, ya que, a pesar de todas las gestiones que se hicieron para que las demás comparecieran, una informó que no tenía interés de ser entrevistada y otra no pudo ser localizada.

El referido de OPM también solicitaba que se investigara a los funcionarios que entrevistaron a dos de las exempleadas, Christian Sobrino Vega y Alfonso Orona Amilivia, para determinar si cumplieron o no con su deber ministerial de informar a la Oficina de Recursos Humanos de la Compañía de Turismo sobre la situación de alegado acoso sexual presentado ante su consideración.

Ambos funcionarios por separado reiteraron y coincidieron en que las quejas presentadas ante su consideración eran de carácter gerencial y no de índole sexual.

De hecho, una de las presuntas víctimas “fue enfática en afirmar que su incomodidad con el licenciado José Izquierdo era de índole laboral”.

Por lo tanto, se recomendó archivar la supuesta inacción por parte de Orona Amilivia y de Sobrino Vega.

Otra parte del referido recababa evaluar la supuesta inacción de la Compañía de Turismo para activar el protocolo de hostigamiento sexual.

La situación fue evaluada por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y en diciembre pasado concluyó que la multa impuesta no procedía en derecho.

“El resultado de la investigación minuciosa y responsable por parte de la fiscal Carrau Martínez es cónsono y valida las determinaciones que tomaron sobre este mismo asunto la OPM y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Como es de conocimiento, la OPM determinó desestimar una multa de 20,000 dólares contra el extitular de Turismo, mientras que el área de investigaciones de la OEG desistió de la querella, luego de que una denunciante declinara cooperar con la investigación”, explicó Vázquez Garced.

Agregó que “responsablemente y ante la falta de los elementos del delito o negligencia criminal, el Departamento de Justicia no puede radicar un caso criminal si no hay evidencia suficiente que lo sustente en derecho. De la evidencia recopilada por la fiscalía sobre este asunto, surge que las quejas que fueron objeto de esta investigación eran de índole laboral y no por acoso sexual. Es por eso que se determinó archivar este referido”.INS

 

 

P. Rico-Agencias acuerdan mitigar derrumbe en comunidad de Arecibo, por descargas de aguas residuales de la AAA al mar

San Juan, 13 abr (INS).- El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura, el representante José González Mercado, reanudó los trabajos respecto de la resolución de la Cámara 1045, para investigar las acciones que han realizados las agencias estatales y municipales en torno al derrumbe de la carretera municipal en la zona costera de la urbanización Radioville en Arecibo.

Los residentes Richie Vázquez, Víctor Galán y Roger Dutilly narraron a la Comisión que desde finales de enero de 2019 se querellaron ante la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) sobre una descarga de aguas residuales hacia el Océano Atlántico que terminó con el colapso de la carretera, exponiendo la tubería sanitaria y contaminando el área de la playa.

A mediados de marzo, el desprendimiento aumentó hasta alcanzar los tubos de agua potable lo que provocó que se extendiera hasta la orilla de varias residencias aledañas.

Como parte de los trabajos de la Comisión, los representantes de la AAA, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Negociado de para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) y el municipio de Arecibo acordaron concretar un acuerdo interagencial de carácter de urgencia para mitigar el área de manera temporera.

A estos efectos, el ayudante especial del director del Nmead, Paxie Córdova, mencionó que el director del Negociado se comprometió hablar con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares para que se active el Fondo de Emergencia.

Esto, para atender de manera definitiva la situación que ha afectado a la comunidad Radioville en Arecibo.INS

EEUU-González Colón anuncia más de ocho millones para seguridad y mitigación de desastres en la Isla

Washington, 12 abr (INS).- La comisionada residente Jenniffer González Colón anunció la asignación de más de ocho millones por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, siglas en inglés) para programas de seguridad y mitigación de desastres, así como la elegibilidad del Tren Urbano y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) para otros programas de fondos federales.

FEMA, agencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional, asignó a Puerto Rico la cantidad 4,077,500 dólares bajo el programa State Homeland Security.

El programa apoya la implementación de estrategias estatales de seguridad nacional que incluyen la planificación, organización, equipo, entrenamiento y las necesidades de ejercicios para prevención, protección, mitigación, respuesta, recuperación por actos de terrorismo y otros eventos catastróficos.

Se asignó además la cantidad de 4,653,729 dólares a la isla bajo el programa Emergency Management Performance Grant, el cual provee ayuda a los gobiernos estatales, locales y territorios en la preparación de todo tipo de peligro.

Además, Puerto Rico consiguió por primera vez una asignación de 200,000 dólares en fondos bajo el programa Nonprofit Security Grant-State Allocation, que apoya mejoras y actividades de seguridad física a organizaciones sin fines de lucro que corren un alto riesgo de ataque terrorista y ubicadas fuera de una de las Áreas Urbanas designadas específicamente por UASI.

Para este año fiscal, se separó la cantidad de 90 millones para la Operación Stonegarden, el cual promueve la cooperación y coordinación entre los gobiernos estatales, locales y territorios con las agencias federales de ley y orden en misiones conjuntas para asegurar las fronteras.

Se informó, además, la elegibilidad de la AMA y el Tren Urbano para el Transit Security Grant Program.

El programa tiene disponible 88 millones a las áreas urbanas catalogadas como de alta amenaza para mejorar las medidas de seguridad en infraestructura de tránsito crítico, incluyendo autobús, transbordadores y sistemas de trenes.

Los fondos se otorgan de manera competitiva. INS

 

P. Rico-Dalmau Ramírez condena privatización de WIPR

San Juan, 12 abr (INS).- El senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, condenó hoy la privatización de WIPR por parte del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, quien según el político “continúa con la obsesión enfermiza de seguir desmantelando el sistema público del pueblo de Puerto Rico”.

“La politiquería e ineptidud de administraciones azules y rojas no puede ser excusa ni justificación para entregar WIPR, un activo importante del pueblo puertorriqueño que se fundamenta en principios informativos, culturales y educativos que debe permanecer en manos del Estado”, reaccionó el portavoz senatorial.

El gobernador anunció que pasará a WIPR a una entidad sin fines de lucro.

Al respecto, el político comentó que “decir que WIPR pasará a manos de una empresa sin fines de lucro es una pantalla para encubrir lo que en efecto será, la privatización de este activo público para fines lucrativos de unos pocos. Las mal llamadas corporaciones sin fines de lucro resultan ser muy lucrativas para quienes las administran porque encubren las compensaciones y beneficios destinados en el presupuesto para los directivos y miembros de sus juntas rectoras y las contrataciones y sub-contrataciones”.

Expuso que “decir que es una empresa sin fines de lucro no significa que no haya personas que tienen sí un ánimo e interés de lucro enorme. Por lo tanto, levanto bandera y denuncio que esta acción de entregarle WIPR a una supuesta entidad ‘sin fines de lucro’ constituye otro intento burdo de privatización”.

Para el legislador, “se trata, una vez más, de otra actitud sumisa por parte de este gobierno de someterse ante los designios de una Junta de Control Fiscal que caprichosamente la ha emprendido contra nuestro pueblo y ha decidido que los activos de Puerto Rico hay que entregarlos para tener dinero suficiente y poder cumplir con el apetito voraz de los bonistas, pagar una deuda inmoral e ilegal y asegurarle sus ganancias excesivas”.INS

ndc