Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el miércoles 10 de abril de 2019
P. Rico-Ley de servicios funerarios crea caos al excluir a dueños de responsabilidades
Mayagüez, 10 abr (INS).- La Cámara de Funerarios de Puerto Rico denunció que la nueva ley que regula esos servicios, que recién entró en vigor, ha creado una situación de caos al excluir a los propietarios de estas empresas de cualquier responsabilidad para delegarla en los directores, por lo general un empleado.
Al denunciar la situación creada por la Ley 208 del 12 de agosto de 2018, que tiene el propósito de garantizar la eficiencia de los servicios fúnebres o de cremación, se estableció que la Asamblea Legislativa dejó fuera de cualquier responsabilidad a los dueños de las empresas fúnebres, a menos que tengan licencia para embalsamar, independientemente de que dominen los distintos procedimientos del servicio.
Javier Granell Vega, dueño de la funeraria Fernández, en Mayagüez, y Luis A. González, de la Santa Ana, en Cabo Rojo, destacaron junto a la portavoz Lynette Matos Rosario que de las 365 empresas fúnebres existentes en el país, los dueños de unas 230 no son directores funerarios, lo que se ha tornado en un grave problema para el normal funcionamiento de estas empresas.
De no producirse una enmienda en la ley, cuyo propósito es garantizar la eficiencia de los servicios fúnebres o de cremación y los procesos requeridos en un momento tan doloroso en la vida de miles de ciudadanos, según la exposición de motivos, las labores burocráticas, como la obtención del acta de defunción en el Departamento de Salud, se tornará imposible.
Además, los cambios en el sector responsabilizan a los directores funerarios de cualquier demanda en este sector.
Ante el nuevo escenario, los funerarios han tenido que completar nuevos protocolos para certificar sus negocios y registrarlos ante el Departamento de Salud, de igual forma cada funeraria registra sus directores funerarios, explicó a la agencia Inter News Service (INS) Matos Rosario a nombre de la Cámara de Funerarios de Puerto Rico, que preside González.
La normativa vigente delega en el director funeral la custodio del Certificado de Defunción hasta su entrega en el Registro Demográfico de Puerto Rico o cualquier oficina debidamente autorizada por el Registro Demográfico de Puerto Rico para ejecutar tal función.
Igualmente, establece que que el único que puede sacar permisos es el director funerario, prohibiendo al mismo dueño de la funeraria hacer las gestiones para sacar los permisos y brindar el servicio como era de costumbre anterior Ley 258.
En una situación que abona al absurdo, ahora el dueño de la funeraria debe pedir autorización al empleado que se tenga como director funerario para ir y obtener los permisos.
“Es completamente ilógico que el dueño del negocio tenga que pedirle autorización al empleado para poder sacar un permiso ante la Oficina del Registro Demográfico; los dueños son los únicos responsables por todo lo que pase en su negocio, esto quiere decir que en caso de una demanda irían tras el director funerario que no tiene las pólizas y los seguros correspondientes”, manifestó Granell, dueño de la funeraria Fernández.
En este sentido, González indicó, en su condición de presidente de la Cámara de Funerarios de Puerto Rico, que “como dueños de funerarias tenemos todo el derecho en sacar los permisos”.
“Que se le prohíba al dueño es algo ilógico, que nos exijan algo así a los dueños, esto lo que ha provocado es un caos en las más de 365 funerarias que hay en Puerto Rico”, insistió al quejarse que nunca fueron convocados a vistas públicas para estos fines y no se escuchó el sentir de otros funerarios.
González se quejó de que “ahora mismo también tenemos que ir a San Juan a buscar las libretas de defunciones, ya que tampoco las suplen los Registros regionales.
Aunque el dueño de la funeraria Santa Ana, en Cabo Rojo, reconoció que las enmiendas a esta ley se hicieron para evitar que personas que no tuvieran funerarias sacaran permisos, en la medida obviaron hasta a los propietarios, a pesar de estar registrados como tales ante el Departamento de Salud.
La gran mayoría de dueños de funerarias en Puerto Rico no son directores funerarios, pues ese es un trabajo que se subcontrata en muchos casos, pero nadie vio venir el caos al momento de enmendar esta ley que lo pone como el único ente de dirigir una funeraria, resaltaron los empresarios.
En Puerto Rico las funerarias son negocios familiares que van de generación en generación y el director funerario generalmente es un empleado de la empresa. INS
P. Rico-Gobernador designa a capitán Elmer Román como nuevo secretario del DSP (ampliación)
San Juan, 10 abr (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció la designación del capitán Elmer Román como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP).
Román, natural de Yauco, reemplazará a Héctor Pesquera, quien dejará su cargo el 30 de abril.
En La Fortaleza, Román, exdirector de Capacidades Conjuntas y jefe de equipo para Integración de Misiones en la Oficina del Subsecretario de la Defensa de EEUU, dijo que “esta nominación es importante. Me da la oportunidad de devolver lo que me dio Puerto Rico”.
Sobre su nuevo cargo, admitió que “para mí no será fácil”.
Tras una carrera militar (Infantería de Marina y Reserva Naval) y como empleado federal, Román proviene de una familia castrense y ha servido en el ámbito administrativo y operacional (seguridad, inteligencia, defensa, tecnología y manejo de desastres).
Adelantó que evaluará “los aspectos operacionales y técnicos” del DSP, para lograr una estructura “efectiva y costoeficiente”.
Rosselló Nevares opinó del designado que “tiene un récord ejemplar”.
El salario del nuevo funcionario del DSP será de 180 mil dólares anuales. INS
P. Rico-Merman fondos para atender a los ancianos mientras aumenta ese sector de la población
San Juan, 10 abr (INS).- El Departamento de Salud (DS) y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) plantearon que a pesar de que la población de 60 años o más ha aumentado, los fondos presupuestados para ofrecerles servicios han disminuido con el pasar de los años, lo que representa la posibilidad de que se afecten los dineros federales que se asignan a las necesidades de este sector.
En una audiencia pública ayer de la Comisión Especial para la Evaluación del Proceso de Adopción y el trato de las Personas de Edad Avanzada, presidida por la representante Jacqueline Rodríguez Hernández, la Procuradora de la OPPEA, Carmen Sánchez Salgado, manifestó que la agencia ha cumplido con el plan de implementación de ahorros requeridos a nivel administrativo pero con la salvedad que estas cantidades se redirigen para ofrecer mayores servicios a la población a la que sirven.
“Actualmente el presupuesto que recibimos por el fondo estatal está prácticamente comprometido para el pareo de fondos federales. Es decir que, por los recortes recibidos en años anteriores a nivel estatal, el seguir afectando el mismo causará el incumplimiento con el pareo requerido por el gobierno federal. Por lo tanto, toda reducción o ahorro que realice a nivel administrativo, debe ser llevado a ofrecer servicios porque el devolver el mismo al Fondo General afectará el pareo requerido y por ende, la otorgación de fondos federales”, afirmó la funcionaria.
Por ello, Sánchez Salgado planteó que la OPPEA evalúa la posibilidad de ofrecer servicios en línea mediante el uso de aplicaciones para móviles y llegar así a más personas de edad avanzada.
En iguales términos se manifestó la secretaria del Departamento de la Familia (DS), Glorimar Andújar, que señaló que solo cuentan con 54.2 millones de fondos estatales para el cuidado de ancianos, de los cuales 34 millones son utilizados para el programa de cuidado sustituto que sirve a 3,700 personas que no cuentan con familiares que suplan sus necesidades, mientras que se utilizan 12.2 millones para el servicio de ama de llaves de 1,500 participantes.
“Definitivamente necesitamos más presupuesto”, aseguró Andújar, que sostuvo que es necesaria legislación con “mecanismos reales” para que los hijos de personas ancianos se hagan responsables de atender a su progenitor, ya que en los últimos años ha crecido el número de hijos que han salido de la Isla y han dejado abandonados, sin los arreglos necesarios a estas personas.
En ese sentido el representante Víctor Parés Otero sometió una petición para que se someta legislación antes de que finalice el cuatrienio, que reúna todas las leyes que existen para proteger a la población de edad avanzada, la cual fue acogida por la Presidenta de la Comisión.
Antonio Cases, de la división de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud, especificó que en el caso de su agencia, los fondos destinados al Centro y Registro de Alzheimer han ido mermando a través de los años de 50,000 en el 1999 a 23,000 en el año corriente.
Este programa se dedica a crear concienciación sobre la condición, a la actualización de los directorios de servicios para personas adultas mayores, y al ofrecimiento talleres de capacitación para profesionales de la salud y la comunidad.
A esto se une las futuras reducciones en fondos federales destinados a dar apoyo al Programa de Geriatría, en octubre de este año bajo la propuesta federal Preventive Health & Health Services Block Grant.
Ante este escenario, el deponente mencionó que se han visto en la obligación de integrar esfuerzos con entidades públicas y privadas de base comunitaria y de base de fe para realizar el trabajo de prevención y control de las enfermedades que más afectan a esta población tales como la hipertensión, colesterol elevado, diabetes y obesidad.
Mientras, Omar Figueroa, secretario auxiliar de la Secretaría de Subsidios del Departamento de Vivienda señaló, que a raíz del paso del huracán María la agencia ha recibido de parte del Departamento de Vivienda Federal una asignación de diez mil millones para apoyar el proceso de recuperación de los ciudadanos cuyas viviendas han sido impactadas, de las cuales el 20.4 por ciento de los solicitantes de ayudas de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés) serán recipientes de estos fondos, que pertenecen al sector de personas de 65 años o más con un ingreso menor al 80 por ciento del ingreso del área.
“Ciertamente, la recuperación de los envejecientes con ingresos limitados es particularmente complicada, por lo que nuestro Departamento les ha dado prioridad a los solicitantes de esta población”‘, señaló el deponente.INS
P. Rico-Gobernador anuncia la publicación en línea del borrador del presupuesto recomendado para el nuevo año fiscal
San Juan, 10 abr (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, anunció que la Oficina del Principal Oficial de Finanzas Públicas de Puerto Rico hizo público el borrador del presupuesto recomendado del Fondo General para el nuevo año fiscal (2019-2020), a través del portal cibernético de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).
“Hemos hecho público el documento relacionado al borrador del presupuesto consolidado del Fondo General. Tomamos en consideración las peticiones realizadas por las agencias que tienen prioridad para nuestro Gobierno como lo son el Departamento de Salud, Educación y Seguridad Pública. El informe se encuentra en discusión entre OGP, AAFAF y la Junta de Supervisión Fiscal”, comentó el primer ejecutivo.
Por su parte, el principal oficial de finanzas públicas y director ejecutivo de la OGP, Raúl Maldonado Gautier explicó que el presupuesto recomendado al fondo general asciende a 9,527 millones.
“Diariamente estamos en el proceso de discusión con la Junta de Supervisión Fiscal, en un ambiente de transparencia y responsabilidad fiscal. El presupuesto cumple con el Plan Fiscal sometido y atiende las prioridades de esta administración. Una vez culminen las evaluaciones con la Junta estaremos presentando a la legislatura la resolución final del presupuesto 2020”, indicó Maldonado Gautier.
El documento está disponible en www.aafaf.pr.gov, la página cibernética de la Aafaf. INS
EEUU-Utier pide ante el Congreso nombramiento de un inspector general independiente privado para la AEE
Washington, 10 abr (INS).- El presidente de la El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, depuso frente al Comité de Recursos Naturales del Congreso de los Estados Unidos, donde insistió en el nombramiento de un inspector general independiente privado (IPSIG, siglas en inglés) para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En su ponencia ante el Comité presidida por el congresista Raúl Grijalva, el líder sindical fue enfático en la importancia del nombramiento del inspector general independiente.
“El nombramiento de un IPSIG para la AEE permitiría que el gobierno federal y otras partes interesadas tengan confianza en que las decisiones de la AEE sean dirigidas por los principios de la gestión profesional y no por la interferencia político partidista” puntualizó Figueroa Jaramillo.
El presidente de la Utier solicitó al Comité que no se asigne dinero federal para la reconstrucción del sistema eléctrico de Puerto Rico hasta que se establezcan los mecanismos y procedimientos que garanticen la transparencia y buen uso de los fondos asignados.
Para ello, insistió en el nombramiento del inspector general independiente que se encargue del cumplimiento y uso de los fondos asignados a la AEE.
En la ponencia presentada al mediodía de hoy, Figueroa Jaramillo también expuso al Comité de Recursos Naturales que el acceso a la electricidad, y al menor costo posible, es un derecho humano fundamental y que debe estar garantizado bajo el modelo público a todas las clases sociales.
Explicó también que “la AEE debe ser reformada para adaptar sus procesos tecnológicos, para mejorar su infraestructura, para abrirse al uso de energía de fuentes renovables y limpias, para procurar abaratar costos de producción y para una administración más eficiente”.
Reiteró que se pretende que el Congreso asigne miles de millones de dólares para una reconstrucción de un sistema eléctrico, “pero que no existe un plan integrado de recursos ni un plan de desarrollo económico ni una verdadera visión energética, todo con el único propósito de que los privatizadores utilicen el dinero público federal para así generar sus ganancias y secuestrar a un país”.
Opinó, asimismo, que la Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico “no es un ‘Green New Deal’, como han querido hacer ver en Estados Unidos”, y que el uso de los fondos federales que asignen para la reconstrucción del sistema eléctrico serían utilizados para subsidiar la privatización de la AEE.
“La Ley 120 de 20 de junio de 2018 se aprobó sin que existiera un estudio que demostrara el beneficio asociado a la privatización. De hecho, la ley elimina el que se realice un estudio de deseabilidad y conveniencia para las transacciones. Cabe señalar que la política energética recientemente aprobada por la Legislatura en Puerto Rico no es ningún ‘Green New Deal’ como se ha pretendido vender en Estados Unidos. Los únicos objetivos claros establecidos son privatizar la Prepa y desplegar la generación de gas natural. Los fondos federales se utilizarán para subsidiar la privatización y no para atender las necesidades y mejores intereses del pueblo puertorriqueño”, explicó el presidente del sindicato.INS
ndc