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San Juan, 7 abr (INS). El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Michael Abid Quiñones Irizarry refirió a la oficina de Ética Gubernamental al alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, “por cabildear un proyecto de Ley para beneficiar una propiedad suya”.
Además, refirió al Departamento de Justicia y al Tribunal Supremo al alcalde por presentarse como “licenciado” cuando no está autorizado a ejercer la práctica de la abogacía en Puerto Rico.
La Resolución Conjunta del Senado 279 fue aprobada por ambos cuerpos legislativos, pero vetada por el gobernador Ricardo Rosselló y buscaba modificar los límites territoriales de los municipios de Cayey y Guayama, para extender la jurisdicción del municipio de Cayey a través de la transferencia de varios sectores del barrio Carite, pertenecientes al municipio de Guayama.
Quiñones Irizarry denunció que “el alcalde de Cayey compareció ante la asamblea legislativa y la oficina del Gobernador a abogar por la firma de la medida, que le daría un nuevo territorio al ayuntamiento que dirige. Pero ocultó ilegalmente a que él tiene una propiedad en el barrio Carite que pretendía pasarse a su municipio para darle servicios que aumentarán su valor”.
El legislador incluyó una certificación del CRIM y un mapa registral que demuestran la titularidad del alcalde sobre la propiedad en controversia.
Además, las cartas que incluyó el representante firmadas por Rolando Ortiz como alcalde de Cayey, y dirigidas a la asamblea legislativa y a la oficina del Gobernador, “no expresan sobre sus intereses propietarios y personales sobre el territorio que le pretendía quitar al municipio de Guayama”.
El representante del PNP afirmó que “con razón el también alcalde del PPD en Guayama, Eduardo Cintrón, afirmaba que Rolando Ortiz no tenía ‘honor de caballero’, pero resulta que también el alcalde de Cayey violó la Ley de Ética Gubernamental que en sus artículos 4.2 y 4.4, que hacen ilegal que un servidor público utilice su cargo para obtener un beneficio personal o privado”.
Agregó que “el propio Rolando Ortiz dijo claramente que quería pasarse esos terrenos donde ubica su propiedad para darle servicios municipales con los fondos públicos del municipio de Cayey. Eso sería utilizar su cargo para beneficiar una propiedad privada del alcalde”.
Además, Irizarry Quiñones refirió al alcalde de Cayey al Departamento de Justicia y al Tribunal Supremo por comparecer y decir falsamente que es licenciado en la abogacía en sus comparecencias, cuando no está autorizado y está inactivo en el registro de abogados admitidos hace varios años.
“La Ley 17 de 10 junio de 1939, según enmendada, en su sección 4 es diáfana al disponer que un abogado o licenciado tiene que estar autorizado y admitido para representante como tal. Por su parte, la sección 7 de esta ley dispone que ninguna persona que no sea abogado autorizado por el Tribunal Supremo podrá anunciarse como abogado o licenciado. Esta práctica constituye delito por el que debe ser procesado”, concluyó el legislador. INS
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