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San Juan, 4 abr (INS).- Los legisladores independentistas Juan Dalmau Ramírez y Denis Márquez Lebrón sometieron hoy sendas resoluciones en el Senado y la Cámara con el propósito de investigar el proceso de construcción, permisos y los probables peligros a la salud de una proyectada planta de asfalto por la empresa A&M Group, en el pueblo de Moca.
“Ante la propuesta de esta empresa de construir una asfaltera cercana a las comunidades Mamey, La Monserrate, Sabana, el residencial Moca Housing, y las urbanizaciones Los Robles y Las Palmas, y la preocupación de estos vecinos por el efecto negativo que probablemente tendría en la salud de sus familias y el ambiente, sometí esta resolución investigativa, porque el Senado no puede quedarse de brazos cruzados ante esta situación”, explicó Dalmau Ramírez.
Ambas resoluciones, del Senado 1033 y de la Cámara 1359, expresan que es reconocido, hasta por la Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA), que la producción de asfalto es una de las mayores fuentes de contaminantes aéreos.
“Para elaborar el asfalto las plantas mezclan arena, gravilla y derivados del petróleo que pueden ser perjudiciales para la salud y el ambiente. La EPA ha establecido que el procesamiento de asfalto es una de las mayores fuentes de contaminantes aéreos y que la exposición a estos tóxicos pueden causar cáncer, problemas al sistema nervioso central, daños al hígado, problemas respiratorios e irritación de la piel”, explicó el senador.
Ambos líderes del PIP recordaron que ya en Puerto Rico existen ejemplos de los problemas que conlleva establecer estas asfalteras cerca de las comunidades.
“Tenemos el ejemplo en Toa Alta donde vecinos de una asfaltera, llevan años señalando diversos problemas de salud relacionados con las vías respiratorias, así como de varias reacciones alérgicas, debido a los constantes olores a asfalto y la capa de hollín negro que exhiben las paredes y pisos de sus hogares proveniente de ese material”, agregó.
El senador del PIP explicó que a esto hay que agregar el problema con los ruidos de la planta y el tráfico de camiones que conlleva otros problemas de salud, puesto que “el desarrollo nunca puede ser a costa de la salud y la calidad de vida de las familias y comunidades”.
Márquez Lebrón puntualizó, en tanto, que la preocupación de la comunidad los ha llevado a reclamar a las autoridades locales espacio para expresar su sentir y oposición a este inminente peligro a la salud y al ambiente.
“El desarrollo de fábricas, plantas o estructuras destinadas a la producción o elaboración de sustancias que sean potencialmente perjudiciales para los ciudadanos tiene que contar con los permisos requeridos por ley y tiene que considerar a las comunidades que se puedan ver afectadas”, destacó.
El representante a la Cámara sostuvo que “sistemáticamente hemos visto cómo, en aras del desarrollo, se ignoran factores relacionados al ambiente y se atropellan a las comunidades y desde el PIP en la Legislatura seremos solidarios con todas esas luchas”. INS
ndc