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San Juan, 2 abr (INS).- El presidente de la Comisión de Educación Especial y Personas con Discapacidad de la Cámara de Representantes, Rafael “June” Rivera Ortega, anunció hoy que comenzará una investigación urgente sobre las deficiencias que llevaron a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) a colocar en sindicatura a la Defensoría de Personas con Impedimento.
Según explicó Rivera Ortega, “le estamos requiriendo a Gabriel Corchado Méndez, defensor interino de la Defensoría de las Personas con Impedimento de Puerto Rico, una serie de documentos que nos permitirán constatar si esta agencia está o no en cumplimiento con las disposiciones contenidas en la Ley 158-2015, que rige dicha agencia de servicios a personas con discapacidad”.
De igual forma, darán comienzo “a una investigación exhaustiva sobre la calidad de los servicios que esta agencia ofrece, para procurar que estos sean de la más alta calidad para la población que así los requiere”.
“El 55% del funcionamiento de la Defensoría de Personas con Impedimento se financia con fondos federales. Por lo tanto, perder esos fondos tendría un efecto devastador no sólo en la agencia, que quedaría inoperante, sino en toda persona con discapacidad que necesita de sus servicios”, añadió el legislador.
La comisión especial espera la entrega de documentos e información en un plazo no mayor de 10 días, “para que podamos investigar y ayudar en la identificación de iniciativas correctivas”.
En ese plazo, Corchado Méndez debe proveer copia del Plan Estratégico Integral, basado en los derechos de las personas con impedimento, pertinente a aquellos asuntos de salud, política, vivienda, educación, ámbito laboral, economía y cultura, entre otros, así como las medidas para atacar el discrimen, opresión y marginación hacia las personas con discapacidades que se encuentren vigentes.
“Como presidente de la comisión, como representante, pero sobre todo como puertorriqueño comprometido con las causas de las personas con discapacidad por más de 15 años, no voy a permitir que por la mala administración de algunas personas en la Defensoría la población con discapacidad pierda el servicio”, concluyó Rivera Ortega. INS
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