R. Dominicana-Dos leyes despiertan temores de censura a la prensa, según un informe presentado ante la reunión de la SIP

Adriano Miguel Tejada al momento de leer el informe ante la Comisión de Libertad de Prensa de la SIP. / Inter News Service

Santo Domingo, 1 abr (INS).- La libertad de expresión en República Dominicana está amenazada luego de que se aprobaran dos leyes que limitarían el ejercicio periodístico en tiempos de campañas políticas y se discute otra similar en el Congreso Nacional, situación que ha despertado el temor de que resurjan mecanismos de censura en la nación.

La preocupación fue externalizada a través de un informe preparado por el periodista Miguel Fanjul, director del impreso local Listín Diario, y dado a conocer en Cartagena, Colombia, durante la jornada que realiza la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El documento de Franjul, también vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa de ese organismo, fue leído por Adriano Miguel Tejada, miembro de la junta de directores de esa entidad y director en el país del periódico de circulación gratuita Diario Libre.

Las leyes a las que se refiere el documento son las de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Electoral, que aseguran contienen “disposiciones que amenazan la libertad de expresión de los ciudadanos en tiempos de campaña proselitista”.

Las medidas contemplan penas de hasta 10 años de prisión para los delitos de difamación e injuria que se cometan contra los candidatos y partidos políticos, y de 3 a 10 años por violaciones a normas éticas, legales y constitucionales sobre uso de medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales.

“A la existencia de estas leyes podrían agregarse otras que se discuten en el Congreso sobre los medios de comunicación que contemplan restricciones y normas inhibitorias”, advierte el reporte.

“En lo relativo a las leyes de Partidos y la de Régimen Electoral, penalizan hasta con diez años comentarios negativos contra precandidatos o candidatos”, indica el documento en el que se advierte, además, que el concepto de «comentarios negativos» va más allá de las figuras jurídicas de “difamación” o la “injuria”, ya sancionadas en el Código Penal vigente y en la Ley sobre Expresión y Difusión del Pensamiento.

Puede considerarse un comentario negativo cualquier cosa que el precandidato o candidato entienda que perjudica a sus aspiraciones, aunque la afirmación sea cierta.

El informe resalta que en la República Dominicana se propuso, además, un observatorio electoral para determinar las informaciones falsas o verdaderas, lo que también resulta un mecanismo riesgoso contra la libre expresión.

“En ese ambiente de prejuicios y medidas contra la libertad de expresión, la Sociedad Dominicana de Diarios procura con el Congreso una nueva ley de comunicación que ofrezca más garantías”, agrega.

Precisa el documento que en el último semestre se han producido 14 casos de periodistas que han padecido maltratos, agresiones y amenazas de muerte provenientes de agentes policiales y militares en la cobertura de eventos como de individuos y agrupaciones civiles.

“Al menos cinco connotados comentaristas de la radio y la televisión han denunciado que fueron inducidos a renunciar a los programas en los que trabajaban por presiones desde el gobierno contra los propietarios de los medios, a causa de sus continuas críticas y denuncias sobre casos de corrupción. No se trató de expulsiones directas ni de cierre de sus programas, sino de cambios administrativos dispuestos por esos medios que los comunicadores no aceptaron”, precisa.

Advierte que persisten temores de que queden en la impunidad los crímenes del periodista Blas Olivo, ocurrido en abril de 2015, y de los comunicadores radiales Leo Martínez y Luis Manuel Medina, en febrero de 2017.

Las audiencias judiciales del caso Olivo se han aplazado 316 veces en cuatro años y por ese crimen guardan prisión seis personas acusadas de pertenecer a una banda de sicarios.

“En el caso de los comunicadores asesinados en una cabina de la estación radial en San Pedro de Macorís, todavía no se ha dado a conocer el informe de la investigación ordenada por el Poder Ejecutivo que sería la base para esclarecer un escándalo de corrupción denunciado por ambos con la venta de tierras del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)”, reseña el informe.

Y agrega que “el victimario de los periodistas murió horas después del crimen en lo que se describió como un intercambio de disparos con la patrulla policial que lo perseguía. El juicio, por tanto, está estancado”.

Precisa el reporte que “en ese ambiente de prejuicios y medidas contra la libertad de expresión, la Sociedad Dominicana de Diarios procura con el Congreso una nueva ley de comunicación que ofrezca más garantías”. INS

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