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Caguas, 21 mar (INS).- La directora ejecutiva de Proyecto Matria, Amárilis Pagán Jiménez, aplaudió hoy que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares vetara el proyecto de ley del Senado 950 dirigido a limitar el derecho al aborto en el país.
“Ese proyecto carecía de fundamentos legales y científicos que lo justificaran y respondía a una agenda conservadora que no debe tener cabida en un Estado laico”, expresó la también abogada acerca de la medida, cuyo debate en la Asamblea Legislativa describió como “tremendamente sesgada y ofensiva”.
“La discusión de ese proyecto en la Legislatura fue tremendamente sesgada y ofensiva hacia la dignidad de las mujeres de este país y no hubo forma de que las voces de la razón calaran en los legisladores y legisladoras que votaron a favor”, acusó la activista social.
Pagán Jiménez sostuvo que los legisladores dejaron de lado las ponencias y comunicaciones que claramente establecían los peligros del proyecto y eligieron complacer a grupos que llevan décadas tratando de revertir lo que es ley y jurisprudencia en nuestro país.
La portavoz de la organización Matria añadió que también es necesario que las expresiones del gobernador Rosselló Nevares se conviertan en una orden a las agencias públicas para que no interfieran con ese derecho y dejen de estigmatizar a mujeres y jóvenes que decidan terminar un embarazo.
“Lo ocurrido en el Departamento de Educación con los 850 estudiantes que fueron llevados a una actividad religiosa en contra del derecho al aborto es indignante y es violatorio de lo que debería ser un Estado laico que respete la dignidad y autonomía de sus ciudadanas”, refirió sobre el insólito incidente ocurrido la semana pasada con alumnos de Ponce y Guayama.
Para Pagán Jiménez, el Departamento de Educación ha sido secuestrado por directoras y directores y docentes que imponen sus creencias religiosas a sus estudiantes sin que haya consecuencias.
“Ya es hora de que se tomen medidas con esas funcionarias y funcionarios y que se garanticen espacios de equidad en nuestro sistema educativo”, reclamó la directora ejecutiva de Matria al señalar que por años se han usado fondos públicos para apoyar organizaciones religiosas que disfrazan sus prédicas con talleres o terapias que hasta violan los cánones de ética de profesiones como la de trabajo social y psicología.
Afirmó que la discusión sobre el aborto, las terapias de conversión y actividades como las de las escuelas del sur solo han corroborado el nivel de fundamentalismo religioso que ha invadido la Legislatura y algunas agencias de gobierno, por lo que “es hora de parar esto, por el bien de nuestra niñez y del país”.
Pagán Jiménez hizo un llamamiento al gobernador Rosselló Nevares para que en su Orden Ejecutiva sobre las terapias de conversión dé instrucciones al Departamento de la Familia y al Departamento de Justicia para que investiguen como maltrato las instancias en las que madres/padres y custodios de menores autoricen la aplicación de esas terapias por profesionales de la salud o cualquier otra persona.
Señaló que ya es hora de que se catalogue como maltrato las instancias en las que esos mismos adultos maltraten física, emocional o económicamente a jóvenes de las comunidades LGBT como parte de un patrón de rechazo a su orientación sexual o identidad de género.
“Las niñas, niños y jóvenes LGBT no están enfermas; lo que sí es enfermizo es el fanatismo que lleva a adultas y adultos de su entorno a dañarles en vez de amarles y respetarles”, insistió la directora del Proyecto Matria. INS
ndc