P. Rico-Apoyo a licencia especial para las víctimas de violencia doméstica

San Juan, 20 mar (INS).- La procuradora de la Mujer, Lersy Boria Vizcarrondo, expresó hoy que la violencia doméstica o de género constituye un grave problema global de salud que afecta a un tercio de todas las mujeres a nivel mundial, y que Puerto Rico no es la excepción.

“Para poner en perspectiva lo alarmante que es la situación en nuestra Isla, para el año 2018, la ‘Línea de Orientación 24/7’ de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), atendió 3,296 llamadas para orientaciones de víctimas de violencia doméstica y en este mes han aumentado en un 21 por ciento”, indicó al mencionar que de acuerdo con estadísticas del Negociado de la Policía, Bayamón encabeza los incidentes de violencia doméstica con 951 querellas de enero a diciembre de 2018, seguido por Arecibo con 907 y Caguas con 608.

A tal efecto, la funcionaria favoreció en vista pública de la Comisión de Asuntos de la Mujer, que preside la representante Lourdes Ramos Rivera, el Proyecto de la Cámara 2007 para crear la “Ley de Licencia Especial para Empleados con Situaciones de Violencia Doméstica o de Género, Maltrato de Menores, Hostigamiento Sexual en el Empleo, Agresión Sexual, Actos Lascivos o de Acecho en su modalidad grave”.

Mediante este Proyecto se le concede 15 días sin sueldo a estos empleados durante el año, indistintamente que exista o no una querella policiaca para atender los problemas que enfrenten por estas causas.

La Procuradora de la Mujer agregó que el año pasado, la OPM atendió 966 situaciones de violencia doméstica, 73 situaciones de asecho y 29 situaciones de agresión sexual, sin considerar las situaciones no atendidas por la OPM.

Según Boria Vizcarrondo, “a pesar de los esfuerzos por parte del Gobierno para atender las manifestaciones de la violencia doméstica o de género en las esferas de empleo público y privado, muchas víctimas se han visto coartadas de la ayuda que proveen estas leyes en sus lugares de empleo por la interpretación limitada de las leyes, que algunos patronos han decidido adoptar a favor de sus empleados.  Por lo que este proyecto es cónsono con parte del protocolo ya existente en estos casos”. 

A preguntas de la representante Ramos Rivera, la Procuradora indicó que las multas impuestas por el incumplimiento de la ley, tienen que pagarlas los patronos en el caso de la empresa privada y el Gobierno respecto a los empleados públicos. Además, informó a la Comisión que su Oficina está trabajando en una base de datos sobre estos casos con el propósito de tener un cuadro de las necesidades apremiantes.

La representante Ramos Rivera indicó que “vamos a hacer unas consultas. No estoy a favor de que las multas las pague el mismo Gobierno.  Creo que cada Jefe de Agencia, Director de Recursos Humanos que acepta trabajar en el Gobierno tiene que tener una responsabilidad  con sus funciones, el trabajo a realizar y con el cumplimiento del mismo. Abogo para que lo pague de su bolsillo. Cuando nos cuesta del bolsillo, los errores se disminuyen. Si las va a pagar el Gobierno no hay una motivación para el cumplimiento de la ley”, argumentó.

Naihomy Álamo Rivera, procuradora del Trabajo, adscrita al Departamento del Trabajo, igualmente avaló la medida. No obstante, aclaró que los empleados exentos tienen que ser remunerados de forma íntegra por cada semana de trabajo en la que realicen una tarea sin importar las horas que trabajen. Esto porque su contrato se basa en un sueldo fijo garantizado que no está sujeto a reducciones por variaciones en la cantidad o calidad del trabajo.

“Por lo tanto, si un empleado exento se ausenta  menos de un día por hacer uso de la licencia especial concedida por este Proyecto, se tiene que pagar el día completo de trabajo o el patrono estaría haciendo una deducción no permitida por el ‘Fair Labor Standards Act’, dijo Álamo Rivera.

También, destacó el hecho de que cuando el trabajador se reincorpore a su empleo someta evidencia justificando el uso correcto de la licencia especial.

Asimismo, Mairís Cassagnol Corniel, secretaria auxiliar de asesoramiento del Departamento de Justicia, afirmó que la pieza “responde un interés apremiante del Estado de proteger a estas víctimas y, a su vez, elimina la discreción de los patronos de negar a la víctima o a su familiar disfrutar de una licencia para atender situaciones de maltrato”. 

Tanto Carlos Yasmin, director legal de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, como la licenciada Diocelyn Rivera Díaz, de la Oficina de Administración y Transportación de los Recursos Humanos, también respaldaron la medida.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborables, Ángel Peña Ramírez, en segunda instancia de la vista pública, expresó que el Proyecto complementa las leyes ya establecidas por el Gobierno y amplía la ayuda para las víctimas.  “Se entiende por buscar ayuda que no solamente es incoar una acción en el tribunal o entidad cuasi judicial, sino de orientación, terapia y otras. Esto abarca la parte legal y la integral del servicio que merecen este tipo de víctimas. Nuestro norte es buscar que ese acceso que ha estado buscando el Estado se lleve a cabo. Quizás ya la ley exista pero el hecho de que puedan asistir al tribunal, terapias o algún albergue sin verse afectado su empleo es necesario, y abarca tanto al sector público como privado”. INS

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