Inter News Service Agencia de Noticias
Resumen de noticias para el martes 19 de marzo de 2019
P. Rico-La isla tiene el índice más alto de pobreza, casi el doble que el estado de EEUU en peor condición
San Juan, 19 mar (INS).- Por quinto año consecutivo, el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) presentó el Índice de Bienestar de la Niñez y la Juventud con el fin de obtener una radiografía de las condiciones en las que viven los niños y jóvenes en Puerto Rico.
El Índice observa 27 indicadores, a nivel municipal y estatal, en cinco áreas principales: economía, educación, familia, salud y seguridad.
En esta edición, Puerto Rico volvió a sacar D, ubicándose en la posición 23, de peor a mejor condición, si es comparado con otros estados.
De acuerdo al análisis, entre 2012 y 2017, los indicadores relacionados a seguridad económica de las familias con niños continuaron empeorando.
El nivel de pobreza en menores se ha mantenido constante, pero con una tendencia al aumento de 56% a 58%.
De acuerdo con el estudio, si se comparan los niveles de pobreza de Puerto Rico con los estados, Puerto Rico tiene el índice más alto de pobreza (casi el doble) que el próximo estado en peor condición, Louisiana con 28%, seguido por Nuevo México (27%).
En algunos municipios de Puerto Rico, esta cifra puede llegar hasta el 84%, como es el caso de Maricao.
Estas tasas de pobreza infantil en Puerto Rico podrían seguir aumentando.
De acuerdo con el estudio, “Los efectos del huracán María en la Niñez en Puerto Rico”, realizado a principios de año, las familias de ingresos bajos fueron -y continúan siendo- las más afectadas tras el paso del huracán.
Según los hallazgos, el 40% de los hogares con ingresos anuales menores de 15,000 indicaron tener dificultades con el pago de agua y luz, con la compra de alimentos (38%), medicamentos (16.1%) y materiales educativos para sus hijos (20.5%).
Es por esto que, a nivel federal, el IDJ recomienda la extensión del Child Tax Credit a familias de uno y dos niños, ya que la seguridad económica de muchas familias fue socavada durante la catástrofe.
Según el Índice de Bienestar, las familias con menores donde uno o ambos padres están desempleados, o fuera del campo laboral, ha disminuido de 50% en el 2012 a 47% en 2017.
Sin embargo, la mediana de ingreso en las familias con menores también muestra una tendencia a disminución de 20,459 a 19,257 dólares, lo que implicaría más empleos, pero menos remunerados.
En el renglón de Familia, la isla también registró el primer lugar con la mayor cantidad de hogares con menores que reciben ayuda del programa de asistencia nutricional (PAN) con 44.7%, reflejando la vulnerabilidad económica de las familias puertorriqueñas que dependen de este beneficio.
En ese mismo renglón, Puerto Rico obtuvo el por ciento más alto de menores que viven en familias monoparentales, con un 62%.
“Llevamos desde el 2012 actualizando este Índice anualmente y lamentablemente es en ese renglón de indicadores económicos donde no hemos visto progreso, y en ocasiones vemos empeoramiento. Estos números reflejan que una gran mayoría de familias con niños y jóvenes, no han logrado romper con el ciclo de la pobreza. Ya es hora de que en Puerto Rico se articule una estrategia de política pública para efectivamente atacar este problema. Puerto Rico pone en peligro su futuro y prosperidad”, afirmó Amanda Rivera, directora ejecutiva del IDJ.
Un indicador que ha mostrado mejoría ha sido el de jóvenes desconectados, no matriculados y sin empleo.
Aunque entre el 2016 y el 2017 el porcentaje disminuyó de 15% a 12%, Puerto Rico sigue siendo la jurisdicción con la tasa más alta. “Son particularmente estos jóvenes quienes tienen menos posibilidades de romper el ciclo de la pobreza.
“Además, cabe recalcar que, en municipios como Vega Alta, casi una tercera parte de los jóvenes caen bajo esta categoría”, resaltó.
Según la investigación, luego del paso del huracán Katrina -los jóvenes- principalmente aquellos desplazados de sus hogares luego de la catástrofe, tuvieron mayor probabilidad de no completar la escuela, lo que representa un grupo de gran vulnerabilidad, y lo que podría representar una posible alza en estos parámetros en los próximos años.
Uno de los indicadores donde Puerto Rico se encuentra en mejor condición, en comparación con otros estados, está relacionado al porcentaje de niños en los tres y cuatro años matriculados en la escuela.
En ese sentido, el Índice mostró de los por cientos más bajos de menores de 3 a 4 años no matriculados (41%) en comparación con otras jurisdicciones, lo que implicaría que la mayoría (59%) de los niños en edad temprana asiste a algún centro escolar.
Sin embargo, es un indicador que debe ser observado ya que, el porcentaje de niños en edad preescolar no matriculados, estuvo en 33% en 2016.
Asimismo, la mayoría de los indicadores en el área de seguridad empeoraron significativamente.
Uno que mostró un alza significativa fue el de estudiantes que no fueron a clase por sentirse inseguros en la escuela o en el camino, de 12% en el 2015 a 20% en 2017.
Otro ejemplo es el porcentaje de los estudiantes que sufrió “bullying” en la escuela, el cual subió de 10% en el 2015 a 17% en el 2017.
En cuanto a las peleas físicas en las escuelas, en 2013 ese indicador estuvo en 9% y subió a 13% en el 2017, siendo Puerto Rico la segunda jurisdicción con el porcentaje más alto.
En el área de Salud, Puerto Rico continúa en la peor condición relacionada a estudiantes entre noveno y duodécimo grado que no realizan actividad física a diario (30%).
Otro aspecto de salud es la salud mental de los estudiantes que han considerado suicidarse: el indicador subió de 12% en el 2015 a 17% en el 2017.
“El propósito del Índice es poder identificar cuáles son los retos que enfrentan los niños y jóvenes de Puerto Rico, para así desarrollar soluciones de política pública para atenderlos. En el IDJ hemos desarrollado una serie de recomendaciones de política pública para atender algunos de estos retos, especialmente en el contexto de la recuperación del huracán María. Ya hemos solicitado reuniones con jefes de agencia para presentar las mismas, y próximamente estaremos comunicándonos con la Legislatura. Al final del día, los problemas tan graves y persistentes, como lo son la pobreza infantil, no se resuelven meramente con programas aquí y allá. Requieren soluciones de escala y sistémicas”, declaró Rivera.
Respecto del Índice Municipal, que recoge 17 de los 27 indicadores del Índice de Bienestar de Puerto Rico, los municipios con las peores condiciones son Maricao (Niños, niñas y jóvenes bajo el nivel de pobreza), Adjuntas (Mediana de ingreso familiar con niños menores de 18 años, 9,922 dólares), así como Vega Alta, Fajardo y Vieques (Jóvenes entre 16 y 19 años que no asisten a clase, ni tienen diploma de cuarto año)
En la lista repite Adjuntas (Familias con menores donde un padre está sin empleo) y se suma Barranquitas (Hogares con niños, niñas y jóvenes que reciben ayuda del programa de asistencia nutricional) y Culebra (Niños, niñas y jóvenes viviendo en familias monoparentales). INS
P. Rico-Grijalva afirma que debate sobre el tema del estatus político de la Isla “tiene que ocurrir y va a ocurrir”, aunque advierte que solución tardará años
San Juan, 19 mar (INS).- El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Raúl Grijalva, afirmó ayer que el debate sobre el tema del estatus político de la Isla “tiene que ocurrir y va a ocurrir”.
Grijalva ofreció las declaraciones tras reunirse en La Fortaleza con el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Respecto del estatus político, el congresista estadounidense dijo que “ese debate tiene que ocurrir y va a ocurrir, nunca nos hemos negado a esa realidad”.
Adelantó que esa discusión se dará en Puerto Rico y el Senado federal.
“Este debate también va a ser parte de la discusión de los siguientes meses, años, porque es un proceso más lento de lo que se espera”, comentó. INS
P. Rico-Rechaza Sobrino que plan fiscal del gobierno sometido a la Junta de Supervisión Fiscal no cumpla con Promesa, aunque lo someterá nuevamente
San Juan, 19 mar (INS).- El director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Christian Sobrino Vega, rechazó ayer que el plan fiscal del gobierno sometido a la Junta de Supervisión Fiscal no cumpla con los términos que establece la ley federal Promesa.
“La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) envió una notificación donde alega que el plan fiscal sometido por el gobierno de Puerto Rico no cumple con la ley Promesa. De entrada, rechazamos categóricamente el planteamiento de que nuestra propuesta no cumple con la ley. Todo lo contrario. Nuestra propuesta de plan fiscal refleja los números más certeros y recientes del comportamiento fiscal de la Isla”, aseguró en declaraciones escritas.
Además, agregó, “les recordamos que la JSF en su carta del 18 de enero de 2019 había anunciado que tenía la intención de enviar esta comunicación de violación. Por lo cual, cuestionamos la precisión con la que se evaluó nuestra propuesta”, en lo que es una insinuación de que el Plan habría de ser rechazado de antemano.
“Invitamos a la JSF de ejercer mayor diligencia al evaluar la próxima propuesta de plan fiscal que someterá el gobierno esta semana, según requerido. En la medida en que la JSF pida de buena fe información adicional, por supuesto se proveerá. En cualquier instancia, la política pública del gobierno de Puerto Rico continúa y continuará siendo establecida por el gobierno electo del pueblo de Puerto Rico”, atajó Sobrino Vega.
Quién establece la política pública del gobierno es una controversia entre el gobierno electo de Puerto Rico y la JSF, nombrada por el presidente de Estados Unidos.
Al ser la isla un territorio de EEUU, no tiene derecho a votar por los funcionarios federales a cargos políticos.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) notificó de violaciones al gobernador Ricardo Rosselló Nevares en relación con el plan fiscal propuesto del gobierno de Puerto Rico.
El propósito de este plan es exclusivamente incorporar información actualizada, incluyendo ajustes técnicos de parte del gobierno y no renegociar política pública, señaló la JSF.
Añadió, en declaraciones escritas, que el PFP falla “al no incluir información detallada con respecto a reformas estructurales críticas, ni tampoco incluye data puntual sobre proyecciones base. Lo que el plan incluye, sin embargo, es un sinnúmero de propuestas de política pública incongruentes con los criterios de la Ley Promesa”.
La Junta reveló que el plan fiscal propuesto contiene “deficiencias que requieren revisiones significativas e información adicional para poder certificarlo conforme a los requerimientos de la Ley Promesa”.
Consigna, además, que el plan fiscal certificado (PFC) de octubre pasado contiene las reformas estructurales, medidas fiscales y objetivos que la JSAF entiende son necesarias para cumplir con los requerimientos de Promesa y que se deben incluir en el nuevo plan fiscal.
De acuerdo con el organismo, el plan fiscal propuesto debe mantener el nivel de detalle incluido en el PFC, “el cual incluye planes de implementación y metas concretas”.
“La JSF entiende que el plan fiscal propuesto debe incluir la información más actualizada y que este proceso deberá informar el camino hacia la confección del presupuestario del año fiscal 2020.
Igualmente, estableció que el plan fiscal propuesto revisado, así como la primera entrega del borrador de presupuesto para el año fiscal 2020 deberán ser entregado a la Junta el próximo 22 de marzo al mediodía.
La JSF manifestó que el gobierno “debe aprovechar el breve período de estímulo económico, gracias a la asistencia de fondos federales tras el paso del huracán María. De este modo, pudiera transformar una economía que ha estado en recesión por un largo período y efectuar las reformas estructurales necesarias para restaurar el acceso del gobierno a los mercados de capital”.
Según la entidad que maneja las finanzas del gobierno, el plan fiscal propuesto tiene incongruencias en la cantidad de fondos para desastres que la FEMA allegará a la isla.
El gobierno estima esta cifra en 3.7 billones (del año fiscal 2018 al 2019), mientras que información publicada por el propio gobierno (a través del COR3) indica que ya se han desembolsado 6.2 billones aun cuando no ha terminado el año.
“El gobierno debe actualizar sus cifras con respecto a este tema para incluir datos del año fiscal 2018 y 2019”, apuntó la Junta.
Asimismo, estableció que el plan fiscal propuesto prevé un ingreso al fisco “mucho mayor a la tendencia actual, como consecuencia de un alza en el consumo con fondos de desastre federales relacionados a mejoras de capital. Este supuesto no está detallado en el PFP de acuerdo al de despliegue de todos los fondos para desastre”.
La JSF solicitó al gobierno que incorpore los efectos o riesgos que pudieran ejercer los cambios a las leyes contributivas sobre otras contribuciones, como Impuesto de Ventas y Uso y Contribuciones a la Propiedad, por ejemplo.
“El plan fiscal propuesto no debe incluir ingresos de la nueva ley de contribuciones”, acotó el organismo.
La Junta exigió también que se elimine del plan fiscal propuesto un ingreso estimado de un billón anual en fondos federales, correspondientes a pareos bajo el Seguro Social y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), ya que “este supuesto no está acorde con la ley actual”.
Asimismo, el PFP, según la JSF, reconoce la deuda a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), pero “existe incongruencias en la cantidad que el gobierno tiene que pagarle a la AEE. El plan fiscal propuesto dice que tendrá que pagar $0.1 billones menos (entre año fiscal 2019 y 2023), sin detallar por qué”.
Además, indica que las cifras del plan fiscal propuesto con respecto al Producto Nacional Bruto mantiene un repunte de 0.15% en el AF21 como consecuencia de la Reforma Laboral.
“Sin embargo, las mediciones de cumplimiento de este precepto dependían de la implantación del Crédito por Ingreso al Trabajo (EITC) y por el requerimiento de trabajo del Programa de Asistencia Nutricional. Sabiendo que estas reformas no están encaminadas, estimamos que el gobierno no cumplirá con las mismas y, por ende, el despunte no ocurrirá hasta el año fiscal 2025”, acotó el organismo.
Añadió que la reforma energética tomará “más tiempo de lo previsto, por lo que el efecto implantación y transformación del sistema entrarán en efecto entre el año fiscal 2021 y 2023.
Igualmente, la JSF afirma que el PFP omite información crucial en lo que respecta a la reforma para facilitar hacer negocios en Puerto Rico.
“Según el PFP, este segmento prevé un logro de 0.25% entre año fiscal 2020 y 2021. De hecho, no ha habido progreso sustancial en este segmento. Por lo tanto, la JSF estima que este objetivo ocurrirá entre el año fiscal 2021 y 2022. El proceso de permisología continúa siendo una barrera para promover e incentivar iniciativas empresariales, a pesar de la nueva página web que estableció el gobierno para estos fines”, aseveró.
Comentó que el PFP “reduce extraordinariamente los detalles de cómo se lograrán las reformas estructurales necesarias, incluyendo un sinnúmero de objetivos capitales para lograr crecimiento económico”.
Establece que “en ningún momento, el PFP hace referencia a medidas de compensación (incluyendo bono de Navidad) y elimina reformas detalladas en agencias claves (eficiencia en gastos operacionales en Seguridad Pública, Saludo, Correcciones, etc.) y medidas para reducir el gasto en utilidades”.
“El PFP también expone un programa de consolidación de agencias diferente a la que se incluyó en el plan fiscal certificado. Pero a pesar de ese cambio, el ahorro debe ser igual al que se expuso en el plan certificado”, agrega. INS
P. Rico-Cámara decide no prohibir las controversiales terapias de conversión, luego que el gobernador advirtiera que no firmará proyecto que restringe el derecho de las mujeres al aborto
San Juan, 19 mar (INS).- La presidenta de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, María Milagros Charbonier, informó en la tarde de ayer que tras una reunión de caucus de la mayoría en la Cámara de Representantes, citada por el actual presidente Carlos “Johnny” Méndez, los legisladores determinaron que se rinda un informe negativo al Proyecto del Senado 1000 ( P del S 1000) el cual busca prohibir que los menores de edad sean sometidos a las llamadas “terapias de conversión” para modificar su orientación sexual.
Estas terapias asumen que la homosexualidad es “una enfermedad mental” que puede modificarse mediante diversas formas de terapia para “corregir” dicha conducta.
Según Charbonier, la senadora Zoé Laboy, autora de la medida, asistió al caucus de la mayoría para junto a los legisladores discutir los pormenores del proyecto y discutir interrogantes, pero las respuestas no persuadieron del todo a los legisladores presentes. A tales efectos la mayoría legislativa ordenó a la Comisión de lo Jurídico rendir un informe negativo sobre la medida, señaló la propia Charbonier en un comunicado de prensa.
La legisladora, quien profesa el fundamentalismo cristiano, indicó que una vez se rinda el informe negativo la medida no se llevaría a vistas públicas ni al “floor” del cuerpo para consideración ni votación. INS
P. Rico-Obispo de Arecibo insiste en que se apruebe proyecto de ley que restringe el aborto, y previene que el gobernador puede convertirse en el nuevo Herodes
Arecibo, 19 mar (INS).- El obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres, lamentó el rechazo gubernamental al Proyecto del Senado 950, que pretendió restringir el aborto en Puerto Rico.
“No se puede decir que se valora la vida, mientras se es cómplice de la muerte intencional de los bebés en el vientre de sus madres. Matar a un inocente nunca será un derecho”, opinó en declaraciones escritas.
Las manifestaciones del Obispo surgieron luego de que el gobernador de Puerto Rico hiciera público su rechazo a la pieza legislativa. El aborto esta regulado mediante una determinación del Tribunal Supremo federal (Roe v Wade).
Desde el pasado 6 de marzo, el obispo arecibeño había enviado una carta dirigida por correo electrónico al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y a los miembros del Senado, en la que urgió retomar el texto original del Proyecto del Senado 950, ante la discusión pública de la medida.
En su misiva anterior, el Obispo arecibeño destacó que “la defensa de la vida humana, desde el momento de la concepción hasta su muerte natural es un principio no-negociable para los legisladores católicos y un principio de humanidad ante la sangre de la vida del niño inocente que clama sobre el suelo de nuestra tierra”.
“Es por ello, que como recordaba en mi ponencia sobre el PS 950, ante un actual estado de ‘derecho’ que permite el aborto, y que en este momento parece difícil de cambiar, los legisladores están llamados a hacer todo lo que esté en sus manos para proteger la vida del niño por nacer, de la terrible realidad del aborto en Puerto Rico”, dijo.
Ante la oposición del gobierno a ni siquiera aprobar la disposición de que las menores de edad necesiten autorización de los padres, monseñor Fernández Torres concluyó: “esperamos que reflexione y no se una a los Herodes modernos”, en referencia al rey judío que, según la tradición mítica cristiana, ordenó la muerte de niños.
El gobernador Ricardo Rosselló Nevares adelantó que vetará el proyecto 950 sobre el aborto.
Rosselló Nevares, en una conferencia de prensa en la que anunció beneficios para las personas discapacitadas en SER de Puerto Rico de Hato Rey, declaró que no dará paso al proyecto que restringe el derecho al aborto.
“Personalmente, yo valorizo la vida, pero también he establecido que yo voy a proteger los derechos de la mujer. Para mí era una cuestión del derecho a la intimidad y de unas estipulaciones onerosas que se ponían en particular por cuestión de edad”, declaró.
Agregó que “el asunto de los 18 años va un tanto en contra de lo que ha dictado nuestro más alto foro, que es que se justifica caso por caso de acuerdo con la madurez intelectual de cada individuo”. INS
P. Rico-Confusas expresiones de la Iglesia Católica en caso de quiebra, al decirle a los pensionados que “ganan batalla, pero pierden la guerra”
San Juan, 19 mar (INS).- La Arquidiócesis de San Juan, mediante su portavoz la abogada Carmen Conde, emitió ayer unas confusas expresiones en las que señala que los maestros pensionados que reclaman sus pagos pueden haber ganado una batalla, pero perdieron la guerra.
Carmen Conde, en representación de la Arquidiócesis de San Juan, “lamentó la decisión de la Corte mediante la cual 184 demandantes lograron la desestimación de la quiebra de la Arquidiócesis en detrimento de 3,000 beneficiarios que ahora tendrán que esperar en lo que se dirimen los múltiples pleitos en las cortes locales antes de ver el resultado del litigio”, sostuvo.
Agregó que “muchas veces ganando, se pierde. El grupo de 184 demandantes, de los cuales solo 61 son pensionados, ganaron una batalla, pero han perdido la guerra. El tiempo que tomará este litigio en los tribunales estatales luego que se terminen todas las apelaciones que están en curso hoy, es en detrimento de ellos mismos. Perdieron la oportunidad de salir de este pleito ya que la Arquidiócesis les había presentado planes viables para resolver la situación en poco tiempo y de la mejor buena fe posible,” explicó la abogada.
Según Conde, muchos de los beneficiarios presentes en la vista del pasado 1 de marzo, “no sabían que según las disposiciones del mismo plan de pensiones tienen derecho a una distribución mucho menor a lo que la Arquidiócesis les había ofrecido durante el proceso de la quiebra”.
“Muchos desconocían que el plan de pensiones garantiza que se provean sólo 5 años de beneficios, lo cual muchos de ellos ya han recibido, por lo que no les corresponde compensación adicional, lo cual es una disposición menos favorable que la que les había ofrecido la Arquidiócesis mediante la quiebra,” expresó Conde en declaraciones escritas enviadas a la agencia Inter News Service (INS).
Se explicó que el 1 de marzo de 2019, el Tribunal federal de Quiebras consideró la petición de 184 beneficiarios del Plan de Pensiones de la Superintendencia de Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de San Juan, los cuales sostienen que el hecho de que la Arquidiócesis de San Juan no pueda obligar a las diócesis de Ponce, Mayagüez y Arecibo a cumplir, es causa para desestimar la quiebra.
“Durante la vista, la Arquidiócesis de San Juan demostró que bajo los derechos que otorga el derecho canónico a las diócesis, estas son independientes y autónomas y una diócesis no puede obligar a otra a realizar acciones en contra de su voluntad”.
“A su vez, salió a relucir que los 3,000 beneficiarios del plan estarían mejor protegidos bajo la Ley de Quiebras, donde la Arquidiócesis de San Juan se había comprometido a levantar no menos de $10 millones de dólares para distribuir entre todos los beneficiarios, en no mas de 90 días de aprobado el plan”.
Señaló Conde que “evaluaremos la alternativa de apelar la decisión de la Corte de Quiebras”. INS
P. Rico-Gigante paso de Salud contra la muerte por sobredosis de drogas
San Juan, 19 mar (INS).- El secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, firmó ayer la Orden Administrativa 402 que permite a las farmacias en Puerto Rico vender sin receta -solo a los adultos- el medicamento Naloxona, que se usa para atender casos de emergencias de sobredosis de opiáceos y bloquea o invierte los efectos del medicamento, incluyendo la somnolencia severa, la respiración lenta o la pérdida de la conciencia.
La sobredosis de drogas, especialmente a causa del opiáceo Fentanilo, está a nivel epidémico en Estados Unidos y en Puerto Rico ha aumentado las estadísticas por muertes de sobredosis.
“Como parte de la política pública del gobernador Ricardo Rosselló de implementar medidas de salud pública dirigidas a propiciar y conserva la salud de todos, estoy autorizando el despacho y venta sin receta en la jurisdicción de Puerto Rico del medicamento conocido como Naloxona, en sus versiones intranasal y autoinyectable. La disponibilidad de este medicamento no implica un riesgo mayor a la ciudadanía, sino que es una herramienta capaz de salvar vidas en casos de personas que sufren los efectos de una sobredosis de opiáceos. La tolerancia al efecto eufórico de los opiáceos se desarrolla más rápido que la tolerancia a sus efectos peligrosos. Muchos adictos a opiáceos toman sobredosis por error, al tratar de obtener una sensación extendida o más intensa de euforia”, explicó.
Además, hizo hincapié en que las farmacias que vendan dicho medicamento al consumidor, llevarán un registro confidencial de los despachos del medicamento y vendrá obligada a informarlo a la División de Farmacias de la Secretaria Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) que mantendrá dicho registro disponible al público en general.
Al momento de comprar el medicamento Naloxona, conocido también como Narcan o Evzio, será necesario que la persona presente una identificación.
Los proveedores de servicios de primera ayuda (“first responders”) como policías, paramédicos, bomberos y auxiliar de paramédicos, podrán mantener el medicamento Naloxona disponible en cualquier ambulancia o vehículo oficial registrado en la Comisión de Servicio Público siempre y cuando esté adiestrado en el uso del medicamento.
Los opiáceos son un tipo de medicamento utilizado principalmente para el manejo del dolor. Incluyen fuertes analgésicos recetados, como oxicodona, hidrocodona, fentanilo y tramadol. La droga ilegal llamada heroína es también un opiáceo y algunos se producen a partir de la planta del opio y otros son sintéticos, es decir, manufacturados por humanos.
A muchas personas a quienes se les ha recetado este tipo de medicamento continúan tomándolos luego de terminado su tratamiento, a pesar de no tener razón médica para hacerlo. Con esta conducta, los pacientes buscan evitar el síndrome de abstinencia a opiáceos, o quieren seguir experimentando los efectos eufóricos de la droga.
De esta manera, una persona tiene adicción a los opiáceos cuando desarrolla una dependencia de estos medicamentos.
Cada día, más de 90 estadounidenses mueren por sobredosis de opiáceos. El abuso y la adicción a los opiáceos, incluidos los analgésicos recetados, la heroína y los opiáceos sintéticos como el fentanilo, constituyen una crisis nacional grave que afecta tanto la salud pública como el bienestar económico.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) estiman que en ese país la carga económica total derivada del abuso de opiáceos recetados solamente es de $78,500 millones por año, esto incluye los costos de atención médica, la pérdida de productividad, el tratamiento de la adicción y los costos de intervención del sistema de justicia penal. INS
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