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Resumen de noticias para el sábado, 16 de marzo de 2019
P. Rico-Junta analiza cuentas del gobierno para identificar fondos no restringidos y para capital de trabajo
San Juan, 16 mar (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera para Puerto Rico emitió ayer un informe sobre las cuentas bancarias e inversiones de 164 entidades e instrumentalidades del gobierno de Puerto Rico.
Luego de reconciliar la información financiera provista por el gobierno y las instituciones financieras que mantienen los fondos, el informe determinó que las entidades e instrumentalidades incluidas en el documento cuentan con 1,159 cuentas con un valor de $10.2 billones, al 30 de junio de 2018, es decir, el pasado año fiscal.
Las entidades e instrumentalidades reportaron sus balances de efectivo como: restringidos o no restringidos, una clasificación que está bajo constante análisis.
El informe es uno de varios componentes de una investigación forense más completa relacionada con el estado de liquidez del gobierno para contabilizar las fuentes y uso de los fondos públicos, se indicó en declaraciones escritas divulgadas esta noche. Igualmente, se busca conocer las restricciones legales de estos fondos en aras de proteger la habilidad del gobierno para proveer servicios públicos a la ciudadanía. El informe, preparado por la firma especializada en análisis forense, Duff and Phelps LLC, detalla el total de los balances en efectivo hasta el 30 de junio de 2018.
“La Junta de Supervisión continuará su investigación para determinar las restricciones de estos recursos, así como el capital de trabajo necesario de las entidades e instrumentalidades del gobierno. Por consiguiente, la Junta de Supervisión solicitará a las entidades gubernamentales que provean información actualizada”, se indicó en las manifestaciones. “Transparencia y rendición de cuentas de las finanzas públicas es vital para una gobernanza responsable, además que es de suma importancia para la ciudadanía”, señaló Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, quien tiene un salario anual de sobre $630,000, más gastos para viajes y otras remuneraciones.
La Junta tiene un presupuesto de unos $80 millones.
“Agradecemos el apoyo del Gobierno de Puerto Rico en este esfuerzo, mediante el cual obtendremos una visión más clara y completa de la situación financiera del Estado Libre Asociado”, dijo Jaresko.
El informe no pretende determinar si alguno de estos fondos está restringido o pudiera ser considerado como restringido en un litigio, se agregó. INS
P. Rico-Habría quedado claro el conflicto de intereses del ex subsecretario del PPD en la CEE, asegura Noma Burgos
San Juan, 16 mar (INS).- La comisionada electoral del PNP, Norma Burgos, aseguró ayer que en Reunión Ejecutiva de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para atender la querella contra Sergio Ortiz Quiñones, exsubsecretario de la CEE por el PPD, quedó en evidencia que este “violó la ley”.
“En la Reunión Ejecutiva celebrada hoy (ayer) se demostró que el Sr. Ortiz Quiñones violó la Ley Electoral al ser aspirante a alcalde de Isabela cuando simultáneamente ocupaba el cargo de subsecretario en la CEE”, dijo mediante declaraciones escritas.
Aseguró la funcionaria del partido de gobierno que “quedó claramente evidenciado el conflicto de intereses que hace altamente cuestionable el desempeño de este señor”.
La Reunión Ejecutiva se habría celebrado con la participación de los comisionados electorales de los tres partidos políticos y el presidente de la CEE, Juan E. Dávila.
“La posición del PNP representada a través de esta servidora fue que se hiciera cumplir la Ley. El respeto a la institución electoral no se puede menoscabar con actos como los que incurrió Ortiz Quiñones. Por eso sostuvimos que se debe hacer un referido al Departamento de Justicia junto con toda la evidencia recolectada sobre los hechos. Dicho Departamento, como hemos sostenido siempre, es el organismo con el peritaje y los recursos para llevar a cabo investigaciones y procesar los casos ante los tribunales”, manifestó Burgos.
Agregó que el PPD” intentó tirarle la toalla al exfuncionario con el pobre argumento de que Ortiz Quiñones ya fue despedido”. “Indistintamente del despido, el entonces subsecretario violó la Ley y conocía de primera mano las limitaciones que él tenía por el cargo que ocupaba. Aun así, decidió iniciar una campaña pública como aspirante a alcalde de Isabela por el Partido Popular desde noviembre de 2018.”, indicó Burgos.
El Presidente de la CEE tiene el asunto ante su consideración debido a que no hubo consenso y por ley le corresponde dilucidar el asunto. “Tanto el PNP como el PIP estuvieron de acuerdo en referir el asunto al Departamento de Justicia y a la Oficina del Contralor Electoral. El PPD, por voz de su comisionado electoral, Miguel “Miguelón” Ríos, votó en contra de referir a su correligionario. Espero que el presidente, como jurista que es, ejerza sus buenos oficios y acoja nuestra solicitud.”, afirmó Burgos.
Por su parte, Ortiz afirmó que no permitirá que “nadie manche” su nombre.
No obstante, su defensa la hizo contra las intenciones de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista Norma Burgos, no contra el PPD que le despidió por el supuesto esquema de conflicto de intereses como funcionario de la CEE y como aspirante a una posición política electa, algo prohibido en la regulación electoral.
Casualmente, Ortiz busca ser candidato a alcalde de Isabela, cuyo alcalde Carlos Delgado Altieri, se ha indicado, promueve la candidatura de su propio hijo Carlos Delgado. Mientras, Delgado Altieri, por su parte, busca la candidatura a la gobernación por el PPD.
El comisionado electoral del PPD aseguró que la CEE no tiene jurisdicción para llevar ninguna acción ni referido contra el ex subsecretario de la CEE, por lo que la posición de la comisionada electoral del PNP, para referir el asunto a agencias investigadoras es equivocada.
Cuando Burgos levantó un posible conflicto de intereses de Ortiz, ser posible candidato a alcalde del PPD a la alcaldía de Isabela y vicepresidente del PPD en la CEE, el PPD lo despidió inmediatamente. INS
P. Rico-Gobernador participa en inicio de trabajos para la conversión a gas natural de las unidades cinco y seis de la Central San Juan
San Juan, 16 mar (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares participó ayer en el inicio de las labores dirigidas a la construcción de los muelles A, B y C, así como de la conversión a gas natural de las unidades cinco y seis de la Central San Juan, como un primer paso para la transformación energética de Puerto Rico.
Concluida la conversión, los clientes verán en sus facturas una reducción de 1.3 centavos en el costo por kilovatio hora.
“Las labores que comienzan hoy son fundamentales para la Reforma Energética que tenemos como proyecto de Gobierno para la Isla, la cual busca transformar el sistema de energía a uno resiliente, costo-efectivo y amigable al ambiente”, expresó el primer ejecutivo.
Rosselló Nevares agregó que “el proceso de conversión comenzará con la unidad seis y luego con la cinco, para siempre mantener una de las unidades en servicio. La construcción y conversión deberá culminar durante este verano”.
El contrato con New Fortress Energy (NF Energía), compañía seleccionada en el proceso de subasta (RFP 81412), fue firmado el pasado 5 de marzo de 2019 por un término de cinco años y renovable a tres períodos de la misma cantidad de años.
El acuerdo permitirá, mediante asociación con la empresa privada, sustituir el combustible diésel por el de gas natural, lo que proyecta ahorros en la producción de energía eléctrica por unos 150 millones.
El principal oficial ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), José Ortiz Vázquez, destacó que “en compra de combustible, según las comparativas entre el costo del gas natural versus diésel, se producirían economías de unos 150 millones al año. Esta tendrá un impacto directo en la factura mensual de todos los clientes que son, a fin de cuentas, los principales beneficiarios de esta transformación”.
En unión a un equipo gerencial de la AEE, NF Energía se asegurará del cumplimiento del itinerario de trabajo para tener las unidades convertidas y gasificadas entre el periodo de julio y agosto de 2019.
El anuncio se llevó a cabo las inmediaciones de los muelles A B y C de la Autoridad de los Puertos en el que NF Energy llevará a cabo los trabajos mediante un contrato de arrendamiento con esa agencia por un término de 20 años.
La antigua estructura fue demolida ya que contenía asbesto y plomo. NF Energía asumió todos los gastos relacionados con la demolición y remoción de escombros.
Se estima una inversión inicial de 90 millones y se espera que la inversión capital de NF Energía sea de aproximadamente 125 millones durante la vigencia del contrato.
La inversión contempla la compra e instalación de equipo, maquinaria, demolición de la antigua estructura, construcción de las nuevas instalaciones y mejoras a los muelles.
El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Anthony Maceira Zayas, sostuvo que “estamos dando un paso importante hacia la conversión y diversificación de las fuentes de producción de energía eléctrica en la Isla”.
El también secretario de Asuntos Públicos añadió que “mediante el acuerdo con NF Energía promovemos el uso de fuentes alternas, que son 60 por ciento más limpias y ecoamigables, lo que facilitará que logremos la meta de producir el cien por ciento de producción de energía renovable para el 2050”.
Mientras, el fundador y principal oficial ejecutivo (CEO, por sus siglas en inglés) de NF Energy, Wes Edens, manifestó que “New Fortress se enorgullece de traer a Puerto Rico energía limpia, asequible y confiable”.
Edens manifestó que “nuestra instalación acelerará la transición de las industrias locales y de la generación de energía hacia gas natural y renovables, lo que resultará en ahorros y ventajas ambientales para beneficio de todos los puertorriqueños. Nos entusiasma unirnos a la comunidad empresarial de Puerto Rico y de hacer una inversión significativa para su transformación energética y crecimiento económico”.
El proyecto encadena los diferentes proyectos estratégicos que la AEE persigue dentro de su visión de infraestructura en cumplimiento con el plan integrado de recursos y el plan fiscal certificado, cuyo objetivo es transformar el sector energético de la Isla.
Los trabajos se desarrollan en cumplimiento con las propuestas para la transformación del sistema eléctrico de Puerto Rico, contenidas en las disposiciones de la Ley 57 de 2014 (Ley de Transformación y Alivio Energético). INS
P. Rico-Hermanas Vázquez Rijos condenadas a cadena perpetua por el asesinato de empresario canadiense Adam Joel Anhang Uster
San Juan, 16 mar (INS).- El juez Daniel Dominguez, del Tribunal federal del distrito de Puerto Rico, sentenció ayer a las hermanas puertorriqueñas Aurea y Marcia Vázquez Rijos a cadena perpetua por el asesinato del empresario canadiense Adam Joel Anhang Uster.
Por este caso, un jurado ya había encontrado culpables a las hermanas y al exnovio de Marcia, José Ferrer Sosa, por la muerte de Anhang Uster, esposo de Aurea.
La mujer y el norteamericano estaban separados y el primero quería divorciarse, lo que su esposa no permitió porque saldría perjudicada debido al contrato pre nupcial.
Si el canadiense moría, ella heredaría un tercio de la fortuna de 24 millones.
Anhang Uster fue asesinado la madrugada del 23 de septiembre de 2005, entre las calles Luna y San Justo, en el Viejo San Juan.
Luego de que se cometiera el error en 2007 de acusar, procesar y sentenciar por 105 años a un inocente por el asesinato, el joven de La Perla, Jonathan Román Rivera, la investigación del FBI logró detener al verdadero culpable: Alex Colón Pabón, en 2008, por cuyo testimonio se logró su excarcelación.
Colón Pabón aceptó en ese momento ser el asesino y testificó diez años después de su arresto en la corte federal.
El sujeto apuntó al trío como los que lo contrataron para causar la muerte del empresario canadiense y multimillonario.
La boricua se refugió en Italia y fue arrestada en 2013 en España y repatriada en 2015, año desde el que ha permanecido encarcelada.
La sentencia se da luego de 13 años del trabajo de las autoridades federales. INS
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