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Cayey, 27 feb (INS).- Tras la declaración de culpabilidad de dos exrectores de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Juan Ramírez Silva (Arecibo) y Juan Varona Echeandía (Cayey), por delitos de apropiación ilegal de fondos, la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU) reafirmó la necesidad de dotar a la UPR de mecanismos que impidan actos de corrupción en el futuro.
Ramírez Silva y Varona Echeandía se declararon culpables el pasado 6 de febrero por su participación en un esquema de apropiación ilegal de 73 mil dólares en fondos públicos para gastos personales (ropa, servicios de spa y fiestas con donantes del partido gobernante, entre otros).
Abusos de poder que, según expresaron representantes de la CMRU, “pudieron haber sido evitados, dado que el reglamento de la UPR establece mecanismos rigurosos de evaluación para la selección de rectores”.
No obstante, explicó la Comisión, “la Ley Universitaria carece de medidas para que las evaluaciones realizadas en consulta determinen quién ocupará la rectoría de los recintos. Los nombramientos de rectores de la UPR quedan a discreción de la junta de gobierno de la UPR, compuesta principalmente por personas nombradas desde la Fortaleza por sus lealtades al partido y no necesariamente por sus méritos”.
“Los Universitarios llevamos décadas impulsando reformas y anteproyectos de ley para erradicar la politiquería en la UPR. Ninguno de los rectores que se declaró culpable por corrupción fue favorecido en los procesos de consulta realizados en sus respectivas unidades” señaló la doctora Martha Quiñones, representante docente de la UPR-Arecibo ante la CMRU.
Por su parte, la doctora Isar Godreau, representante docente de la UPR-Cayey ante la CMRU, expresó que Juan Varona Echeandía “fue el único de los tres candidatos no recomendado por el comité de consulta de la UPR-Cayey para el puesto de rector en el año 2010. Su nombramiento se impuso desde Fortaleza, como premio por su gestión de recaudación de fondos a favor del Partido Nuevo Progresista”.
Según Godreau, “esta falta de respeto a los procesos democráticos de la UPR obligó a la UPR de Cayey a soportar a un ‘líder’ que usó el privilegio de su puesto para cometer actos de corrupción en detrimento del recinto y de la universidad”.
La CRMU surgió en respuesta a los reclamos del movimiento estudiantil y de distintas organizaciones durante las vistas públicas celebradas en mayo de 2017 por la Comisión Legislativa de Educación y Reforma Universitaria, entonces presidida por el senador Abel Nazario.
El informe parcial de diciembre de 2017 de esa comisión encomendó a la CMRU la tarea de presentarle al Senado un proyecto de enmiendas a la Ley Universitaria.
En diciembre, 2018, el grupo compuesto por 53 representantes electos del sector estudiantil, docente, no docente y de comunidades aledañas a los recintos de la UPR le entregó al Senado un informe de progreso con una serie de propuestas iniciales para enmendar la Ley Orgánica de la UPR, con miras a combatir la intromisión político-partidista y las medidas de austeridad que afectan a la institución desde hace décadas.
El informe de progreso está disponible en la página web de la CMRU http://cayey.upr.edu/cmru/ . INS
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