P. Rico-Figueroa Jaramillo cree que decisión del Tribunal de Boston puede traer “consecuencias insospechadas”

San Juan, 16 feb (INS).- Por intermedio de un vídeo de su presidente, Ángel Figueroa Jaramillo, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier) señaló que la decisión del Primer Circuito de Apelaciones que concluyó que el proceso que estableció la ley federal Promesa para nombrar a los integrantes de la Junta de Control Fiscal es inconstitucional puede traer “consecuencias insospechadas”.

Figueroa Jaramillo indicó que “la Ley Promesa es una ley creada para beneficiar a los bonistas. Hace dos años, cuando se creó la Junta de Control Fiscal, dijimos que no era lo mismo llamar al diablo que verlo venir, la gran mayoría apoyaba a esa Junta de Control Fiscal. Hoy, con la experiencia vivida, la gran mayoría del pueblo rechaza la Junta”.

Agregó que en un proceso de quiebra, lo que procedía era auditar la deuda, “pero ellos se niegan a realizarla. Parte de la Ley Promesa era encubrir a personas que actuaron en forma irregular e ilegal. Por eso se evitaron los litigios”.

Para el dirigente sindical, “Promesa trató de ocultar a través de un marco legal proteger la situación de la responsabilidad congresional sobre el territorio”.

“Sabíamos de la inconstitucionalidad que había en el nombramiento de los miembros de la Junta, y por eso presentamos la demanda. Es resultado es que los nombramientos son inconstitucionales. Ahora le toca a (Donald) Trump nombrar, pero eso no cambia el panorama”, arguyó.

“Las consecuencias son insospechadas. En primer lugar, se retomará una demanda de los bonistas acerca de que el gobierno federal debe asumir la deuda de Puerto Rico, bajo la cláusula territorial. El proceso de nombramiento permite al pueblo norteamericano y sobre todo al pueblo de Puerto Rico que cada candidato nominado debe someter sus estados financieros, ver su pasado y cotejar qué conflictos de interés pueda tener”.

A su juicio, “eso es lo importante de esta determinación”, concluyó. INS

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