P. Rico-“Decisión de jueza Taylor Swain sobre Cofina no es buena para el pueblo”, asegura Pedraza Leduc

San Juan, 5 feb (INS).- Luis Pedraza Leduc, coordinador del Programa de Solidaridad (Prosol) de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), señaló respecto de la aprobación de la jueza Laura Taylor Swain del acuerdo y el plan de ajuste sometido por los bonistas de Cofina y la Junta de Control Fiscal que “si es bueno para los bonistas, no es bueno para el pueblo”.

Prosol Utier presentó una objeción al acuerdo y al plan de ajuste de deudas de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) basado en tres argumentos fundamentales.

Primero, que el plan de ajuste de deudas no garantiza fondos suficientes para cubrir el pago de pensiones; segundo que este plan no es en el mejor interés del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y, tercero, que el plan no cumple con los requisitos que establece la Ley Promesa para su confirmación, en específico garantizar los servicios esenciales.

Al comentar la decisión, Pedraza Leduc expresó que “no representa nada positivo para el país y, por el contrario, representa una sentencia hacia la miseria, pone en riesgo las pensiones y  limita los servicios esenciales que deben garantizarse al pueblo”.

Pedraza Leduc añadió que “la reciente revocación por parte del Tribunal federal a una decisión de la jueza Taylor que implica aumentar la deuda en más de tres millones, es un elemento que demuestra cómo se continúan comprometiendo los limitados ingresos del país en favor de los bonistas”.

Añadió que “a julio de 2019 se intentará comprometer aún más los ingresos en favor de una deuda no auditada y que no debe reconocerse como legítima ni debe ser pagada por el pueblo de Puerto Rico”.

Recordó que su organización presento al Tribunal un estudio encomendado al doctor José Israel Alameda Lozada, catedrático de la UPR, recinto de Mayagüez en el que se detallan las fallas que contiene el plan de ajuste presentado.

“La jueza Taylor Swain no admitió el estudio como evidencia para evitar confrontarse con argumentos científicos y documentados que, de ser considerados, no permitirían validar el acuerdo. La jueza descarriló un proceso serio y lo convirtió en una decisión acomodada al propósito de la Ley Promesa, el cobro de la deuda sin importar las consecuencias sociales y económicas negativas a la gente”.

El estudio de Alameda señaló como error de la Junta de Control Fiscal asumir que la economía crecerá, basado en fondos federales no recurrentes por el desastre del huracán María, proyectar aumentos en el recaudo del IVU sin considerar la baja en la población, obviar los hallazgos del plan fiscal que reconocen un déficit de ingresos desde el año fiscal 2034 hasta el 2058 y el impacto de reducción en el recaudo debido a la reforma contributiva propuesta.

Prosol Utier consideró que el aval del Tribunal era previsible y que demuestra una vez más la necesidad de expresar oposición del pueblo a la Ley Promesa y al pago de una deuda que cada día aumenta en perjuicio del pago de pensiones, los empleos de los trabajadores y los  servicios de educación, salud, vivienda y protección social, entre otros. INS

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