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El activista Tito Kayak contó con el respaldo del ex prisionero político Oscar López Rivera. Inter News Service
Ponce, 4 feb (INS).- El juicio por jurado contra el activista Alberto De Jesus Mercado (Tito Kayak), que debió comenzar hoy en el Tribunal de Primera Instancia en Ponce, con relación a la presunta apropiación ilegal de propiedad pública durante una protesta contra el depósito de cenizas en Peñuelas, quedó aplazado para el 4 y 5 de abril próximo.
La suspensión se produjo luego que la fiscalía retirara un testigo, que ahora la defensa de Tito Kayak interesa entrevistarlo para que ofrezca su testimonio a favor del imputado.
Para agosto de 2017, dos agentes de la Policía atribuyeron a De Jesús Mercado haber cargando con las llaves y la tarjeta de gasolina que, presuntamente, después que el 3 de agosto de ese año se robara un generador eléctrico propiedad del Estado, durante una manifestación contra el depósito de cenizas de carbón en Peñuelas.
La portavoz de Amigos del M.A.R., Vanessa Uriarte, alegó en declaraciones escritas entregadas a la agencia Inter News Service (INS) que que “nuestro compañero ha sido acusado viciosamente por actos de supuesta apropiación ilegal de propiedad pública”.
Tito Kayak compareció al juicio acompañado de sus abogados y varios seguidores de su causa, entre estos el exprisionero político Oscar López Rivera.
“Denunciamos que esta acusación es otra estrategia por parte del gobierno para criminalizar y castigar a quienes no tienen miedo de exigir un alto a los continuos atropellos contra el pueblo”, dijo Uriarte.
Aclaró que, “si bien la acusación contra Tito Kayak es uno de tantos intentos de mancillar su reputación y ponerle trabas a nuestros reclamos de justicia ambiental y social, no es la única persona que se encuentra enfrentando un proceso nefasto en los tribunales del país”.
En tal sentido, Uriarte se refirió al caso de los siete estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, a quienes “el sistema de justicia busca penalizar a través de un proceso largo y mal intencionado”.
“Esto es solo un asomo claro que evidencia como el Estado es incapaz de tolerar la disidencia, pero perfectamente capaz de tolerar la corrupción, los actos terroristas de la junta de control fiscal y las acciones criminales de sus funcionarios”, sostuvo la portavoz de Amigos del M.A.R., que desde hace varios años mantiene un campamento en el sector de Isla Verde, en Carolina. INS
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