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San Juan, 30 ene (INS).- La Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF) presentó hoy los estimados de ingresos a ser utilizados por el gobierno puertorriqueño en la elaboración del presupuesto para el próximo año fiscal 2019-2020, según lo establecido en la Sección 202 (b) de la legislación Promesa.
El organismo, creada por el Congreso de Estados Unidos, igualmente solicitó ajustes a ciertas asignaciones en varias agencias claves para reflejar gastos no recurrentes y mejorar la transparencia, con el propósito de reinvertir estos ahorros en las áreas de Seguridad y Educación Pública.
La JSF estableció en carta dirigida al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, el estimado de Ingresos del Fondo General para el año fiscal 2020 en 8,028 millones de dólares y el estimado de Ingresos de “otros fondos” en 2,541 millones.
Además, el organismo impuesto por el Congreso y la Casa Blanca solicitó ajustes presupuestarios adicionales, incluyendo la eliminación de ciertas partidas donde la Junta no tiene suficiente información para garantizar su cumplimiento con el Plan Fiscal, como ciertos gastos relacionados con mercadeo y servicios profesionales.
Además, solicitó cambios para asegurar el alineamiento con el Plan Fiscal de medidas de uniformidad de los planes de salud, para incluir reducciones adicionales, basadas en indicadores comparables, a la Asamblea Legislativa, para aplicar las medidas de adecuación estándares para el Gobierno a la Comisión Estatal de Elecciones, así como para reflejar la privatización de la WIPR para el final del tercer trimestre del referido año fiscal, entre otros.
“En la medida en que el gobierno aplique estos ajustes y produzcan ahorros más allá de los niveles delineados en el Plan Fiscal certificado, la Junta de Supervisión Fiscal buscará reinvertir esos fondos en áreas de alta prioridad, como seguridad pública y educación”, según declaración emitida por la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko.
Agregó que “las prácticas presupuestarias acertadas y la responsabilidad fiscal permitirán que se inviertan los recursos en donde más se necesita”.
Según la carta de la JSF, estas reinversiones se destinarían a aumentos salariales para policías, maestros y directores de escuelas, bomberos y la dirección del Instituto de Ciencias Forenses. También buscarían proporcionar aumentos no relacionados con nómina al Departamento de Bomberos para la compra de vehículos y equipo adicional, y para que el Instituto de Ciencias Forenses aumente la capacidad de su depósito de cadáveres mediante inversiones de capital.
En la carta, enumeró una serie de parámetros en cuanto a la nómina y los gastos operativos de las agencias, así como guías adicionales que deben seguirse durante el proceso de presentación del presupuesto del gobierno para el año fiscal 2019-2020, el cual se debe entregar a la Junta de Supervisión no más tarde del 22 de marzo de 2019.
“Durante los últimos dos años el proceso presupuestario ha madurado y hemos podido trabajar de manera más eficiente con el Gobernador Rosselló y su equipo ejecutivo. Las solicitudes adicionales de información y especificidad brindarán un mejor entendimiento del presupuesto a todas las partes y deberían contribuir a un proceso de aprobación aún más eficiente de aquí en adelante”, dijo Jaresko.
La JSF aclaró que emitió sus directrices de conformidad con la Sección 202 (b) de la ley Promesa, que requiere al organismo presentar un estimado de ingresos al Gobernador y la Legislatura para su uso en el desarrollo del presupuesto anual.
Esta carta se envía luego de una comunicación emitida el 18 de enero en la que, conforme a la Sección 202 (a) de Promesa, establece el cronograma para el proceso de elaboración, presentación, aprobación y certificación de los planes fiscales y presupuestos para el gobierno de Puerto Rico. INS
ndc