Bayamón, 28 ene (INS).- La jefa de fiscales del Departamento de Justicia, Olga Castellón Miranda, y la fiscal de distrito interina de Fiscalía de Bayamón, Carmen Iris Ortiz, informaron que esta tarde se sometieron tres denuncias contra Gabriel Hernández Jiménez por hechos ocurridos el 2 de enero pasado en una cooperativa localizada en Guaynabo, en un evento que analizó al país y por un momento se pensó que acabaría en una tragedia mayúscula.
De la investigación realizada por los fiscales Michele Colón García y Héctor Rivera, junto al agente Fernando Colón Trinidad, de la División de Homicidios del Negociado de la Policía, se desprende que Hernández Jiménez llegó uniformado a la cooperativa Caribe Federal Credit Union, localizada en la carretera 199 intersección con camino Alejandrino, en Guaynabo, poco después de las 9:00 a.m
Este preguntó por una empleada que se encontraba en su día libre. Mas se quedó en el lugar en actitud sospechosa, manipulando y sacando su arma de fuego y amenazó a dos empleados, por lo que personal gerencial de la cooperativa procedió a desalojar el lugar previo a que, cerca el mediodía, tomara a un empleado de mantenimiento como rehén por aproximadamente dos horas, según detallan las denuncias.
De estas se desprende que Hernández Jiménez actuó de manera «ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas, con conocimiento, a propósito y con intención criminal», cuando disparó su arma Glock en un lugar público, apuntó con el arma y amenazó a víctimas en el lugar y le restringió la libertad al empleado de mantenimiento, a quien le apuntaba el arma en la cabeza y se apuntaba a sí mismo, manifestándole que la vida «era como una ruleta rusa, que tú o yo y si se apagaban las luces, se apagaban vidas».
Los cargos presentados fueron por violación al Artículo 177 por amenazar a un empleado de la cooperativa, un cargo por violar el Artículo 156 en dos de sus incisos por restricción a la libertad agravada por ser mediante intimidación y por este ser un oficial del orden público, y violación al Artículo 5.15 de la Ley de Armas por apuntar un arma de fuego y dispararla.
La jueza Carmen L. Otero Ferreiras, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa probable para arresto contra el uniformado y le impuso una fianza $60,000, bajo supervisión electrónica y tratamiento médico.
La vista preliminar fue señalada para el 8 de febrero en el Tribunal de Bayamón. INS
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