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San Juan, 28 ene (INS).- El senador Carlos Rodríguez Mateo presentó el Proyecto del Senado 1175, que busca añadir “un nuevo párrafo al inciso (b) del artículo 9, de la Ley 194-2000, según enmendada, conocida como Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, para requerir a los médicos discutir con sus pacientes los riesgos asociados a la utilización de fármacos basados en opioides antes de prescribir un medicamento”.
De acuerdo con el también galeno y salubrista, los opioides son medicamentos que incluyen fuertes analgésicos recetados, como Oxicodona, Hidrocodona, Fentanilo y Tramadol.
“Los opioides pueden causar efectos secundarios como somnolencia, niebla mental, náuseas y estreñimiento. Del mismo modo, pueden causar respiración lenta, lo que puede conducir a muertes por sobredosis”, explicó Rodríguez Mateo, quien expuso que los opioides son recetados para reducir el dolor severo después de una lesión grave o una cirugía.
El legislador del Partido Nuevo Progresista trajo a colación el hecho de que en Estados Unidos el abuso, la adicción y las sobredosis por opioides representan un gran dolor de cabeza para el campo de la salud pública.
“Cada día hay estadounidenses que mueren por sobredosis de opioides… Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que, en los Estados Unidos, la carga económica total derivada solamente del uso de opioides recetados es de 78,500 millones anuales… Los analgésicos opioides pueden ser sumamente adictivos”, puntualizó.
En el 2015, más de 33 mil ciudadanos murieron a consecuencia de una sobredosis de opioides, incluidos los recetados, la heroína y el Fentanilo de fabricación ilegal.
“Ese mismo año, aproximadamente dos millones de personas en los Estados Unidos sufrieron trastornos por consumo de sustancias relacionadas con los analgésicos opioides recetados”, hizo hincapié.
El político recordó que el año pasado la secretaria del Departamento de Justicia (DJ), Wanda Vázquez, presentó una demanda contra un fabricante de medicamentos, en la que se alega que el incumplimiento de las obligaciones legales ha fomentado una “epidemia de adicción a opiáceos, que está destrozando a familias y comunidades en Puerto Rico”. INS
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