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San Juan, 26 ene (INS).- Una resolución y orden del Negociado de Energía de Puerto Rico emitida este viernes en torno a la conversión a gas de las unidades 5 y 6 de la Central San Juan, resultará en un ahorro estimado para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) de 1,186.4 millones a lo largo de cinco años.
En un comunicado de prensa de la Junta Reglamentadora de Servicios Públicos, que forma parte del Negociado -ambas presididas por Edison Avilés Deliz- se indica que Energía aprobó el contrato que resultó del Request for Proposal (RFP) que la AEE emitió para la conversión de esas unidades a gas natural.
El Negociado no sólo tomó en consideración “las particulares y extraordinarias circunstancias” en que en estos días se encuentra la AEE, sino su crisis fiscal, su incapacidad para acceder a los mercados de capital, así como la vieja y en extremo deteriorada infraestructura estremecida por los huracanes Irma y María, y el riesgo de nuevos azotes.
Pesó en su determinación, igualmente, el análisis de los resultados económicos que se establecen en el RFP.
“Hemos descargado nuestra responsabilidad utilizando las disposiciones de ley y reglamentos aplicables, hemos revisado y corroborado detenidamente la gran cantidad de datos que nos ha suministrado la AEE desde que se inició el proceso administrativo ante el Negociado sobre la aprobación del RFP y el correspondiente contrato, en agosto de 2018”, dijo Avilés Deliz.
Añadió que “de hecho, en dicho proceso el Negociado requirió información adicional a la sometida por la AEE. Entendemos que esta determinación garantiza un servicio eléctrico más confiable y tarifas justas y razonables para todos los consumidores”.
Opinó que “esta conversión a gas, aunque hace más eficientes las unidades, no modifica su capacidad generatriz combinada de 440 MW”.
Históricamente, comparado con el combustible diésel, el gas es menos costoso y menos contaminante, además de que la conversión propuesta puede efectuarse en un tiempo relativamente corto.
El costo de la conversión se estima en alrededor de 50 millones de dólares, que serán incurridos por la empresa seleccionada. Esa inversión debe recuperarse en el término del contrato.
Votaron a favor de la resolución y orden el comisionado presidente Edison Avilés Deliz y los comisionados asociados José J. Palou Morales y Ferdinad A. Ramos Soegaard. La comisionada asociada, Lillian Mateo, se recusó de participar en este asunto, mientras el comisionado asociado Ángel R. Rivera de la Cruz emitió un voto disidente. INS
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