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San Juan, 23 ene (INS).- El destituido director ejecutivo del Instituto de Estadísticas (IEPR), Mario Marazzi, aclaró en la tarde de hoy que el interdicto y sentencia declaratoria presentado hoy que cuestiona la validez de varios nombramientos que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares realizó a finales de noviembre 2018 a la junta de directores de la dependencia pública, la hizo su representación legal a nombre de esa agencia.
El enredo en los asuntos diarios del IEPR llegó a su clímax con ese recurso presentado, pues Marazzi había sido separado temporalmente por la Junta de Directores, y este lunes pasado el funcionario decidió regresar a sus labores y desconoció la autoridad de la Junta, cuya autoridad ahora impugna.
Esta impugnación de la legalidad de la Junta solo surge luego de que este viernes la Junta solicitase la renuncia definitiva de Marazzi al cargo debido al proceso judicial de violencia doméstica en que se encuentra el directivo.
E presidente de la Junta, Arnaldo Cruz, informó hoy que solicitó la renuncia al director ejecutivo y que la Junta también aprobó hoy una moción para autorizar la formulación de cargos contra Marazzi.
Este ex funcionario sostuvo en declaraciones escritas esta tarde que “se ha circulado por los medios de comunicación unas expresiones en reacción a una demanda presentada por el Instituto de Estadísticas por parte del Presidente de la Junta de Directores del Instituto, Sr. Arnaldo Cruz. Los argumentos legales relacionados a la demanda se harán por nuestra representación legal, próximamente, en el foro pertinente que es el Tribunal”, reconoció.
Dijo que “Cruz fue informado por escrito y conoce que este servidor se reintegró a sus funciones efectivo el lunes, 21 de enero de 2019”, y que “los planteamientos que se hacen en la demanda no son nuevos para el Instituto, ni para el Sr. Cruz, ni para ninguno de los 3 demandados en el día de ayer. Además, estos asuntos también fueron objeto de cuestionamientos hechos públicamente por la Asociación de Economistas y por el American Statistical Association, lo cual pudiese afectar la credibilidad de la gestión del Instituto ante estas agrupaciones”.
Señaló que “las alegaciones de la demanda no tienen relación alguna con los asuntos personales que estoy atendiendo, en mi carácter personal, en los tribunales. La demanda es clara: va dirigida a defender los mejores intereses de las estadísticas y los usuarios de datos de Puerto Rico y el Instituto, sin consideración alguna a los intereses personales de ninguno de sus empleados ni de ninguno de los individuos que conforman o alegan conformar la Junta de Directores”.
Alega que desde que inició operaciones el Instituto en 2007, los abogados del Instituto “son y siempre han sido abogados del Instituto, no de la Junta de Directores o de ninguna de las personas que está o alega estar en la Junta de Directores ni de ninguno de sus empleados, incluyendo a la Dirección Ejecutiva. No obstante, durante el período en que estuve fuera en licencia, el Sr. Cruz solicitó la contratación de una abogada nueva para atender sus preocupaciones sobre mi persona. Dicho contrato está registrado en la Oficina del Contralor”.
Aseguró que “la parte demandante en el caso es el Instituto, y no su Dirección Ejecutiva, su Subdirector ni ninguno de sus empleados o funcionarios. El Instituto presenta esta demanda ante la preocupación de que, nuevamente, su Junta de Directores no está debidamente constituida. Como toda demanda presentada, la misma ha sido autorizada por la Dirección Ejecutiva”.
Y que para evitar hasta la mera apariencia de conflicto, en el día de hoy le comuniqué al Sr. Cruz que me he inhibido de cualquier reunión o asunto relacionado a mis asuntos personales que quiera atenderse desde el Instituto. Cualquier asunto de dicha índole la he delegado en el Dr. Orville M. Disdier Flores”. INS
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