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San Juan, 17 ene (INS).- La controversia por el borrador de reglamento que restringe el uso de los residuos de combustión de carbón tocó a pasadas y actuales funcionarias de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), según expresiones públicas que hicieron sobre el documento que es analizado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).
El DRNA llevó a cabo varias vistas públicas desde el pasado noviembre, sin embargo, algunos opositores al reglamento esparcieron alegados residuos de carbón en el salón de vistas de la agencia en Río Piedras. La vista fue suspendida ese día.
El término para comentar el reglamento terminó este pasado martes, 15 de enero. No obstante, el DRNA continuó recibiendo comentarios a través de la página de la Junta de Calidad Ambiental, ahora una dependencia del DRNA, entre ellas de la EPA del Caribe, que dirige la ex secretaria de Recursos Naturales en la pasada administración, Carmen Guerrero.
El DRNA estableció un comité para analizar dichos comentarios e integrarlos, de ser pertinentes, al reglamento.
La EPA ya había aportado con sus comentarios al reglamento en vistas publicas en noviembre de 2018, pero no pudo hacer otros comentarios adicionales debido al cierre del gobierno federal.
Guerrero señaló que cuando reabran someterá otros comentarios “para asegurar que el mismo cumple con los requisitos de la reglamentación federal e integrar consideraciones de los esfuerzos de recuperación en Puerto Rico”.
Los residuos de carbón son calificados como contaminantes no peligrosos por una regla de la EPA de 2015, una decisión que la secretaria de Recursos Naturales y Ambientales, Tania Vázquez Rivera, ha indicado que no se puede revertir mediante reglamento o ley local por ser “campo ocupado” por la jurisdicción federal.
La EPA en Puerto Rico tuvo ante su consideración los reglamentos desde el 2017 y reenviados en el 2018 para comentarios, ya hechos. “Comentarios adicionales de ustedes son importantes, por lo que serán bien recibidos”, le indicó Vázquez Rivera a Guerrero.
De esa carta también se desprende que la regla (“Rule”) establecida por la EPA en 2015 “es menos estricta y más permisible con el uso de los residuos de la combustión de carbón de lo que se propone en el Reglamento” de la JCA.
“La finalidad del Reglamento es ser más estrictos y evitar dentro de lo que nos permite la ley federal, los estándares establecidos por ustedes en EPA y la ley estatal: el uso indiscriminado de los residuos de la combustión de carbón. Por lo que el DRNA y bajo la política pública de esta Secretaria, está creando un marco regulatorio mucho más estricto que el federal, sin ir en contra de lo que es campo ocupado o lo que por supremacía prevalece del derecho federal en la regulación de los residuos de la combustión de carbón”, indicó Vázquez Rivera.
Sin embargo, la posición que asumió la EPA en 2015, durante el mandato presidencial de Obama, contrasta con la asumida ahora por la ex directora de de la región II de EPA, que cubre a Puerto Rico, Judith Enck.
Enck, que terminó su mandato en 2016, dijo que el reglamento sería “un retroceso desastroso”.
Esta dijo en una publicación regional que se opone al reglamento, no obstante, no reveló que durante su mandato la entonces administradora regional avaló la disposición de los residuos de combustión de carbón en los sistemas de rellenos sanitarios, siempre que estos tuvieran el revestimiento compuesto para esos residuos. Poco después, en abril de 2015, la EPA promulgó su Regla Final sobre la Disposición de Residuos de la Combustión de Carbón de Plantas de Energía, y los calificó de desperdicios sólidos no peligrosos y que pueden disponerse bajo ciertos parámetros establecidos por la EPA sin riesgos a la salud humana.
La EPA delegó en las agencias estatales la regulación de los usos beneficiosos, se indicó.
El borrador de reglamento del DNA restringe esos usos y los controla por regulación, además de establecer el monitoreo de su uso, aspectos que fueron levantados por la abogada ambientalista Lisa Evans.
Durante la incumbencia del gobernador Alejandro García Padilla se enmendó el contrato entre AES, que produce los residuos, y la Autoridad de Emergía Eléctrica (AEE) para eliminar la cláusula que obligaba a la empresa a exportar los residuos. En ese momento la EPA bajo Enck no intervino en esa controversia pública. INS
vac