Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 14 ene (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal recomendó hoy que el gobierno tome las medidas necesarias para transferir los derechos y la titularidad de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (conocida como WIPR) a una entidad privada sin fines de lucro.
En cartas dirigidas al gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, la Junta de Supervisión puntualizó que una transferencia de titularidad puede brindarle a WIPR mayores oportunidades de crecimiento, mejorar la programación y ahorrarle dinero al gobierno.
“La Junta de Supervisión apoya la difusión pública, pero los recursos para financiar la WIPR como una organización privada sin fines de lucro pueden y deben provenir de fuentes fuera del gobierno para que el gobierno pueda priorizar sus recursos y enfocarse en ofrecer aquellos servicios que está singularmente mejor capacitado para brindar”, dijo el presidente de la Junta, José Carrión.
La Junta indicó que típicamente las corporaciones de difusión pública en Estados Unidos son propiedad de entidades privadas sin fines de lucro (como fundaciones, grupos de miembros y universidades públicas) y están financiadas con fondos federales y donaciones privadas y recomendó que, de la misma manera, la titularidad y operación de WIPR debiera ser independiente y ajena a intereses políticos.
Actualmente, el presupuesto de la WIPR se financia con asignaciones del Fondo General, fondos federales y otros fondos. Sin embargo, la mayoría de los Estados no proporcionan fondos a corporaciones de difusión pública o lo hacen limitadamente. Los Estados que lo sí lo hacen, proporcionan un porcentaje significativamente menor del presupuesto operacional de las corporaciones de difusión pública.
La Junta de Supervisión hizo su recomendación sobre la WIPR en conformidad con la sección 205 (a) de la ley Promesa, que le permite presentar recomendaciones al gobernador o a la legislatura sobre acciones que el gobierno de Puerto Rico puede tomar para garantizar cumplimiento con el plan fiscal o para promover la estabilidad financiera, el crecimiento económico, la responsabilidad gerencial y la eficiencia en la prestación de servicios del gobierno.
Bajo la sección 205 (b), el gobierno tiene 90 días para proveer una respuesta a la recomendación de la Junta de Supervisión. INS
aa