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San Juan, 12 ene (INS).- El presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), Javier Córdova, estableció que la respuesta de la Middle States Commission on Higher Education (MSCHE) al informe enviado por la Universidad de Puerto Rico (UPR) es dolorosa, aunque no sorpresiva.
A su juicio, a agencia acreditadora MSCHE lleva mucho tiempo señalando lo tardío de los informes financieros auditados que envía la UPR y amenazando en unas instancias con la congelación y en otras con la remoción de la acreditación de la UPR.
“Durante este tiempo la administración de la UPR no parece haber encontrado cómo reformar u optimizar los procesos necesarios para que estos informes salgan a tiempo”, dijo Córdova al preguntarse si el problema reside en que “no tenemos una infraestructura tecnológica confiable para procesar esa información”.
Insistió en cuestionar de forma irónica si “los auditores que se encargan de estos procesos, cuentan con palitos” o si “la magia de producir los informes auditados a tiempo parece eludir a la UPR”, lo que ha desembocado en una “aparente sentencia de muerte” para la institución pública.
Consideró que la carta de la MSCHE “le da la estocada a la UPR exigiendo un plan para asegurar transferencia de estudiantes a otras instituciones si perdiera su acreditación”.
“Términos como gerencia financiera responsable, manejo fiscal y financiamiento adecuado aparecen mencionados en la carta múltiples veces”, destacó el presidente de la APPU al indagar sobre la evidencia adicional piensa el presidente de la UPR, Jorge Haddock, que podrán enviar los rectores a la agencia acreditadora que no hayan enviado todavía.
Esto porque Haddock “emitió una carta de dos párrafos calmando a las multitudes diciendo que ha impartido instrucciones a todas las rectorías en las unidades de que envíen la información que la MSCHE solicita para el 25 de enero, 2019”.
El problema de fondo que existe en la UPR trasciende la tardanza de presentar los informes financieros auditados, expresó Córdova al sostener que desde que se plantearon los desmedidos recortes, la APPU ha consignado que la estrategia de seguir exprimiendo a la universidad pública para que responda al recorte presupuestario impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal y avalado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no es la estrategia para “salvar” a la institución ni redunda en provecho al país.
“Desgraciadamente se han enfocado con jugar a explicar cómo la UPR puede sobrevivir a un recorte de más de la mitad de su presupuesto, en vez de proteger y exigir que se respete la asignación de fondos que la ley le confiere a la UPR”, dijo Córdova al emplazar al gobernador Rosselló Nevares a que restituya los fondos y a que se le asigne lo que dispone la ley universitaria.
Para el presidente de la APPU, “la cobardía, el servilismo político partidista y la mediocridad son las causantes de la situación en que se encuentra la UPR con su acreditación”.
Atribuyó tal responsabilidad a Walter Alomar, presidente de la Junta de Gobierno; Zoraida Buxó, vicepresidenta de la Junta de Gobierno; Jorge Haddock, presidente de la UPR; Ricardo Rosselló Nvares, gobernador de Puerto Rico, y a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, en particular a su presidente, José B. Carrión III, y su directora ejecutiva, Natalie Jaresko.
“¿Cómo se sentirá saber que sus nombres serán recordados como los que llevaron a la UPR a sus peores momentos? ¿A qué huelga le echarán la culpa ahora?”, preguntó Córdova, INS
ndc