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La comisionada del Sistema de Emergencias 9-1-1, Yazmín M. González Morales, negó el desvío de fondos. Inter News Service
Guaynabo, 11 ene (INS).- La comisionada del Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, Yazmín M. González Morales, reclamó hoy que prácticamente el 85 por ciento de las llamadas tienen un tiempo de respuesta inmediato.
“La estadística real es que entre el 20 de julio de 2018 y el 10 de enero de 2019 se recibieron en el Sistema 830 mil 464 llamadas, de las cuales 705 mil 257, es decir, el 84.9 por ciento, fueron contestadas de inmediato”, destacó la funcionaria al salir al paso a denuncias en el sentido de que la tardanza es de hasta 25 minutos.
González Morales agregó que otras 16 mil 126 fueron respondidas en un máximo entre uno a 40 segundos, que según los parámetros establecidos de respuesta se clasifican de excelente a bueno; en lo que se considera una respuesta promedio, de 40 segundos a dos minutos, tuvieron un 7.57 por ciento.
“Mirado en conjunto, el 94.4 por ciento de las llamadas que entran al Sistema 9-1-1 se responden bajo una clasificación excelente, que es el grueso de las llamadas, hasta una respuesta promedio”, argumentó González Morales al sostener que el propio sistema tecnológico utilizado produce las estadísticas.
La comisionada afirmó que uno de los grandes problemas que aun tiene el Sistema de Emergencia 9-1-1, adscrito al Departamento de Seguridad Pública (DSP), es la entrada de llamadas que no constituyen una verdadera emergencia.
“Hasta un 80 por ciento de las llamadas que recibimos no corresponden a lo que se considera una emergencia real, que no es otra cosa que una situación donde la vida o propiedad están en inminente peligro”, dijo al poner como ejemplo accidentes graves, incendios, deslizamientos, inundaciones y otros.
Algunas de las llamadas impropias son para indagar números o servicios de otras agencias o de niños jugando.
González Morales precisó que en los últimos ocho meses, incluido enero, han renunciado 26 telecomunicadores, según ha certificado la Oficina de Recursos Humanos.
“Desde que comencé labores, hace cuatro meses y medio, he firmado alrededor de 13 renuncias de telecomunicadores. Alrededor del 55 por ciento de esas renuncias corresponden a empleados que habían estado en licencias sin sueldo. Una vez se identifican esos casos, se evalúan las licencias por necesidad de servicios, y no se han autorizado nuevamente a no ser que estén ofreciendo los servicios dentro del mismo gobierno”, aclaró.
La comisionada del 9-1-1 agregó que la tendencia histórica de las renuncias apunta a que son de empleados de los turnos nocturnos, además de que “en muchas de esas renuncias se trata de personal que está cursando estudios académicos y una vez completan sus metas se van en búsqueda de mejores oportunidades”, mientras que otros se han mudado fuera de Puerto Rico o han recibido otras ofertas de empleo con mejores beneficios.
Para evitar que se vaya a perjudicar el servicio, señaló, se ha iniciado el proceso de reclutamiento para ocupar 27 puestos transitorios de Telecomunicador I (entre vacantes y renuncias el año fiscal 2019).
Explicó que, según ha ido renunciado el personal, hemos enviado una solicitud a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) para que permitan ocuparlos, considerando que son parte de los puestos ocupados del presupuesto del año fiscal 2019.
“La aprobación de la OGP no se ha dado debido a la situación fiscal prevaleciente en todos los componentes del Departamento de Seguridad Pública”, aseguró.
Reveló que el presupuesto asignado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, la partida de nómina está 3.3 millones d dólares por debajo de la necesidad peticionada.
“Esta situación tuvo el efecto directo de detener las gestiones para ocupar puestos esenciales, pues no se cuenta con los fondos bajo el presupuesto asignado por la Junta”, sostuvo.
González Morales rechazó que bajo la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares se esté desviando fondos del 9-1-1 para otras agencias.
La funcionaria afirmó que lo correcto es que entre 2014 y 2016 se desviaron dineros para el Fondo General, a pesar de la prohibición expresa que regula al Negociado del 9-1-1.
“Ese desvío le costó al Negociado, en términos generales, unos 24 millones de dólares. Eso fue objeto de un grave señalamiento de la FCC, y fue bajo esta administración que se dieron las garantías de que eso no ocurriría nuevamente y lo hemos cumplido”, sostuvo.
Los fondos que ingresa el 9-1-1, producto de los cargos que se cobran a teléfonos celulares, residenciales o comerciales, tanto fijos como inalámbricos en Puerto Rico, se han utilizado para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones y del Sistema de Emergencias y sus necesidades, dijo González Morales en respuesta a denuncias del desvío de fondos. INS
ndc
