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Resumen de noticias para el jueves 10 de enero de 2019
P. Rico-Federales aprueban nuevo modelo de salud, anuncia el gobernador Rosselló Nevares
San Juan, 10 ene (INS).- Los Centros para Medicare y Medicaid (CMS) otorgó su aprobación al nuevo plan Vital y los cambios al modelo de prestación de servicios de salud del gobierno puertorriqueño, que sirve a 1.3 millones de personas, anunció ayer el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
“Recibimos con mucha satisfacción la muestra de credibilidad y confianza que el gobierno federal ha depositado en nuestro nuevo modelo de salud Vital; Vital pone en manos de nuestros pacientes el derecho a decidir cuál asegurador y cuáles proveedores de salud responden mejor a sus necesidades”, expresó.
Bajo Vital se eliminaron las ocho regiones, que obligaban a los pacientes a estar suscritos a un asegurador específico y a sus proveedores por razón de su residencia.
Ahora, el paciente podrá escoger entre cinco aseguradoras y sus proveedores de salud como médicos, laboratorios, terapistas y hospitales, entre otros.
Además, cada asegurador tiene que tener una red de servicios en todo Puerto Rico para permitir mayor movilidad y opción a los pacientes.
Rosselló Nevares añadió que los pacientes tienen hasta el 31 de enero de este año para solicitar cualquier cambio de asegurador y así poder usar otra red de proveedores.
“Al presente, sobre 450,000 pacientes han optado por cambiar de asegurador, lo que evidencia la importancia de ese derecho de selección otorgado y que antes no tenían en el Programa de Salud del gobierno”, dijo.
El presidente de la junta de Directores de la Administración de Seguros de Salud (ASES), secretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado, expresó que “esta aprobación demuestra el trabajo profesional y correcto que hemos realizado en beneficio de nuestros pacientes que hoy cuentan con sobre 5,000 proveedores en Vital”.
Mientras, la directora ejecutiva de ASES, Ángela Ávila, manifestó que “estamos sumamente complacidos con la decisión de CMS en cuanto al plan Vital, (porque) nos permite acceso inmediato a los fondos federales asignados por el Congreso de manera retroactiva al 1 de noviembre de 2018”.
“Esta decisión, que nunca estuvo en duda, debe dar por terminada cualquier incertidumbre que algunos sectores trataron de levantar; Vital ha llegado para quedarse y para dar más derechos a nuestros pacientes”, agregó Ávila.
La aprobación de CMS se da luego de un proceso donde fue necesario evidenciar al ente federal el cumplimiento con las regulaciones vigentes.
Los elementos de ese proceso de cumplimiento incluyeron la evaluación del estado de preparación de las entidades de manejo coordinado para cumplir con el nuevo modelo de prestación de servicios, la adecuación de las redes de proveedores contratadas por dichas entidades y la aprobación de los contratos con las aseguradoras con el gobierno, entre otros.
Ávila expresó su agradecimiento a los oficiales de CMS por su apoyo y el compromiso demostrado con Puerto Rico durante el proceso de aprobación de Vital y los cambios que trae para beneficio de los pacientes.
Recientemente, CMS también certificó mediante un informe al Congreso de Estados Unidos el cumplimiento de Puerto Rico con las estipulaciones de la ley federal de Presupuesto Bipartidista de 2018 (BBA) relacionadas a la implementación exitosa del sistema de estadísticas de Medicaid (Transformed Medicaid Statistical Information System o T-MSIS) como parte del sistema MMIS y la Unidad de Control de Fraude de Medicaid (MFCU).
Convertida en ley en febrero por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, el BBA permite acceder a 1,200 millones de dólares adicionales a los 3,600 millones en fondos adicionales de Medicaid asignados a la Isla para mitigar el impacto del huracán María. INS
P. Rico-Autoridades cierran negocio Zokkus en Isla Verde
San Juan, 10 ene (INS).- La Junta de Planificación (JP) con el apoyo de seguridad del Negociado de la Policía efectuaron anoche el cierre temporero del comercio Zokkus Lounge Restaurant para iniciar un proceso administrativo sobre las operaciones, las posibles violaciones de leyes y las actividades que ponen en riesgo la seguridad de la comunidad.
Esta acción surgió luego de la reunión que sostuvo el gobernador Ricardo Rosselló el martes con varios alcaldes y comisionados de policías municipales con el fin de buscar soluciones relacionadas con la seguridad.
La Junta de Planificación a base de las facultades que les provee el inciso 9, del artículo 11 de la Ley número 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, en donde se le concede a la Junta la facultad, entre otras cosas, de “expedir órdenes de hacer o no hacer y de cese y desistimiento para que se tomen medidas preventivas o de control que a su juicio sean necesarias para lograr los propósitos de esta ley y […] de los reglamentos de planificación”.
Asimismo, el inciso “f” del artículo 14.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos, autoriza a la Junta de a “emitir órdenes automáticas de cese y desista o de paralización inmediata […] cuando […] advenga en conocimiento de que el dueño de una obra no obtuvo un permiso de construcción previo al inicio de la misma o no obtuvo un permiso de uso previo a comenzar la operación”.
La notificación es expedida al amparo de lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley número 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, luego de advenirse en conocimiento de que las actividades y operación del negocio antes descrito, se ha hecho en contravención a los reglamentos de planificación y ordenamiento territorial, así como que dicha operación ha provocado actos en violación al orden público, que ponen en riesgo la seguridad y sana convivencia del sector, además por las posibles violaciones a las condiciones del permiso otorgado para dicho local.
De igual modo, se expide la presente Orden al amparo de la facultad concedida por el Artículo 14.5 de la Ley 161-2009, según enmendada, al advenir esta Junta en conocimiento de que en el referido negocio se llevan a cabo actividades para las cuales no se cuenta un permiso de uso debidamente expedido.
“La Junta de Planificación como parte de su deber ministerial y como parte de los procesos de planificación entendió necesario iniciar una investigación, auxiliando al municipio de Carolina en su gestión de garantizar la calidad de vida de los residentes sector”, indicó la presidenta de la Junta, María Gordillo.
Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Héctor M. Pesquera, afirmó que “se tomarán todas las acciones pertinentes para hacerle frente a los actos que alteran el bienestar de las comunidades de la Isla”.
El propietario del comercio podrá solicitar una vista administrativa para exponer sus razones para que la Junta considere revocar, modificar, o de otro modo, sostener dicha orden. INS
P. Rico-Según Junta de Supervisión Fiscal, todas las clases de tenedores de bonos Cofina aceptaron el plan de ajuste de Título III
San Juan, 10 ene (INS).- La Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico anunció ayer que el proceso de votación sobre el Plan de Ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) de Título III ha concluido y que, a base de los resultados no auditados de las votaciones, una mayoría abrumadora de todas las clases de tenedores de bonos Senior y Junior de Cofina aceptaron el Plan de Ajuste.
La Junta indicó que más de 8,000 tenedores de bonos devolvieron las papeletas de votación, “dejando establecido el éxito del proceso de solicitud y el amplio apoyo para la reestructuración”, se anunció en declaraciones escritas.
La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión, Natalie Jaresko, declaró que “el Plan de Ajuste de Cofina, y el compromiso que se requirió en muchos de los asuntos relacionados, es otro paso para ayudar a que Puerto Rico esté en el camino hacia la recuperación. Confiamos en que la transacción se aprobará en la audiencia de confirmación y que esta importante reestructuración pueda consumarse poco después”.
La audiencia de confirmación del Plan de Ajuste de Cofina está programada para los días 16 y 17 de enero de 2019. INS
EEUU-Urge González Colón asistencia a Justicia y Seguridad Nacional federal para paliar situación de seguridad
Washington, 10 ene (INS).- La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, urgió ayer a los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional federales a aumentar la asistencia técnica y los recursos ante el cumplimiento de la ley y seguridad en Puerto Rico.
En una carta al secretario interino federal de Justicia, Matthew Whitaker, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, la comisionada González Colón aborda cómo Puerto Rico sigue teniendo uno de los índices de criminalidad más altos entre todas las jurisdicciones de Estados Unidos, pero no es tratado igual en la asignación de recursos humanos en las agencias de orden público.
La representante puertorriqueña discutió personalmente el martes con la secretaria Nielsen “la crisis” en la isla del Caribe, solicitándole recursos adicionales así como ayuda técnica para fortalecer la seguridad antidrogas.
La funcionaria federal se comprometió a visitar la Isla y a revisar los recursos disponibles, una vez culmine el cierre de gobierno y la crisis de la frontera en México.
Según el programa de información uniforme sobre delitos del FBI para 2017, el territorio caribeño tiene la tasa de homicidios más alta (20.3 homicidios por cada 100,000 habitantes) que cualquier otro estado y el Distrito de Columbia de EEUU.
Las estadísticas reportadas por la Policía de Puerto Rico muestran disminución el año pasado, con 588 homicidios ocurridos en 2015, 679 homicidios en 2016, 710 homicidios en 2017 y 641 homicidios en 2018, sin embargo, los recursos peticionados son necesarios para continuar disminuyendo esta brecha de violencia.
Las agencias insulares de aplicación de la ley informan que entre 60 y 80 por ciento de los asesinatos cometidos están relacionados con las drogas.
Puerto Rico ha sido utilizado durante mucho tiempo por organizaciones del narcotráfico como destino y punto de transbordo para drogas ilícitas que llegan al continente, poniendo en peligro la vida de los ciudadanos americanos y residentes en el territorio y los Estados Unidos continentales.
En 2017, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos incautaron cerca de 66,000 libras de narcóticos en y alrededor de Puerto Rico de carteles y contrabandistas, más que cualquier otro año anterior registrado.
Sin embargo, los esfuerzos de interdicción se vieron obstaculizados por la devastadora temporada de huracanes de 2017. Como lo indica la evaluación de amenazas 2019 del área de tráfico de drogas de alta intensidad de Puerto Rico/Islas Vírgenes, el daño causado por las tormentas disminuyó gravemente las capacidades operativas de las autoridades locales y federales en la isla.
Los niveles de ausentismo dentro de la fuerza policiaca representan otro reto para poder atender adecuadamente, con los recursos necesarios, la seguridad en la isla.
“A la luz de estos desarrollos, es fundamental que el gobierno federal tome todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de los 3.2 millones de ciudadanos americanos en Puerto Rico. Por lo tanto, urjo al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al Departamento de Seguridad Nacional a que aumenten sus capacidades de aplicación de la ley y el personal en la isla. También le pido que brinde asistencia técnica y se involucre activamente con el Gobierno de Puerto Rico para determinar cómo ayudar mejor al territorio en la lucha contra la violencia relacionada con las drogas”, señaló la comisionada en su misiva.
González Colón solicitó un desglose detallado de la cantidad de posiciones autorizadas en cada una de las agencias de componentes por parte del Departamento de Justicia y el Departamento de Homeland Security en Puerto Rico, y la cantidad de las posiciones que actualmente están vacantes.
A su vez, la comisionada pidió información sobre los esfuerzos realizados por el Departamento de Justicia Federal y el Departamento de Homeland Security para reclutar y retener a funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley en Puerto Rico e información sobre sus esfuerzos para abordar los graves niveles de delincuencia que amenazan las vidas de los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico.
Anteriormente, González Colón ha trabajado desde el Congreso por distintas medidas para la seguridad de la Isla.
Entre las medidas que la comisionada ha logrado que se aprobaran está la Ley de Revisión de la Seguridad en la Frontera Marítima (HR 5869), legislación de su autoría que requería que el secretario de Seguridad Nacional realizara un análisis detallado de la amenaza en la frontera marítima de los Estados Unidos, incluyendo la llamada Zona de Tránsito y las fronteras y aguas territoriales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. INS
P. Rico-Gobernador establece acuerdo interagencial para reforzar el Departamento de Seguridad Pública
San Juan, 10 ene (INS).- El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció ayer el establecimiento de un acuerdo colaborativo para destacar personal de distintas dependencias gubernamentales y realizar labores administrativas en diversas dependencias del Departamento de Seguridad Pública (DSP) y el Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR).
“Muchos miembros de la Policía realizan labores administrativas por necesidad de servicio, cuando es imperativo que puedan cumplir sus funciones en la calle, donde más falta hacen”, sostuvo.
El gobernador resaltó que el acuerdo, dirigido a apoyar la lucha contra el crimen, involucra a los departamentos de Hacienda, de Recursos Naturales y Ambientales, de Corrección y Rehabilitación, y la Autoridad de Puertos.
Añadió que de este modo persigue “mayor eficiencia en la prestación de servicios de seguridad pública, lo que implica desde la calle hasta los cuarteles y en funciones administrativas”.
Por medio del acuerdo, los organismos participantes unen esfuerzos con el DSP y el NPPR a fin de devolver a las calles a los policías que han tenido que destacarse a labores administrativas debido a la crisis fiscal que atraviesa la Isla por más de una década.
“Estos miembros de la uniformada podrán colaborar con el resto de los efectivos que diariamente arriesgan sus vidas mientras cumplen con su misión de proteger la vida de los puertorriqueños y proveer seguridad en nuestras calles”, manifestó Rosselló Nevares.
Las agencias participantes del acuerdo se comprometen a que el capital humano solicitado deberá ser designado en funciones, labores, tareas u obras cónsonas con su descripción de puesto o con las funciones que ejercen en la agencia de donde provienen.
El acuerdo estará vigente hasta el 30 de junio de 2019 y podrá ser renovado o enmendado por las partes.
El secretario del DSP, Héctor Pesquera, señaló que “la seguridad del pueblo es uno de los pilares fundamentales del mandato del gobernador y continuaremos aunando esfuerzos y realizando todas las gestiones necesarias para que el trabajo en colaboración sea efectivo en la lucha diaria contra la criminalidad. Igualmente, nos mantenemos firmes en la implementación de los planes anticrimen para proteger vida y propiedad de todos los ciudadanos”.
La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, indicó que el gobernador Rosselló Nevares y el componente de seguridad continúa implementando alternativas que ayuden a dar frente a la criminalidad.
“Este acuerdo ayudará a que los oficiales de la Policía puedan continuar trabajando en la calle y con las investigaciones de los casos, lo que redundará en un alza en el procesamiento de los casos en los tribunales”, agregó Vázquez Garced. INS
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