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San Juan, 8 ene (INS).- En medio de de la incertidumbre prevaleciente en la población, los legisladores Jesús Manuel Ortiz, Carlos Bianchi Angleró, Ramón Luis Cruz, Luis Vega Ramos y Aníbal Díaz reclamaron hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares acciones concretas para detener la espiral de violencia que domina en el país.
Los representantes del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara presentaron iniciativas para encaminar de inmediato una acción coordinada y efectiva entre las agencias de orden público, que parecen desarticuladas a pesar desde el establecimiento del departamento sombrilla de Seguridad Pública, bajo la dirección de Héctor M. Pesquera.
Entre las propuestas está enviar a la calle a los efectivos de las Unidades de Operaciones Tácticas, SWAT; y la división de Seguridad y Protección, que suman unos 125 efectivos y que permanecen acuartelados la mayor parte del tiempo, para reforzar la vigilancia preventiva en áreas de alta incidencia criminal, zonas turísticas y de alto movimiento de ciudadanos, tales como los centros comerciales, escuelas, gasolineras, vías públicas, bancos y áreas comerciales.
Exigieron, además, que la Administración de Vivienda Pública ordene a cada compañía privatizadora que establezcan planes de vigilancia y contraten seguridad privada para el entorno residencial, las áreas comunales, y las escuelas que estén dentro de sus respectivos perímetros en los proyectos habitacionales y se establezca un procedimiento expedito para que se atiendan las solicitudes de controles de acceso a las urbanizaciones y se otorguen permisos provisionales en periodos de 48 horas.
Sobre el uso de tecnología, los legisladores del PPD reclamaron la reactivación del programa de detección de disparos conocido como “shotspotter”, la ampliación del programa Compstat que identifica patrones de conducta criminal y acelera el esclarecimiento de casos.
Igualmente, que se revisen los sistemas de vigilancia electrónica a los acusados de delitos violentos que estén bajo fiadores privados o bajo fianzas diferidas por OSAJ; que se refuerce la Superintendencia Auxiliar de Investigación Criminal, que está prácticamente paralizada y se reactiven las academias de fiscales para aumentar los esclarecimientos de casos.
Los legisladores de oposición propusieron también que se retome la discusión seria, con expertos y desde una perspectiva multidisciplinaria, de posibles enmiendas a la Ley de Armas para proteger a los ciudadanos contra incidencias de disparos en áreas públicas, enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal sobre el uso de grilletes electrónicos, declarar un estado de emergencia para la atención de los rape kits que esclarezcan sobre 2,000 casos de violaciones y agresión sexual, y encontrar opciones para aumentar los técnicos de balística y con ello mejorar los procesos del Instituto de Ciencias Forenses.
Los parlamentarios urgieron que se examinen alternativas para mejorar las condiciones de trabajo de los policías, en especial los reclamos sobre su sistema de retiro y su seguro por incapacidad.
El representante Ortiz, quien había solicitado al gobernador en febrero de 2018 la convocatoria a una cumbre de seguridad, sostuvo que para que sea efectiva la que Rosselló Nevares pretende convocar, deben incluirse a los alcaldes, los jefes de agencias de seguridad pública, expertos en el tema, la academia, las organizaciones de fiscales, las agencias federales, legisladores, las organizaciones que agrupan a los policías y a los anteriores superintendentes de la Policía, los exsecretarios de Justicia y Corrección. INS
ndc