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San Juan, 31 dic (INS).- Luego de un análisis fundamentado en aspectos legales y constitucionales relevantes, la Comisión de Agricultura del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico (CAAPR) cuestionó mediante una resolución la prohibición en esta isla del Caribe de las peleas de gallos por el Congreso de Estados Unidos.
El licenciado Héctor Collazo, quien preside la Comisión de Agricultura del Colegio de Abogados y Abogadas, expresó que “responsablemente hemos analizado esta determinación congresional que ha tenido resonancia local e internacional, por las implicaciones que tiene sobre los derechos de Puerto Rico, su historia y nuestro pueblo”.
La resolución advierte que la decisión del Congreso de Estados Unidos sobre las peleas de gallos levanta serios cuestionamientos legales desde el punto de vista constitucional americano y del derecho internacional.
Indicó que el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico entiende que estas controversias merecen ser evaluadas y discutidas abiertamente, por lo que la Comisión de Agricultura invitará a un proceso de vistas públicas para escuchar los planteamientos de los sectores que quieran expresarse a favor o en contra de la prohibición del Congreso.
Además, a aquellos sectores que se verán afectados por la determinación, con el fin de recoger el insumo y analizar todos los puntos de vista objetivamente previo a emitir una resolución final al respecto.
Según se desprende de la resolución, el CAAPR estaría evaluando los diferentes foros con jurisdicción y competencia sobre este tema.
Las peleas de gallos en Puerto Rico se remontan al Siglo XVI, y desde el 5 de abril del 1770 se les reconoce como un deporte. Posteriormente, y tras la invasión de Estados Unidos en 1898, se prohibieron las mismas, pero en 1933 se legalizó su práctica en la Isla.
“La industria de gallos en Puerto Rico tiene un impacto económico importante en el sector agrícola del país. Las estadísticas advierten que la medida podría dejar desempleadas a 27 mil personas entre empleos directos, indirectos y negocios relacionados al sector”, refirió el licenciado Collazo.
El letrado añadió que “el país está sumido en una situación de crisis fiscal actualmente, y a tales efectos es preciso analizar esta medida con mucha prudencia por sus implicaciones”.
La fecha de la celebración de las audiencias públicas a celebrarse en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se notificará próximamente. INS
ndc