P. Rico-Exigen ciudadanos a la Legislatura deje sin efecto contrato con Metropistas

San Juan, 27 dic (INS).- Varios ciudadanos reclamaron de la Legislatura que se revise con el propósito de dejar sin efecto el contrato entre la empresa Metropistas y el gobierno de Puerto Rico, que consideran leonino.

Juan Camacho, uno de los portavoces del grupo, expuso que aunque el contrato pudiera ser legal, constituye un abuso desmesurado de ambas partes contra los consumidores.

“El contrato provee para que la empresa Metropistas pueda imponer un aumento de peaje —de manera automática— todos los años, sin tener que fundamentar su razonabilidad y sin que ninguna agencia tenga potestad para cuestionar el alza”, dijo el activista social durante una protesta frente al Capitolio.

Aseguró que el único requisito impuesto a Metropistas en el contrato, firmado en 2011 por la administración de Luis Fortuno y avalado por la de Alejandro García Padilla, quien lo prorrogó por diez años, consiste en notificar el aumento aprobado a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) con 90 días de antelación.

El contrato autoriza el aumento anual de acuerdo a “la tasa establecida por el Índice de Precios del Consumidor de Estados Unidos, mas 1.5% para ajustarlo al nivel de inflacion local”.

Además, expuso Camacho, autoriza a redondear el aumento a la próxima décima, pero si esto no fuera poco, el gobierno construyó y luego cedió a Metropistas el carril expreso que discurre de Arecibo a Buchanan.

“Esta contratación no es otra cosa que un subterfugio para apropiarse de una infraestructura de nuestro pueblo que produce riquezas”, dijo el portavoz del grupo.

Para Camacho, Metropistas es el único dueño del expreso PR-5 y 22, pues el contrato le permite disponer del activo como mejor crea, por esa razón automatizó los peajes y eliminó personal, construyó los pórticos que esconden información necesaria para el conductor, tramita multas, determina la cantidad de los aumentos, cobra por adelantado y obtiene ganancias del dinero que se aporta y no se usa.

Argumentó que, por otro lado, la llamada inversión millonaria no existe, sino que son simples gastos operacionales para mantener el activo en uso, como es iluminación,  rotulación, pintura, vallas, servicios de emergencia, reparación de puentes, entre otros.

“Un contrato de esa clase, donde los funcionarios que representaron al pueblo de Puerto Rico, no velaron por sus intereses, sino que se confabularon con la parte contraria, es uno fraudulento y por lo tanto, corrupto; es por tal razón que la Legislatura debe revisarlo y dejarlo sin efecto”, insistió Camacho. INS

ndc