Inter News Service Agencia de Noticias
San Juan, 27 dic (INS).- La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) catalogó hoy de deficiente la certificación de cumplimiento que el gobierno de Puerto Rico envió sobre la nueva Ley de Contribuciones (Ley 257 de 2018) al no proveer el estimado formal del impacto fiscal requerido para los Artículos 132 al 163, que se refieren a los terminales de video lotería (VLT, siglas en inglés) que operan fuera de los casinos.
El organismo impuesto al gobierno puertorriqueño por Estados Unidos mediante la legislación Promesa, concluyó que al gobierno incumplir con proporcionar un estimado formal del impacto fiscal de la ley en su totalidad, tal como lo exige Promesa, la JSF se reserva el derecho de tomar cualquier acción necesaria, incluyendo prevenir su aplicación o la puesta en vigor de los Artículos 132 al 163 de la nueva Ley de Contribuciones.
La JSF estuvo de acuerdo, en cambio, en que los artículos 1 al 131 y 164-165 de la Ley 257 de 2018 no son significativamente inconsistentes con el Plan Fiscal del Gobierno de Puerto Rico, según lo declaró el gobierno en la Certificación de Cumplimiento que emitió.
La postura de la JSF quedó establecida en una carta enviada hoy al gobernador Ricardo Rosselló Nevares y a los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, en la que señaló además que, dado que el impacto fiscal de la video lotería dependerá en gran medida de los reglamentos que emitan la Compañía de Turismo de Puerto Rico y el Departamento de Hacienda con relación a los permisos de VLT que operan fuera de los casinos.
Ante esa situación, y dado que esos reglamentos aún no se han promulgado, un estimado formal de los Artículos 132 al 163 de la nueva Ley de Contribuciones no puede estar completo sin un análisis del impacto fiscal de los reglamentos requeridos, que a su vez deben ser aprobados por la Junta de Supervisión antes de su promulgación, de acuerdo con su política sobre Reglas, Reglamentos y Órdenes, según enmendada el 21 de diciembre de 2018.
La Junta de Supervisión le requirió al gobierno puertorriqueño que proporcione el estimado que falta en un plazo de siete días a partir de la fecha en que se promulguen los reglamentos requeridos.
Dado que el gobierno de Rosselló Nevares no cumplió con proporcionar un estimado formal del impacto fiscal de la ley en su totalidad, tal como lo exige la legislación Promesa, la JSF anunció que se reserva el derecho de tomar cualquier acción, incluyendo prevenir la aplicación o puesta en vigor de los Artículos 132 al 163 de la nueva Ley de Contribuciones. INS
ndc