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Ponce, 20 dic (INS).- La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, abogó por igualdad de condiciones y fondos para Puerto Rico en los programas federales.
El planteamiento lo hizo mediante el recurso de Amicus Curiae, que defendió su asesora legal en la audiencia del caso USA v. Vaello-Madero, que ventila el tribunal federal y mediante el cual el gobierno estadounidense pretende recobrar fondos del programa Supplemental Security Income (SSI) recibidos por Vaello después de este mudarse de Nueva York a Puerto Rico.
El señor Vaello levantó como defensa al recobro la inconstitucionalidad de la discriminación estatutario mediante el cual se priva a Puerto Rico, a las Islas Vírgenes estadounidenses y a Guam de participación en ese programa federal.
La comisionada residente ha expresado que su lucha por la igualdad para Puerto Rico no se limitará al Congreso, “dónde se manifieste cualquier tipo de discriminación hacia Puerto Rico levantaré mi voz y tomaré acción para combatirlas”.
“De todas las disparidades que enfrentan los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, ninguna es tan impactante para la conciencia como la disparidad en la asistencia disponible para los ciudadanos más vulnerables. Un estadounidense que vive bajo la línea de pobreza en los Estados Unidos continentales no es más necesitado, vulnerable o merece más asistencia que un ciudadano americano que vive bajo la línea de pobreza en la isla”, resumió en la resolución de Amicus Curiae que presentó.
Refirió que el SSI es un programa al que se ingresa por índice de pobreza en el que el gobierno federal asiste económicamente a personas de 65 años o más bajo línea de pobreza o impedimentos o condiciones especiales o menores con condiciones como cáncer, perlesía cerebral síndrome down, esclerosis entre otras condiciones que afectan el que la familia y el individuo pueda generar ingresos suficientes para vivir.
A diferencia del Seguro Social tradicional, con el SSI no requieren que un beneficiario realice pagos en el programa para tener derecho a los beneficios del programa.
En los estados, la ayuda que provee el SSI mantiene al 66 por ciento del total de beneficiarios y al 59 por ciento de las familias con menores discapacitados por encima del nivel de pobreza que sin el SSI caerían por debajo.
Un 14% de los recipientes del SSI son menores con discapacidad que incluyen síndrome de Down, autismo, cáncer y parálisis cerebral.
El SSI es un programa de último recurso ya que los beneficiarios tienen que solicitar para todos los otros beneficios para los cuales puedan ser elegible antes de poder recibir asistencia bajo ese programa.
El máximo de ingresos para cualificar para SSI es 750 dólares mensuales por individuo o 1,125 dólares mensual por pareja. En el programa que aplica en Puerto Rico (AABD) es 65 dólares.
El beneficiario promedio de SSI recibe 533 dólares mensual (662 para menores con discapacidades). El beneficio promedio bajo el programa q aplica en Puerto Rico es 77 dólares mensuales.
“No puede haber justificación alguna para que a Puerto Rico, Islas Vírgenes y Guam se les discrimine. Ya de por sí, las familias con niños y adultos con discapacidades hacen mil malabares para poder pagar terapias, tratamientos y lograr ingreso familiar”, recalcó la comisionada residente González Colón.
Reveló que el hecho de que alguien viva en un estado y este 30 días en Puerto Rico también es causa para perder su beneficio. INS
ndc