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Santo Domingo, 19 dic (INS).- El abogado José Ricardo Taveras, exdirector de Migración, solicitó al presidente Danilo Medina que retire del Tribunal Constitucional (TC) el acuerdo suscrito por el gobierno local con Estados Unidos en relación con la preautorización en el transporte aéreo a ser implementado en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.
Solicitó impartir instrucciones en ese sentido al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, para que proceda.
“Señor presidente, con todo respeto, le sugiero que ordene el retiro del acuerdo USA-RD sobre preautorización en el transporte aéreo del Tribunal Constitucional, por ser un instrumento lesivo a la soberanía nacional en la medida en que, mediante disposiciones totalmente fuera de contexto, condiciona la soberanía nacional a una supervisión anual de nuestras políticas sobre refugio por parte de Estados Unidos”, expresó.
Taveras, secretario general de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), manifestó que ese convenio se encuentra en el Tribunal Constitucional en cumplimiento del trámite de control previo de constitucionalidad, sin que hasta la fecha se haya logrado su aprobación.
Consideró que una decisión favorable a esa iniciativa “desluciría penosamente” al Consejo Nacional de la Magistratura, al TC y al propio presidente de la República.
Recordó las denuncias difundidas en los medios de que uno de los nuevos jueces designados en la referida Alta Corte responde a los intereses de grupos corporativos vinculados al turismo, “sector que con todo derecho está interesado en el tema, razones más que poderosas para proceder al retiro puro y simple del acuerdo”.
Explicó Taveras que en el anexo del documento se impuso a la República Dominicana “proveer medios alternativos conforme a la ley dominicana a favor de las personas que no reúnan los requisitos internos no contemplados en los instrumentos internacionales”.
Dijo que esa imposición “obligaría al país a recibir los casos y a brindar la protección necesaria sin considerar las reservas de su legislación interna al respecto, situación que, unida a la subordinación convenida del Estado dominicano a ser supervisado por los americanos anualmente en una política que se supone de dominio reservado de nuestra soberanía, obligaría al TC, como garante de la constitución, a desestimar pura y simplemente el acuerdo, lo cual tampoco sería bueno para el país en virtud de que su objeto fundamental, que es el prechequeo, resulta ser conveniente para ambos gobiernos y pueblos”.
Indicó que existen acuerdos similares con Canadá, Emiratos Árabes Unidos y algunas islas del Caribe “y resulta de gran utilidad para los objetivos de facilitar el acceso del mercado norteamericano a nuestras instalaciones turísticas y una interesante herramienta de cooperación internacional en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo y trata y tráfico de personas”.
El profesional del derecho reconoció que, aunque en esos acuerdos se ha incluido el tema de los refugiados, “en ninguno se han impuesto cláusulas de la naturaleza injerencista que contiene el suscrito por la cancillería dominicana durante la gestión del anterior embajador norteamericano (James Walter Brewster), en todos los casos se les ha reservado a la autoridad nacional la absoluta discreción de conceder o rechazar las solicitudes de refugio conforme a su constitución y sus leyes”.
Consideró denigrante tener que “rendir cuentas anualmente a través de puntos de contacto designados por Estados Unidos para el manejo de las políticas de refugio, cuando la propia convención internacional al respecto establece que las mismas deben ser ejecutadas soberanamente, por lo que se consagraría, repito, una tutela impertinente y odiosa, que convierte en lesivo el condicionamiento a la discreción que al respecto pueda tener el gobierno de los Estados Unidos, situación que deviene en desmedro de la dignidad y la soberanía nacional”.
Taveras apuntó que lo convenientes es renegociar el convenio y que las condiciones estén dadas para que se haga sin lesión de nuestra dignidad. INS
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