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San Juan, 19 dic (INS).- La Contraloría de Puerto Rico emitió una opinión cualificada sobre las operaciones fiscales en el municipio de Yabucoa, en especial referida a seis hallazgos que dan cuenta de múltiples deficiencias con las conciliaciones bancarias y los informes fiscales.
Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El informe revela que el municipio no le requirió a seis contratistas el pago de fianzas (payment bond y performance bond), que garantizara el pago de mano de obra, equipo, materiales y el cumplimiento del contrato.
Tampoco cobró arbitrios de construcción ni patentes municipales a dos contratistas de tres obras.
Se recuerda que los municipios no pueden suscribir contratos de obras y mejoras públicas hasta que los contratistas evidencien el pago de las fianzas, según dispone la Ley 81-1991 de Municipios Autónomos.
“Nuestros auditores identificaron que no se prepararon 666 conciliaciones bancarias, se prepararon de forma incorrecta 176 conciliaciones bancarias, 52 conciliaciones bancarias no estaban certificadas ni firmadas por el director de Finanzas”, advierte el informe.
Además, señala que “15 cheques estuvieron en circulación pendientes de pago hasta por más de tres años, y el informe mensual de ingresos y desembolsos no se prepara desde agosto de 2005. Estas situaciones propician que se cometan errores e irregularidades con los fondos del municipio”.
La Contraloría deja en evidencia que el municipio “no administró eficientemente las finanzas al no remesar sino hasta tres años después las aportaciones voluntarias para la Campaña Benéfica de Empleados Públicos. Además, del examen de 50 comprobantes de desembolso por un millón 200 mil dólares, se detectaron cotizaciones sin el nombre del funcionario, pagos sin facturas de los proveedores o sin el detalle de horas y fechas trabajadas”.
El director de Finanzas no obligó los créditos necesarios para pagar cuatro contratos por 124,046 dólares al momento de otorgarse. Una situación similar de falta de control interno se había señalado en el informe de 2014.
Al respecto, advierte que “nuestros auditores encontraron que el municipio no guarda los expedientes de las 25 demandas pendientes o resueltas hasta el 2016, sino que están bajo custodia de los abogados contratados. Sin embargo, los abogados contratados no pudieron proveerle al municipio los documentos completos requeridos por nuestros auditores”.
El Informe comenta que Yabucoa tiene 11 demandas civiles por 38.2 millones de dólares pendientes de resolución en los Tribunales, y que todavía debe 94,480 dólares a dos contratistas por servicios de asesoría financiera y contabilidad prestados del 2001 al 2012, tras sentencia y orden de pago por el Tribunal.
Además, mediante acuerdo transaccional, el municipio pagó 48 mil dólares a un exteniente de la Policía municipal por daños y perjuicios tras haber sido expulsado en represalia por informar a instancias superiores sobre una investigación de carácter criminal a funcionarios municipales.
Al 31 de marzo de 2017, el municipio no había recobrado 63,770 dólares recomendados en los informes de auditoría M-10-66, de 2010, y M-15-08, de 2014.
Este segundo y último informe de Yabucoa cubre el período del 14 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2017 y está disponible en la página web www.ocpr.gov.pr . INS
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